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Después de semanas de las tragedias que desataron las lluvias del frente frío en regiones de siete departamentos, especialmente en el Caribe, el Gobierno finalmente publicó una serie de decretos con los que busca atender la emergencia.
En el lado tributario de la emergencia económica (la segunda que decreta el Gobierno en unos tres meses) la punta de la lanza son cambios al impuesto al patrimonio, pero esta vez centrado en las empresas. Los decretos también incluyen una serie de alivios para pequeños productores del agro, considerando las miles de hectáreas cultivables que resultaron inundadas, así como facultades en materia ambiental y de distribución de tierras.
Esta es la tercera vez consecutiva en la que la administración del presidente Gustavo Petro busca reformular el impuesto al patrimonio, que tiene voces tanto a favor como en contra. La primera fue en la ley de financiamiento, que se cayó en el Congreso, y la segunda, durante la emergencia económica que se decretó a finales del año pasado y que está suspendida mientras la Corte Constitucional realiza el análisis de fondo. En esta tercera ocasión, el foco son las personas jurídicas en general y, en particular, las empresas de los sectores financiero y minero-energético.
Sebastián Correa, experto en derecho tributario y socio de Serrano Martínez CMA, explica que hasta la expedición de esta norma el impuesto al patrimonio había recaído solo sobre las personas naturales, pero ahora, de manera transitoria, se incluyen las empresas. Pocas medidas tributarias de este Gobierno han sido tan reiterativas como este impuesto, de hecho, su más reciente aparición en el Estatuto Tributario llegó con la reforma tributaria de 2022 (que sí logró aprobar la administración Petro al principio de su mandato).
Con la modificación que introduce uno de los decretos amparados por la emergencia económica para atender las lluvias, el impuesto al patrimonio aplicará una tarifa general de 0,5 % para personas jurídicas, o sea, se hará efectivo para las empresas. Y se cobrará para patrimonios por encima de las 200.000 UVT, es decir, COP 10.474 millones. Como explica Correa, el impuesto se causará el 1 de marzo de 2026, se declarará el 1 de abril de 2026 y se pagará en dos cuotas, una del 50 % el mismo 1 de abril y otra del 50 % el 4 de mayo.
No a todas las empresas les aplica la misma tarifa porque el Gobierno fijó una más alta para las empresas del sector financiero, así como las que están en el renglón minero-energético. Para estas compañías, se hará efectiva una base de 1,6 %. La administración Petro sostiene que estos recursos se destinarán exclusivamente a la atención de la emergencia climática en los departamentos cobijados por la declaratoria.
Los argumentos del Gobierno
¿Por qué tanto interés en ajustar las clavijas en este tributo? De fondo, el Gobierno argumenta que es una herramienta redistributiva, en un país ampliamente desigual, pues sólo toca a quienes tienen más recursos. “Para 2024, dicho impuesto fue pagado por 32.397 contribuyentes, lo que implica que alrededor de 0,5 % de los declarantes del impuesto de renta de personas naturales hacen parte de los contribuyentes del impuesto al patrimonio”, se lee en un informe del Ministerio de Hacienda.
La administración Petro sostiene que, de acuerdo con los agregados de renta de 2024, las empresas con un mayor patrimonio líquido tienen una menor tarifa efectiva de tributación. En otras palabras, que quienes más patrimonio tienen terminan pagando menos impuestos.
El Ministerio de Hacienda defiende, a partir de información de la DIAN, que en 2024 “cerca del 0,2 % de las personas jurídicas responsables del impuesto de renta y complementarios, poseían cerca del 54,6 % del patrimonio líquido total agregado. Además, el percentil 100 de personas jurídicas tenían para este año, una tarifa efectiva de tributación de 21,3 %, la cual está cerca de 7 % por debajo de la tarifa efectiva de tributación promedio del total de personas jurídicas (28,0%)”.
Bajo la mirada de la administración Petro, el sector financiero tendría una de las menores cargas tributarias en cuanto al impuesto de renta, ubicándose como el tercer sector con una tarifa efectiva de tributación más baja entre los renglones macro bajo los cuales se mide el PIB del país. Y, dadas estas “asimetrías”, se abre “espacio a la adopción de medidas correctivas adicionales”.
El impuesto al patrimonio tiene detractores, pero también es defendido por organizaciones como Oxfam y por una amplia lista de académicos (nacionales e internacionales) como un instrumento efectivo y fundamental para la redistribución de la riqueza, especialmente en contextos de alta desigualdad.
Para 2025, según datos de Oxfam, se registraron 3.000 personas a nivel global con fortunas por encima de los USD 1.000 millones. Este es un número récord, advirtió Oxfam en su informe anual. En sólo un año su riqueza conjunta creció en USD 2,5 billones, lo que equivale al dinero en conjunto que posee la mitad más pobre del planeta (unos 4.100 millones de personas).
De acuerdo con la ONG, mientras que el ritmo de riqueza de los multimillonarios continúa incrementándose, su tasa impositiva a nivel global ronda mínimos históricos. Y los topes con los que se grava la riqueza se han rebajado en un tercio durante las últimas cuatro décadas, tiempo en el que los ingresos del 1 % más acaudalado han crecido casi que 50 %.
Las críticas al impuesto al patrimonio
“Es un problema porque afecta al motor empresarial. Es un castigo a las empresas por tener activos fijos”, aseguró Brandon Espinel, profesor de la Universidad del Rosario y miembro de la Red de Trabajo Fiscal. Para el experto, la modificación es un abuso a la excepcionalidad.
José Ignacio López, presidente del centro de pensamiento económico Anif, asegura que es un impuesto nocivo para la inversión, el empleo y el crecimiento. Varios analistas coinciden en que incrementar la carga para las empresas podría tener efectos negativos sobre el conjunto de la economía. “La sostenibilidad de las finanzas públicas no solo depende del recaudo inmediato, sino de preservar las condiciones para el crecimiento, la inversión y la generación de empleo”, dijo el Observatorio Fiscal de la Javeriana.
En esa misma línea, Camilo Pérez, director de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, explica que la decisión genera desincentivos. Por ejemplo, una empresa que quiere establecerse en Colombia y tener una planta productiva debe invertir en maquinaria, aumentando el patrimonio. Pero ahora, entre más invierta, más impuestos tendrá que pagar.
Para el caso del sector financiero, dice Pérez, la regulación exige capital, patrimonio, para poder operar: “Entre más queramos prestar recursos al público, más debemos pagar”.
El director de Investigaciones Económicas de Banco de Bogotá señala que más de la mitad del recaudo de COP 8 billones que estima el Gobierno provendría de dos sectores: del sector financiero, incluyendo aseguradoras, comisionistas de bolsa, fiduciarias, bancos, fondos de pensiones, con un recaudo estimado de COP 2,5 billones, y del sector minero-energético, con COP 2,1 billones.
Varios gremios, especialmente de los sectores afectados, criticaron el decreto. Fasecolda, en representación del sector asegurador, dijo que las medidas de este tipo han llevado a que la tasa efectiva de tributación de seguros generales sea de casi 40 %, una de las más altas del mundo y por encima de los estándares de la OCDE. “Crear tarifas diferenciadas para sectores económicos genera arbitrariedades, al tiempo que perjudica de manera injustificada a sectores de la economía que son productivos e intensivos en capital”, dijo el gremio.
Carlos Cante, presidente ejecutivo Fenalcarbón, dijo que la decisión implica “un trato discriminatorio” que tiene graves efectos. La cabeza del gremio insistió en que el Gobierno de Gustavo Petro ha tomado múltiples medidas para acabar con el sector. La explotación de minas y canteras cerró 2025 en números rojos, con una caída de 6,2 % en el PIB del año: todas las ramas cayeron, en el caso de la extracción de carbón la cifra quedó en -7,4 %.
Este tipo de movimientos va en contra de recomendaciones de la OCDE, que, en general, sugieren tener una tributación más alta para personas naturales que para las compañías.
La otra medida que estableció el Gobierno
Además de los cambios en el impuesto al patrimonio, el Gobierno estableció que las generadoras de energía hidroeléctrica y las plantas térmicas que tengan infraestructura de generación, embalses o captación en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó deben transferir un 2 % adicional de las ventas brutas de energía por generación propia que realicen en los próximos seis meses.
Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, explicó que los agentes hidráulicos y térmicos pasarán de transferir 4 % y 6 %, respectivamente, a 6 % y 8 %. Esta medida, según las estimaciones del gremio, representa un aumento de COP 70.000 millones en recaudo.
Castañeda dice que si bien se reconoce que hay una emergencia, la Corte Constitucional tendrá que analizar la proporcionalidad de los impuestos decretados. “Estamos poniendo tasas adicionales de tributación a sectores como el petrolero y el minero que ya tienen cargas tan altas que están dejando de ser competitivos”, dijo.
¿El aumento de impuestos se transfiere al consumidor final?
Correa señala que la norma no establece ninguna limitante respecto a la transferencia al consumidor final. Como el impuesto al patrimonio entrará al esquema financiero de las empresas, a menos que las compañías decidan internalizar este aumento, tendrán que producir más y vender más o vender más caro.
Pérez sostiene que la transferencia del costo tributario a los consumidores depende de cada sector. Algunos podrán hacerla directamente, incluyendo aquellos con alta demanda, pero otros, en los que hay mucha competencia o menor demanda, será difícil pasar ese mayor costo impositivo a los precios de los productos.
Entre el aumento en la contribución ambiental y el impuesto al patrimonio, Andeg estima que el sector de generación de energía eléctrica asumirá unos COP 330.000 millones. “Son mayores costos que podrían ser trasladados a los usuarios, que serían castigados, posiblemente, con mayores efectos desde el punto de vista tarifario”, aseguró.
Mientras el Gobierno defiende que se trata de una medida redistributiva necesaria para atender la emergencia, las empresas advierten que en podría afectar la inversión, el empleo y la competitividad. Por ahora, el impuesto al patrimonio para personas jurídicas es una realidad que las compañías deberán incorporar a sus cuentas.
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