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Para Donald Trump los aranceles parecieran ser el punto de partida de una negociación. Como lo definió Javier Díaz, cabeza de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), el presidente estadounidense es “transaccional”. El gobierno colombiano y el sector privado están analizando las posibles opciones para establecer acuerdos con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, y, por esa vía, intentar bajar el arancel de 10 % que entró en vigencia el pasado 5 de abril.
En el nuevo panorama arancelario, que seguirá cambiando cortesía de Trump, Colombia está en una mejor posición que otros países a los que se les impuso tasas más altas, los llamados aranceles recíprocos, que entraron en vigencia este miércoles. Canadá y México, tras lograr una serie de acuerdos relacionados con temas como el fentanilo y la migración, estarán libres de aranceles para los productos incluidos en el T-MEC (por el momento, al menos). Tras las represalias de China, los aranceles para ese país quedaron en 104 %. Hay otras particularidades en este escenario: por ejemplo, se mantienen los impuestos diferenciales para el acero y el aluminio y algunos productos, como los energéticos y farmacéuticos, están exceptuados. También están en efecto aranceles para carros y autopartes de fuera de EE. UU.
En este punto, el sector privado colombiano ha identificado una serie de oportunidades para aquellos casos en los que nuestros competidores tienen un mayor arancel. Por ejemplo, Colombia puede ganar terreno con el café frente a Vietnam, que tiene un arancel de 46 %, o las flores, ya que el mayor exportador del mundo es Países Bajos y quedó con una tasa de 20 %. Sin embargo, se verían afectados productos como el aguacate, los limones y los plátanos, partidas en las que México tiene una ventaja competitiva (ese país, además, abarca la mayor parte del mercado de los dos primeros). Por eso, de acuerdo con Analdex, “el agro colombiano es el gran perjudicado”. Para verlo en perspectiva, el año pasado, las exportaciones a Estados Unidos de este sector sumaron US$4.596 millones.
Colombia tiene que saber llegar a la negociación, pero en este contexto también es importante llegar pronto. Fuentes del sector privado aseguraron que en estos acercamientos el tiempo es oro porque si países como Brasil nos “ganan la carrera” en establecer acuerdos, nuestros productos quedarían en una preocupante desventaja.
Los gremios y empresas están trabajando con el gobierno, especialmente con la Cancillería, en cabeza de Laura Sarabia, para definir una estrategia que permita, en palabras de Camilo Sánchez, presidente del Consejo Gremial, “defender los intereses colombianos”, disminuir los riesgos para los productos en el exterior y aprovechar las ventajas comparativas. Tras una reunión con Sarabia, María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana, destacó la importancia del trabajo “en equipo” para buscar soluciones para 49 % de la canasta que se exporta a Estados Unidos y se vería impactada (el otro 51 % está exenta, según datos de la asociación).
Para Clara Inés Pardo, profesora de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, es clave mantener el comercio con Estados Unidos, que en términos económicos representó el 30 % de las exportaciones colombianas en 2024. Para eso, la primera meta debe ser reafirmar el Tratado de Libre Comercio (TLC).
Aquí vale aclarar que buscar una negociación no significa obtenerla o siquiera lograr entrar en la habitación. Al final de cuentas, prácticamente todo el mundo está buscando lo mismo: mejores condiciones. La Casa Blanca anunció el martes que, por el momento, se entablarán negociaciones con Japón y Corea del Sur, dos economías basadas principalmente en las ventas internacionales y los dos principales aliados de EE. UU. en Asia.
Los caminos de la negociación
En este punto, la pregunta es: ¿cómo negociar?, ¿cuáles serán los puntos claves en un eventual acuerdo? En los irritantes comerciales, que son las barreras o limitantes en el comercio, hay algunas pistas. Básicamente, estos son los puntos de tensión, en los que Estados Unidos está “descontento” con Colombia en términos comerciales.
El Informe Nacional de Estimación sobre Barreras al Comercio Exterior 2025, publicado el 28 de febrero por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), muestra las barreras comerciales identificadas con cada país. En ese documento, EE. UU. resaltó mayores problemas con China, la Unión Europea, Canadá y Australia (aunque con este último, por ejemplo, no existe un déficit comercial).
En el breve apartado de Colombia se mencionan varios temas que serían claves en la negociación que empezará pronto. Eso sí, el país tendrá que analizar en cuáles de ellos debería ceder y en cuáles no y, posiblemente, las solicitudes del gobierno Trump no se limitarán al ámbito comercial (como ocurrió con Canadá y México en las exigencias sobre narcotráfico y migración).
Entre los irritantes, la USTR advirtió que Colombia no ha implementado las reformas para que los comerciantes puedan presentar copias electrónicas de facturas en lugar de los soportes físicos y que la “lentitud en los despachos aduaneros” en el país perjudica a exportadores e importadores. El informe también puso sobre la mesa barreras técnicas, sanitarias y fitosanitarias.
A los empresarios de Estados Unidos les preocupan los efectos de la implementación de un decreto de 2018 (que entra en vigencia en julio de este año) que, según la USTR, afectará la capacidad de países extranjeros para exportar carne, aves, productos lácteos, mariscos y huevos. De hecho, como señaló Amcham, “Estados Unidos proporcionó comentarios sobre la medida a Colombia en septiembre, en donde solicita excepciones para ciertos productos y denuncia procedimientos costosos”.
Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), no considera conveniente eximir a un país de las reglamentaciones colombianas. “Cualquier norma, desde que no dificulte el comercio, se tiene que cumplir”, agrega.
En esa misma línea, la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi) dijo que una eventual negociación de este punto no tendría ningún efecto para la industria avícola porque actualmente se importa genética, pollo y derivados desde Estados Unidos. Además, el gremio busca tener admisibilidad en el mercado estadounidense por ser Colombia un país libre de influenza aviar y Newcastle (enfermedades virales de las aves).
El informe de Estados Unidos también señala que parece innecesaria la exigencia de una certificación por terceros para varios componentes de los vehículos que se importan a Colombia, como neumáticos, frenos y cinturones de seguridad. Aunque es una medida en pro de la seguridad vial, los fabricantes defienden que ya prueban sus productos para cumplir con los estándares de Estados Unidos y han afirmado que no pueden cumplir con las medidas porque no hay capacidad para hacerlo. La entrada en vigencia de las medidas se ha postergado varias veces, justamente, para buscar una solución ante las quejas.
El impuesto por presencia económica significativa desde 2024, que grava con 3 % (o 10 % por retención) a las empresas digitales extranjeras que operan en Colombia, ha sido otro punto de tensión en el comercio entre los dos países. El gobierno colombiano ha defendido este impuesto que se incluyó en la reforma tributaria de 2022, pero para Estados Unidos es una medida discriminatoria.
El documento también advierte, entre otras cosas, “falta de base científica” para el requisito del mínimo de ácido láctico para la leche en polvo; la exclusión de empresas estadounidenses en las adquisiciones del Ministerio de Defensa porque Colombia exige acuerdos gobierno a gobierno y problemas en la protección de la propiedad intelectual (falta de cumplimiento en los compromisos sobre piratería digital), entre otros asuntos.
Además del informe, que sirve como insumo para la agenda de política comercial de Estados Unidos, en los últimos meses el sector privado colombiano identificó 18 irritantes comerciales con Estados Unidos, incluyendo varios de los señalados por la USTR.
En la lista, además de los puntos mencionados en el informe de EE. UU., está la clasificación arancelaria del arroz de grano corto, conocido por su uso en preparaciones como el sushi. El arancel colombiano para ese tipo de arroz es del 15 %, mientras que para el resto es del 80 %. A Estados Unidos le parece que determinar la tasa especial para el grano solo para los que miden máximo 6 milímetros afecta directamente sus exportaciones, por lo que se buscaría redefinir el concepto técnico para permitir un tamaño mayor. El efecto directo de esto es que más grano de ese país entraría a Colombia con un arancel más bajo.
El sector ha dicho que cambiar la definición arancelaria de grano corto sería perjudicial para los productores nacionales, pues no solo beneficiaría a Estados Unidos, sino a las importaciones de todo el mundo. De todas formas, EE. UU. tiene una tasa preferencial para el grano largo cortesía del TLC: actualmente, se importa con 30 % y llegará a 0 % en 2030. De hecho, en 2028 estaría en 15 % (igual que el grano corto).
Otro de los puntos relevantes para Estados Unidos, pero que genera importantes tensiones en Colombia, es la decisión que tomó el Ministerio de Transporte el año pasado de expandir el programa de chatarrización, en medio del acuerdo para terminar el paro de transportadores tras el incremento del diésel. César Pabón, director de investigaciones económicas de Corficolombiana, explica que ha sido difícil avanzar en el compromiso de renovar la flota de vehículos pesados porque el gremio camionero ha pedido extender los plazos. Esas prórrogas han afectado el comercio bilateral con nuestro mayor socio comercial que es “uno de los principales proveedores de este tipo de vehículos”.
Estados Unidos también ha cuestionado que asociaciones privadas designen observadores portuarios para monitorear las importaciones de productos agrícolas en Colombia, argumentando preocupaciones comerciales, legales y de transparencia regulatoria. Estos observadores no reemplazan las funciones de la DIAN, pero sí asesoran para, entre otras cosas, evitar el llamado contrabando técnico (hacer pasar un producto por otro similar cuyo impuesto es menor).
Ante la posibilidad de que eventualmente se negocien estos puntos, Bedoya dice que “la solución no es cambiar la norma”, porque, sostiene, “si la preocupación es por un comportamiento puntual de extralimitación, hay mecanismos que permiten atender la situación”.
El sector privado también incluyó en su lista otros temas, como la extensión del derecho compensatorio de $0,20 por galón sobre importaciones de etanol de Estados Unidos por cinco años desde 2023 y el retraso en la aprobación de medicamentos por parte del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), con más de 27.000 solicitudes represadas y demoras en los procesos de aprobación que afecta la industria farmacéutica.
En general, el camino de negociación con Estados Unidos para bajar el arancel general impuesto por Trump hasta ahora está comenzando y promete tocar fibras sensibles en Colombia.
Para Bedoya, aunque es “una pelea de tigre con burro amarrado”, es “lógico” pensar que el país logrará, por las vías diplomáticas, que Estados Unidos respete el TLC. Pardo es más optimista y afirma que incluso es posible que en este nuevo contexto Colombia pueda ofrecerle a su principal socio comercial otros productos en los que tiene el potencial de entrar a competir.
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