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Este martes se presentará en el Congreso, ya de forma oficial, la ponencia de la Ley de Financiamiento (popularmente llamada reforma tributaria).
La iniciativa llega al Legislativo en un momento crítico para el Gobierno, que no ha decretado el Presupuesto General para el próximo año y en medio de un cambio de liderazgo en el Ministerio de Hacienda, luego de la renuncia de Ricardo Bonilla y la designación de Diego Guevara como nueva cabeza de la cartera.
El ambiente para el primer debate (que podría empezar este miércoles en las comisiones económicas conjuntas) no es el más propicio, pues desde varias esquinas políticas se han atrincherado las quejas contra el proyecto.
Vale recordar que esta ley, aunque introduce modificaciones en materia tributaria, lo hace acotada al fin de aportarle recursos extra al Presupuesto General de la Nación para 2025 (de ahí que el Gobierno insista en que no es una reforma tributaria, aunque prácticamente todo el resto de actores del debate la denomine de esta forma).
También es importante tener en cuenta que el Presupuesto para el próximo año no está en firme aún, luego de que no pudiera ser aprobado por el Congreso (algo que no había pasado en la historia reciente), lo que deja su expedición en manos del Gobierno, que deberá decretarlo en la misma forma como entró al Legislativo en primer lugar.
Por esto es clave la Ley de Financiamiento, ya que el Presupuesto establece recursos por unos $511 billones y la tributaria buscaba aportarle unos $12 billones extra.
Sin embargo, para este punto de la discusión, varias de las previsiones clave de la Ley de Financiamiento sufrieron modificaciones de cara a la ponencia positiva que se presentará este martes en el Congreso.
El proyecto, con cuentas redondeadas, ya no buscaría recursos por $12 billones, sino por unos $9,8 billones, aproximadamente.
Si esta ley no logra ser aprobada por el Congreso, el Presupuesto se expediría con un decreto para cuadrar caja. En otras palabras, un nuevo recorte para ajustar las ambiciones de gasto del Gobierno con sus realidades operativas.
En qué consiste la Ley de Financiamiento
El proyecto se puede ver como una suma de dos grandes cosas: modificaciones a impuestos y un cambio clave a la regla fiscal.
Aquí es importante aclarar que la regla fiscal estableció unas condiciones que deberían empezar a cumplirse obligatoriamente en 2026. El Gobierno busca adelantar ese cumplimiento hacia 2025, lo que le generaría un espacio extra de endeudamiento (sin volarse los topes de la propia regla).
Es por esto que en las cuentas del Minhacienda hay cerca de $6 billones por este concepto en la ley de financiamiento. También es importante decir que las modificaciones a la regla fiscal deben ser aprobadas por el Congreso, por esto se incluyó en el proyecto que radicó este martes el Gobierno.
Y los cambios en impuestos traerían el resto del recaudo.
Pero antes de entrar en estos cambios es importante recordar que una de las principales previsiones del proyecto es avanzar en nivelar la cancha en términos de impuesto de renta para las empresas, que pasaría de 35 % a 30 % de forma gradual (un punto porcentual menos por cada año entre 2025 y 2030).
Esta es una de las cartas de defensa de la iniciativa que ha esgrimido el Gobierno ante el Congreso: el proyecto busca reducir la carga impositiva a las empresas en pro de impulsar el crecimiento económico; oponerse a la ley es, de cierta forma, permitir que las empresas paguen más de lo que lo hacen sus pares en otros países.
Ahora bien, entre el proyecto original y la ponencia, el proyecto ha sufrido modificaciones sustanciales, que reducen su horizonte de recaudo, pero, a la vez, podrían facilitar su discusión en el Congreso.
Los principales cambios de la Ley de Financiamiento
De fondo, la primera gran modificación que sufrió el proyecto es la eliminación del IVA a 19 % que se pretendía imponer a los juegos de azar en línea, que hoy no están gravados en Colombia, a pesar de ser uno de los renglones que más está creciendo en la economía, según datos del DANE.
Esta medida buscaba recaudar unos $2 billones anuales.
Sin embargo, esta previsión murió entre la iniciativa original y la ponencia. De acuerdo con los congresistas, esto se dio porque no se conocen los impactos de la medida, a pesar de que el Ministerio de Hacienda asegura que no tendría incidencia en la inflación, a la vez que se serían recursos estables en el tiempo, a diferencia de muchos otros impuestos (que tienen curvas de recaudo).
Vale recordar que esta industria pasó de registrar $16 billones en ingresos en 2021 a $35,6 billones en 2023, según las cifras del Gobierno.
Para tratar de tapar este hueco, los ponentes incluyeron un artículo nuevo (uno de los 13 que se añadieron a la ponencia) en el que se impondría IVA a una serie de servicios postales: los envíos urgentes, de entrega rápida y de tráfico postal (los realizados a través de 4-72) que se encuentren por debajo de US$200.
De acuerdo con los cálculos de los ponentes, esta modificación podría traer más de $2 billones anuales en recaudo.
Dejando de lado este asunto, buena parte de las modificaciones que se le hicieron a la tributaria tienen que ver con amnistías tributarias y facilidades de pago para morosos ante la DIAN.
Por ejemplo, los infractores de tránsito que no estén al día con sus obligaciones (en multas impuestas hasta el 31 de diciembre de este año) podrían acceder a un descuento de 50 % en el total de la deuda y de 100 % en los intereses.
Así mismo, hay tarifas reducidas en las sanciones para hacer correcciones o modificaciones a las obligaciones tributarias .
Los ponentes decidieron eliminar el incremento en IVA que habría sobre los carros híbridos en Colombia, que en el proyecto inicial se pretendía pasaran a una tarifa plena (19 %). El panorama queda como se encuentra actualmente en este tema: IVA de sólo 5 %.
Los legisladores argumentaron que esta decisión se debía a “preocupaciones sobre la posibilidad de desincentivar la compra de estos vehículos y sobre la falta de coherencia con la política de transición energética”.
Por el lado de las ganancias ocasionales, el panorama también se mantendrá como se encuentra actualmente, pues se eliminó el incremento de 5 % que quería introducir el Gobierno en la versión inicial del texto.
Así mismo, en el impuesto al patrimonio también se echó para atrás en la modificación sobre el umbral de este tributo, que se había rebajado de 72.000 UVT a 40.000 UVT (unos $1.882 millones actualmente). Seguirá vigente el mínimo actual, de 72.000 UVT.
En la ponencia también se introdujeron modificaciones a la sobretasa que pagarían las industrias extractivas, que en la ponencia se ató a los precios internacionales de los productos energéticos, de tal forma que cuando estos sean muy bajos, esta sobretasa no exista (una medida que reclamaban los empresarios de este sector).
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