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Es miércoles, día de El Espectador le explica. ¿Me van a bajar el salario? y ¿Me toca devolver plata? Esas fueron las preguntas más frecuentes que escuché desde el viernes pasado en la mañana cuando la agenda informativa se concentró en una decisión contraria a la que la administración de Gustavo Petro firmó el pasado 29 de diciembre: “El Consejo de Estado suspendió el decreto con el que se definió el salario mínimo y ordenó al Gobierno expedir uno nuevo”. Una decisión judicial con muchos impactos económicos y políticos que merecen una explicación más allá de videos emocionales de un minuto treinta segundos, pues una buena porción de costos y gastos de nuestra vida diaria en Colombia están directamente relacionados con ese monto. Recuerden entrar en los distintos enlaces que dejaremos a continuación. Comencemos.
Antes de ir a la ebullición de la noticia, volvamos a diciembre de 2025, cuando comenzaba la concertación del salario mínimo y tanto los empresarios como las centrales obreras, con datos del DANE, llevaban sus propuestas a la mesa. El Gobierno estaba presente. Pero, antes de seguir, ¿cómo se define, precisamente, el salario mínimo en Colombia? Comencemos con datos: dice el DANE que de los 23,7 millones de trabajadores que hay en Colombia, 2,4 millones devengan un salario mínimo (eso es el 10,12 % de la población ocupada).
Los trabajadores que dependen directamente de este ingreso reciben, mensualmente, COP 2.000.000 desde enero de 2026.
A la mesa de concertación llegan agremiaciones como la ANDI, ACOPI y la SAC por el lado de los empresarios; las centrales obreras como la CUT, la CGT y la CTC como voz de los trabajadores, y el Gobierno se hace presente con el Ministerio del Trabajo. Los dos primeros, bajo la directriz de la Ley 278 de 1996, reciben el encargo de acordar ese aumento antes del 15 de diciembre, pero las negociaciones se pueden extender hasta antes del 30 de diciembre. Se tienen en cuenta en la mesa, como principales variables, la inflación y la productividad. Pero si la negociación no llega a buen puerto, el Ejecutivo con firma del presidente es el autorizado para decretarlo.
Desde el comienzo la distancia era abismal. Las centrales obreras propusieron un incremento del 16 %. La propuesta de los empresarios fue del 7,21 %. Las dos incluían el mismo porcentaje para el subsidio de transporte. El Gobierno, en paralelo, hablaba de Salario Mínimo Vital. “Aunque este concepto no es nuevo, sí es uno que ha ganado protagonismo este año en la discusión. Se diferencia del salario mínimo en que este apunta a que los trabajadores tengan un real acceso a la canasta básica familiar”, nos contó Diego Ojeda, el reportero encargado de esta información en El Espectador.
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Según lo explicado por el jefe de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales del Ministerio de Trabajo, Diego Garzón, para la negociación del año pasado, finales de 2025, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentó a la mesa de concertación un informe sobre el salario mínimo móvil y vital. “La estimación de la OIT, puntualiza Garzón, es que hay 1,5 asalariados por familia, lo que da un salario neto de mínimo vital de COP 1.988.640. El salario vital bruto, que es agregando los aportes a seguridad social, da COP 2.147.731”, detalló Diego Ojeda, tras indagar precisamente en los datos de la OIT. De ahí el argumento del Ejecutivo de que el ingreso más básico que recibían los trabajadores en Colombia estaba por debajo de lo que organismos como la OIT consideraban como realmente lo mínimo. Y por eso el ajuste, incluso, por encima de lo que pedían las mismas centrales obreras.
El anuncio provocó todo tipo de reacciones, empezando por el empresariado, quienes son los que pagan esos salarios, pues hablaron de riesgos inflacionarios y recortes de personal, además de aumento directo en los precios y servicios. El oficialismo y la oposición hicieron lo propio desde la escena política; los primeros aplaudieron el decreto, los segundos advirtieron que se trataba de un cálculo electoral de cara a las elecciones. Los dos soltando argumentos de peso. Así que, más allá del calor de las declaraciones en redes sociales, Diego Ojeda, Daniel Rodríguez y Karen Quintero escribieron varios análisis para entender el panorama completo y poder ahondar en la noticia:
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Todas las decisiones se pueden leer en tono de “lo bueno, lo malo y lo feo”. Vayamos por lo primero: Petro aseguró que “el incremento del salario mínimo permite que se aumente la demanda, lo que beneficia a los negocios. Esto es un factor de crecimiento económico. Las empresas venden más y tienen más ingresos. No es un costo, es la inversión en el ser humano que crea riqueza por medio de su trabajo”. Si se ve en números directos, 2,4 millones de personas que ganan el salario mínimo y están en un trabajo formal, eran los beneficiados directos y también sus familias.
Vamos con lo segundo: “Estamos hablando de un incremento impresionante, ya que es cuatro veces la inflación. El aumento real es del 18 %, lo cual implica una reestructuración de costos para las empresas”, dijo María Elena Ospina, presidenta ejecutiva de ACOPI, el gremio de las micro, pequeñas y medianas empresas. “Los costos productivos en las MiPymes podrían aumentar entre un 65 y 70 %”, agregó. Si los costos aumentan en esa proporción, ¿cómo aguantar ese baldado de agua sin salir mojado?
Y lo feo: más de 90 % del tejido empresarial en Colombia se compone de pequeños negocios, pequeñas y medianas empresas; no son las grandes compañías de banca, de alimentos o de tecnología. Es decir, el Fruver de la esquina, la tienda de zapatos del Restrepo, la pyme que hace eventos, el lavadero de carros que los limpia en el parqueadero de la oficina, los que hacen ornamentación en los arreglos de la casa. Muchas, miles, no tienen más de tres o cuatro empleados. Y este tipo de negocios no tiene el músculo financiero para amortiguar estos aumentos y salir bien librados.
A finales de enero, el Banco de la República decidió subir las tasas de interés en 100 puntos básicos, hasta 10,25 %. Una de las principales razones fue el cambio en las expectativas de inflación para este año, que se dispararon tras el incremento del mínimo. Ese aumento se traslada a todos los tipos de tasas de interés, como la hipotecaria, la de libre inversión o la de la tarjeta de crédito.
A eso último se suma una mirada que, hasta el momento, no estaba sobre la mesa de discusión: “La OIT efectivamente plantea que el salario mínimo debe permitir un nivel de vida digno, pero siempre bajo dos condiciones explícitas: que sea consistente con la productividad laboral, y que no ponga en riesgo el empleo ni la sostenibilidad macroeconómica. No se trata de una recomendación aislada para fijar salarios por decreto, sino de un marco integral que equilibra bienestar, empleo y viabilidad económica”, dice Luis Fernando Mejía, saliente director de Fedesarrollo. Eso, en otras palabras, quiere decir que el aumento de dos dígitos no va en línea ni es coherente con el contexto macroeconómico, “la productividad laboral está cayendo, la inflación sigue siendo elevada y el espacio fiscal es muy limitado”.
Después de ver lo bueno, lo malo y lo feo, ahí es donde aparece la llamada informalidad. Es como ese camino que se avista cuando se va por la carretera y el conductor encuentra una glorieta: todas son opciones viables, sí, pero no todas nos llevan al destino que buscamos. Lo que leyeron muchos analistas era que los pequeños negocios empezarían a moverse por ese camino, el de la informalidad, lo que implica una afectación directa en la calidad del empleo y, por ahí mismo, del trabajador.
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Sí, sí pasaron cosas: yo personalmente hablé con muchas personas a las que sí o sí les obligaron a cambiar de contrato porque las empresas no estaban dispuestas a asumir la carga del 23 % o el camino era quedarse sin empleo, otras tantas migraron a algunos de sus empleados a la informalidad o pago fraccionado (ya no son empleados fijos sino que llegan solo cuando se tenga una necesidad extrema), los que quedaron asumieron más cargas; y los que están en el negocio de los restaurantes, bajaron el tamaño de las porciones porque subir precios les alejaba la clientela.
Y, para no ir tan lejos y hablar de números grandes: “Soldados recién graduados pasaron a ganar más que cabos terceros y, en algunos casos, que sargentos con más de una década de servicio”. Así es, el aumento del 23 % en las Fuerzas Militares fue aplaudido por 160.000 personas que están en ese primer rango, pero no se dieron cuenta de que los que estaban más arriba, con un poco nada más en remuneración, pero con años de experiencia, quedaron por debajo en su salario. “El malestar se hizo visible. A través de denuncias, suboficiales expresaron su inconformidad con la falta de proporcionalidad frente a su rango, antigüedad y responsabilidad”, nos contó Valentina Gutiérrez Restrepo en este texto. Una situación delicada en tiempos de presión fiscal en la que está el Ejecutivo.
En los salarios más altos para las empresas privadas también hubo un ajuste. O aceptan o se van. ACRIP informó que más del 14 % de las empresas cambiaron los salarios integrales por salarios ordinarios. ¿Qué consecuencia trae esa realidad? Que esos trabajadores no recibirán el aumento del 23 % y que, hacia adelante, incluso, el empleador no está obligado a aumentar. Pero lo más grave de todo: que esos empleados van a perder poder adquisitivo de manera casi inmediata y no se ve forma alguna de recuperarlo.
Si volvemos a los números más globales, en Colombia somos trabajadores reconocidos por el DANE unos 23,7 millones de personas; a 2,4 millones que devengan el salario mínimo les fue bien con este aumento, pero a los otros 21,3 millones, ¿qué? Está en manos de, como decía mi mamá, “la buena voluntad” del empleador en si considera o no un aumento, pero apelando a la ley, no están obligados. Y si contemplamos que la mayoría de los renglones económicos van amarrados a datos de la inflación o del salario mínimo, esas 21.3 millones de personas, incluido quien escribe, ganamos menos de lo que ganábamos en diciembre pasado, pues ya estamos pagando costos y gastos con aumentos del 23 %.
Y con esta realidad llegamos a la noticia de la semana:
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“En una decisión de 63 páginas, el magistrado Juan Camilo Morales Trujillo expuso cuatro razones para suspender el decreto con el que se definió el salario mínimo para el 2026, entre ellas la presunta omisión de variables como inflación, productividad y crecimiento del PIB”, nos contó Jhordan C. Rodríguez, el reportero encargado de escribir sobre las noticias de las altas cortes. Eso fue el 13 de febrero.
“La decisión de suspender el decreto 1469 de 2025 es del magistrado Juan Camilo Morales Trujillo, quien le dio ocho días al Gobierno para expedir un nuevo decreto con el monto de ese nuevo salario mínimo”. Todos los detalles técnicos y jurídicos están en este texto, pero para entenderlo de manera sencilla, “en el decreto del aumento del salario mínimo, el Gobierno no explicó de manera clara, verificable ni articulada si en sus cálculos incluyó las condiciones que le exige la ley, por ejemplo, la inflación, productividad, contribución de los salarios al ingreso nacional, crecimiento del PIB y la meta de inflación”, contó el colega Jhordan C. Rodríguez.
Y otro argumento de peso: “Para el Consejo de Estado, esta valoración (salario vital móvil) tiene sus problemas jurídicos, especialmente porque el concepto de “salario vital” no está dentro de la ley que habla sobre los parámetros para calcular el salario mínimo. Además, esa figura tampoco es vinculante, es decir, el Gobierno no está en la obligación de tenerla en cuenta. Aunque el magistrado Morales Trujillo reconoce que la remuneración mensual de los trabajadores debe ser digna y cumplir con varios principios constitucionales, como la proporcional a la cantidad y calidad de trabajo y la estabilidad en el empleo, el Gobierno no puede desconocer los requisitos que sí estipula la ley de 1996”.
¿Qué dijo el presidente Gustavo Petro? “Respetaré su decisión, pero actuaré de acuerdo con la Constitución. Por respeto al magistrado, el ministro de trabajo hará una reunión de concertación de inmediato y solicito la reunión de la coordinación de movimientos sociales para estudiar la actitud y el nuevo decreto que se expedirá”.
Entonces, ¿ahora qué? “Ahora el pulso jurídico se traslada al Ejecutivo que tiene ocho días para expedir un nuevo decreto que fije el salario mínimo bajo los parámetros que exige la ley de 1996. Por si las moscas, el consejero Morales Trujillo le recordó al gobierno cuáles son: la meta de inflación fijada por el Banco de la República; la productividad certificada oficialmente; la inflación real del año anterior; el crecimiento del PIB; la contribución de los salarios al ingreso nacional; la especial protección del trabajo; la garantía de una remuneración mínima, vital y móvil, entre otros”, detalló nuestro colega de la redacción Judicial.
El Gobierno, en respuesta, convocó a marchas y otras movilizaciones tras suspensión del decreto del mínimo. Por ahora, si usted gana el salario mínimo, debe seguir recibiéndolo de la misma forma que sucedió en enero y la primera quincena de febrero, hasta tanto no se conozca el nuevo decreto del Ejecutivo, pues todavía no se han cumplido los ocho días. Y no, no tiene que devolver plata; si le dicen eso, le están hablando mentiras. Si usted es pensionado con el salario mínimo, también recibirá el mismo monto.
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La noticia, cinco días después de que el Consejo de Estado levantara la mano para suspender el decreto, es que, tras reunión de la comisión de concertación de políticas salariales y laborales, en la que participaron empresarios y trabajadores, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dijo que se logró una opinión mayoritaria en defender el incremento y que no solo el Gobierno lo considera conveniente, sino también los gremios y las centrales obreras. “Esta es una buena noticia para los trabajadores de Colombia. Se basa en no generar ni incentivar incertidumbres en el mercado colombiano, toda vez que este ingreso ya ha sido incorporado en las dinámicas empresariales”, aseguró Sanguino.
Suena extraño que ahora, al parecer, la mayoría estén de acuerdo. Pero esa es la realidad. Veamos dos lados del dado para entender el porqué. Por un lado, la Andi, que reúne a los más importantes industriales del país, dijo, en voz de su presidente, Bruce Mac Master, que son muchos los interrogantes sobre la mesa, como si el Gobierno podía tomar una decisión como la que tomó, “con falta de fundamento técnico, pero además contradiciendo lo que se estaba diciendo en la mesa de concertación laboral”. La respuesta viene dentro de la pregunta: no, de lo contrario el Consejo de Estado no hubiera decidido lo que anunció el pasado viernes.
La segunda: “¿Cuál es la base para la definición del salario mínimo: vital u ordinario?”. Esta es interesante porque todavía no tiene respuesta y es lo que el país está esperando con un aval jurídico. Aseguró que le hicieron un llamado a las empresas para que, independientemente de la decisión que se tome en los próximos días, “logremos mantener las condiciones de salarios vigentes hoy”. “Tenemos consecuencias costosas para la sociedad en términos de inflación, empleo, informalidad, que tenemos que controlar, que tenemos que mitigar, pero de alguna forma lo que tenemos es un reto por trabajar todos juntos por el bienestar del país y de los trabajadores”. Es decir, están de acuerdo en este caso con la decisión del Gobierno, así le hubiera faltado soporte y fundamento técnico.
¿Cuánto valgo y por qué va siendo hora de hacerse esa pregunta más que personal?
Pero los que definitivamente están en contra son los agremiados en Fenalco, el que representa a los comerciantes y quienes fueron los que demandaron ante el Consejo de Estado. Para este gremio, “si el aumento no tiene en cuenta la productividad ni la inflación real, podría traducirse en la pérdida de más de 700.000 empleos formales, en un país que ya cuenta con 2.1 millones de desempleados y más de 13 millones de trabajadores informales, según el DANE. Un ajuste del 23,7 % del salario mínimo dificulta aún más el acceso al empleo formal para quienes hoy no tienen trabajo. Además, más de un millón de micro, pequeñas y medianas empresas, que representan el 93 % del tejido empresarial, enfrentarían mayores dificultades, en un contexto donde ya se registran alzas superiores al 20 % en cuotas de administración debido al aumento en los costos de vigilancia, en medio de serios problemas de seguridad”.
Por calendario, el Ejecutivo tiene hasta el 21 de febrero para publicar un nuevo decreto. Y ese decreto estará vigente hasta que el tribunal tome una decisión final sobre si se mantiene o no la subida del 23,7 % para dicho salario. Sandino, el ministro de Trabajo, ya dejó claro que el nuevo texto tendrá una explicación más clara en la relación entre el salario mínimo vital y el crecimiento económico, la inflación y la productividad. El objetivo es que haya una “articulación demostrada entre el concepto y las variables que pide la ley que sean ponderadas. Para nosotros es claro que el concepto de salario vital es prevalente”, aseguró.
Así las cosas, lo que el Gobierno está preparando no es una disminución de ese 23.7 % como se ha especulado, al contrario, se espera que ahora sí argumenten, como se debe, el por qué tomaron esa decisión, conceptos técnicos que deje tranquilo a todo el país, pues fue el mismo ministro el que contó que se presentarán varios recursos ante el Consejo de Estado, entre ellos uno de aclaración y otro de súplica, mientras avanza en la expedición del decreto transitorio dentro del plazo establecido, porque “sabemos que la batalla no ha terminado porque son 38 las demandas que tiene el decreto y tenemos que llenar de argumentos nuestras explicaciones”, afirmó.
Todos los detalles que se conozcan al respecto se los contaremos en este enlace, como que el Gobierno presentó un recurso de súplica ante el Consejo de Estado para tratar de cambiar la decisión,las marchas convocadas para este 19 de febrero, también todo lo relacionado con la más reciente emergencia económica, las inundaciones en Córdoba y lo que suceda en la Corte Constitucional cuando tome decisiones sobre la emergencia que decretó el Ejecutivo cuando se le cayó la reforma tributaria y que, para muchos constitucionalistas, no tenía piso porque no se trataba de hechos sobrevinientes.
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Por Edwin Bohórquez Aya
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