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Este miércoles empezó en forma el debate de la reforma laboral en la plenaria del Senado que, aunque se esperaba le diera el visto bueno a la iniciativa, fue suspendido sobre las 8:00 p.m. para poder ajustar varios asuntos tras bambalinas. La sesión se retomará este jueves, con citación para las 8:00 a.m.
Aunque el cuarto y último debate de la jornada laboral empezó alrededor de las 11:00 a.m., sobre la 1:00 p.m. el debate fue suspendido una primera vez para tratar de llegar a acuerdos frente a algunos de los temas más ingentes de la iniciativa. La suspensión debía darse por una hora, pero se alargó por poco más de tres.
Con el reinicio de la sesión, pasadas las 4:00 p.m., el panorama se planteó de esta forma: había acuerdos sobre una amplia mayoría de artículos, unos 69 de 77 que tenía la ponencia mayoritaria.
Los desacuerdos se encontraban en 13 artículos en particular, entre los que se encontraban varios de los ítems más discutidos de la iniciativa, que incluye temas como la extensión de la jornada nocturna, si se exceptúa de esta extensión a las micro y pequeñas empresas, la remuneración de los festivos y dominicales, la modificación de los días laborales por semana y las condiciones laborales de los aprendices del SENA, entre otros.
La ponencia también incluyó asuntos sobre los que no se encontró consenso de forma inmediata: el primero buscaba revivir la política de formalización para los trabajadores del sector de transporte de carga y pasajeros.
Este fue uno de los compromisos a los que llegó el Gobierno con los camioneros para levantar el paro de 2024, pero la previsión no tuvo éxito en la Comisión Cuarta del Senado.
Así mismo, algunos senadores buscan revivir los contratos sindicales que la Cámara negó en su momento. Estos permitían la celebración de “contratos sindicales o cualquier tipo de acuerdo civil o mercantil que tenga por objeto o efecto encomendar a las organizaciones de trabajadores la ejecución de obras, trabajos o la prestación de servicios en favor de terceros a cambio de un precio”.
El método de discusión de la iniciativa, entonces, fue entrar en materia de las dos ponencias (la alternativa, de Aída Avella, Pacto Histórico) y la mayoritaria. De ahí, se votó los bloques de artículos sobre los que había acuerdos y que, en una buena porción, incluía el texto que ya había sido aprobado por la Cámara de Representantes, en octubre de 2024.
Y mientras se surtía este proceso, se buscaba llegar a consensos sobre los puntos álgidos.
“Aquí están consignados los temas de la consulta popular. Esta reforma concilia las emociones, las emociones que hay hoy en la calle”, dijo Juan Felipe Lemos, senador (La U) y coordinador ponente detrás de la ponencia mayoritaria durante la exposición de la iniciativa.
El mensaje era clave, pues hablaba directamente del escenario de la tarde de este miércoles: el Gobierno en una mano blandía el decreto de consulta popular, pero a la vez daba la posibilidad de derogarlo si la reforma salía airosa del Senado, con especial énfasis en adoptar lo que ya aprobó la Cámara de Representantes (con el ánimo de evitar conciliaciones y más trámite legislativo).
La ponencia, aseguró John Jairo Roldán, coordinador ponente del Partido Liberal, fue construida por 18 senadores de nueve partidos, “y fue construida por toda la comisión, eso es lo que le traemos hoy a la plenaria”. La intención, claramente, era tratar de invocar un cierto mensaje de unidad en el espectro político para darle algo de firmeza al debate y, claro, a la aprobación de la reforma. Pero también defender el texto de la narrativa alrededor de una contrarreforma.
La ponencia mayoritaria acogió las disposiciones que aprobó la Cámara en temas como la formalización de personas del PAE (Programa de Alimentación Escolar), el teletrabajo (con auxilio de conectividad para quienes devenguen menos de dos salarios mínimos), contratistas (solidaridad por parte del contratante en pagos de prestaciones) y programas laborales para víctimas del conflicto armado, entre otras disposiciones.
Después de que la ponencia mayoritaria fuera aprobada, el Senado debió tomar una decisión para poder estudiar mejor el gran número de proposiciones y artículos nuevos. Del primer grupo se contaban más de 220 y del segundo totalizaban 120. “Esto equivale a otra reforma”, dijo el senador Roldán.
Por esta razón, la plenaria decidió nombrar una subcomisión para tratar de racionalizar el número de artículos nuevos y proposiciones y así llegar a consensos de forma más expedita, pero sin dejar por fuera las peticiones de senadores de distintos partidos que buscaban visibilizar sus iniciativas de alguna forma u otra.
Antes de levantar la sesión, la plenaria votó a favor de un bloque de 17 artículos que no tenían proposiciones de ningún tipo. Estos fueron los artículos número 8, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 43, 44, 52, 58, 59, 67, 69, 72 y 73. Con esto, al debate le resta la discusión y aprobación de 60 artículos de la ponencia, además de las nuevas propuestas que surjan del trabajo de la subcomisión.
Durante el curso del debate, poco antes de que la ponencia mayoritaria fuera acogida, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, expresó las inconformidades con el Norte que la plenaria le había dado al debate, al rechazar la ponencia de la senadora Aída Avella.
Según Sanguino, la ponencia mayoritaria no se apega a lo que concertó la Cámara de Representantes, por lo que solicitó a la plenaria tener en cuenta lo que diversos congresistas han manifestado en las proposiciones.
También señaló parte de esas líneas rojas que hoy separan a los senadores. En su listado figuró el rechazo al trabajo por horas y una jornada laboral distinta a la que empiece a las seis de la tarde.
Concluyó insistiendo en que la consulta popular (cuyo decreto ya fue firmado por el presidente) es el seguro de vida de la reforma. Si los intereses del Gobierno no se ven representados en lo que apruebe el Senado, añadió, insistirán en que sea la consulta la vía que resuelva esas diferencias (vía que sigue teniendo señalamientos de inconstitucionalidad).
Los peros a la reforma laboral
La principal queja desde el lado de las empresas y gremios es que la reforma hace más costosa la contratación formal de personal. En otras palabras, que encarece la formalidad laboral en un mercado dominado por la informalidad.
De acuerdo con los datos más recientes del DANE, 55 % de la fuerza de trabajo en Colombia labora sin las protecciones de ley que brinda un contrato formal.
Así mismo, en su momento, un informe del Banco de la República situó en poco más de 6 %, aproximadamente, el aumento en costos para la contratación por cuenta de las modificaciones en las jornadas laborales.
Por otra parte, la línea argumentativa del Ministerio de Trabajo, y del Gobierno en general, es que la reforma es necesaria, pues busca poner a Colombia a tono con reglamentaciones internacionales, como convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Así mismo, frente a los costos de las contrataciones, algunos analistas también han anotado que no es posible buscar crecer en empleo en el país sin que este sea de calidad, con mayores protecciones y mejores marcos de remuneración. En otras palabras, que no solo se trata de cantidad, sino de calidad (en pro de los trabajadores).
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