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Mauricio Rodríguez Amaya es el nuevo director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), tras la salida de Gustavo Bolívar, y viene de dirigir la Unidad Solidaria, una entidad adscrita al Ministerio de Trabajo. Uno de los principales retos de su nuevo cargo es poner a andar el pilar solidario de la reforma pensional, con el que el gobierno de Gustavo Petro quiere llevar $230.000 mensuales a tres millones de personas mayores en condición de vulnerabilidad.
La entrada en vigencia de la reforma pensional, que inicialmente estaba prevista para el 1° de julio, sigue suspendida por orden de la Corte Constitucional. Después de que la Cámara de Representantes aprobó por segunda vez la iniciativa, la reforma quedó nuevamente en manos del alto tribunal. Mientras la Sala Plena se pronuncia definitivamente sobre la constitucionalidad de la ley, el nuevo sistema de pilares sigue en veremos.
Aunque inicialmente la ley se ponía en marcha el 1°. de julio, no está del todo claro qué pasará con el pilar solidario. Rodríguez le dijo a este diario que el Gobierno está analizando dos posibles opciones si la entrada en vigencia es este año, teniendo en cuenta las apretadas cuentas fiscales. La primera es empezar a entregar $230.000 a las personas que están en el programa Colombia Mayor (que entrega $80.000) y cumplen las condiciones. La segunda es implementarlo por completo, como debe ser, pero desde octubre.
En entrevista con este diario, Rodríguez también habló del futuro de los subsidios que entrega el DPS (como Devolución del IVA y Renta Ciudadana) en este momento en el que las cuentas del gobierno no cuadran y de la tarea que le encomendó el presidente Petro de implementar una política de asociatividad.
¿Cómo se está preparando la entidad para hacerse cargo del pilar solidario de la reforma pensional?
El pilar solidario, que es uno de los grandes legados del presidente Gustavo Petro, está andando. Estamos haciendo el alistamiento técnico, administrativo y, por supuesto, buscando los recursos para asegurar su cobertura. Si el pilar se empieza a implementar en 2025, podemos contar con recursos para aumentar el valor de la renta a los actuales beneficiarios del programa (Colombia Mayor) y luego empezar la universalidad. Para 2026, en el anteproyecto del Presupuesto General tenemos asegurados los recursos, esperamos que así quede en la ley. En resumen, estamos listos.
Esta semana vamos a iniciar una convocatoria por todo el país para que los adultos y las adultas mayores se inscriban. El presidente nos ha pedido ampliar el registro que tenemos de personas mayores para buscar a quienes pueden hacer parte del pilar solidario. Lo haremos directamente en Prosperidad Social, en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación, con el Ministerio de Hacienda, con Colpensiones y con el Ministerio del Trabajo.
Un proyecto de resolución que publicó la entidad decía que se entregarían cada año hasta 12 mesadas de la renta básica solidaria. Teniendo en cuenta que las cuentas fiscales están apretadas, ¿esta sería una estrategia para que el Estado tenga que destinar menos recursos?
Esa es parte de la discusión que tenemos con Hacienda: cuáles son los escenarios para la implementación y cuántos recursos se necesitan. En el anteproyecto del Presupuesto tenemos unos recursos asignados que asegurarían la cobertura del pilar solidario en 2026, tal como está en la ley.
Esos escenarios se están discutiendo con todos los actores porque efectivamente hay que conseguir los recursos y vamos a garantizar que los recursos lleguen.
¿Y en 2025, si la reforma entra en vigencia este año?
Tenemos dos escenarios. El primero es empezar amplificando el pago a $230.000 a los actuales beneficiarios del programa (que reciben $80.000). Esto genera un incremento en los recursos que se destinan y hay que asegurarlos con Hacienda. El otro escenario es que el pilar entre en toda su dimensión, ampliando la cobertura a los nuevos beneficiarios que tenemos que vincular, más los que ya están, y subir el monto a $230.000.
Más o menos el estimado que ha hecho el Ministerio de Hacienda, que se ha hecho con las distintas entidades, es que estaríamos listos a partir de octubre para empezar la cobertura universal del programa.
Es decir, ¿inicialmente el Gobierno entregaría el pilar solidario sólo a quienes están en Colombia Mayor y cumplen los requisitos, como la edad?
Exactamente, ese es uno de los temas que hay que revisar. Colombia Mayor tiene una cobertura a partir de los 54 años mujeres y 59 años hombres y el pilar solidario es desde los 60 años las mujeres y 65 años los hombres. Tenemos que ir haciendo acoples para poder cumplir con el pilar solidario y seguir con la cobertura de Colombia Mayor.
¿Los dos programas van a coexistir?, ¿cómo será el proceso?
Tiene que ser progresivo, pero claramente la implementación estará alrededor de la nueva ley pensional y del pilar solidario. Esa es la tarea de Prosperidad Social.
Ahora, el presidente ha dicho que la población económicamente activa lo que necesita son oportunidades para el acceso a la productividad, al empleo, a la asociatividad, no solo transferencias. Yo vengo de dirigir la Unidad Solidaria y parte de la tarea que tengo en Prosperidad Social es traer esta política de asociatividad solidaria, que está en el Plan Nacional de Desarrollo, para que los beneficiarios de los programas de transferencias condicionadas y no condicionadas, que están en la población económicamente activa, tengan otra herramienta: la asociatividad y que así puedan incorporarse en el mundo del trabajo.
A principios de este año se anunció la suspensión de algunos subsidios por falta de presupuesto. Ya no están entregando Colombia Sin Hambre, ¿hasta cuándo va Renta Joven?
El programa Renta Joven tiene dificultades en términos económicos, producto de las pérdidas que tuvimos en el marco de la discusión de la ley de financiamiento. Acabamos de hacer el último pago. Les hemos propuesto a los estudiantes beneficiarios que organicemos las cooperativas estudiantiles en las universidades para que puedan desarrollar procesos de producción o de servicios. No va a ser fácil porque es una tarea que debió empezar tiempo atrás.
Esto ya existe, en todas las universidades los muchachos se asocian o trabajan de forma independiente, pero tenemos que crear un proyecto asociativo, con recursos que pueden venir de varias fuentes, como Prosperidad social, Unidad Solidaria, Ministerio de Comercio, Ministerio de Educación y, de acuerdo con ciertas condiciones poblacionales, Ministerio del Interior, Ministerio de Igualdad y otras entidades del Gobierno Nacional. Por ejemplo, estamos trabajando con la Universidad Tecnológica de Chocó.
¿Han considerado eliminar algún otro subsidio o implementar otra “estrategia” para optimizar recursos?
Yo quiero ir hasta el último día de la pelea. Las transferencias en este país fueron la fórmula utilizada en gobiernos neoliberales para reducir la caída de poblaciones de la vulnerabilidad a la pobreza y la extrema pobreza. Esa cultura de la transferencia está viva y habrá que buscar las maneras de responder a esa expectativa. Pero también tenemos que trabajar para llevar a la gente que recibe transferencias a la inclusión productiva.
¿Falta precisión en la discusión? Sí, reconozco que sí. Pero yo quiero dar la pelea hasta el último momento para poder combinar lo que podamos hacer en transferencias con inclusión productiva.
Entonces, tratará de mantener las transferencias que quedan…
Vamos a tratar de mantener las que hoy están, pero la población económicamente activa sí tiene que ayudarnos a dar un salto cualitativo desde las transferencias, condicionadas o no, a la inclusión productiva a través de los modelos asociativos, del cooperativismo, etc.
¿Qué les diría a quienes reciben transferencias y no saben si habrá recursos para mantenerlas el otro año?
Efectivamente, estamos en una discusión económica que es propia de las dificultades que tiene la caja del gobierno nacional, pero quiero enviar un mensaje de confianza. Esta entidad está trabajando para cumplir al máximo con las transferencias que están programadas, y para que quienes hacen parte de los programas de transferencias se vinculen productivamente en sus territorios a través de la asociatividad.
Hay una tarea concreta que tenemos en esta recta final del gobierno: incrementar la organización de la gente vulnerable en las regiones para poderlas vincular a los procesos de desarrollo, a los procesos económicos de producción alimentaria, de comercialización, de economía popular, de agroindustria, de turismo.
Puntualmente, ¿cuáles son las opciones para promover la asociatividad y el acceso a crédito, que también ha mencionado el presidente?
Estamos finiquitando una alianza con la Unidad Solidaria, que ha logrado integrar organizaciones en los territorios a través de circuitos asociativos solidarios. Estamos proponiendo que los beneficiarios de los programas de transferencias de Prosperidad Social se asocien a organizaciones ya existentes en el territorio o creen sus propias asociaciones. Cualquiera de los dos no puede ser para desarrollar un proyecto aislado, tiene que ser para integrarse a un circuito económico del territorio.
Tenemos territorios, por ejemplo, que hacen producción agroalimentaria. Entonces estas organizaciones que hacen producción necesitan pasar, por ejemplo, a la transformación o llegar al mercado directo de alimentos a través de tiendas solidarias. En la medida en que vayamos integrando esos esfuerzos asociativos, pues vamos generando las condiciones de sostenibilidad. Esa es una primera tarea clave en la que hemos venido trabajando con el Ministerio de Comercio, con el DNP, con la Unidad Solidaria y con el Ministerio de Agricultura.
Esta es una apuesta ambiciosa y al Gobierno le queda poco tiempo. ¿Cuándo se verán los resultados?
Esperamos este mismo año lograr que los beneficiarios de los programas lleguen a los modelos asociativos. Esta no es una tarea nueva, ya la tenía el Departamento de Prosperidad Social desde hace dos años, pero ha llegado el momento de acelerarla y de cumplirla. Esa es la tarea que me encomendó el señor presidente para cumplir una apuesta que él hizo por mejorar la productividad territorial, incluyendo, como dicen las Naciones Unidas, a las poblaciones vulnerables en las apuestas del desarrollo.
¿A largo plazo se volverá requisito la asociatividad para recibir transferencias?
No creo que sea necesariamente un requisito, entre otras cosas porque las transferencias llegan a poblaciones diferentes. Hay una población económicamente activa en condición de incorporarse al mundo del trabajo, al mundo de la productividad, al micro o al pequeño empresariado; pero hay poblaciones que no pueden vincularse a este tipo de iniciativas por condiciones de discapacidad, vulnerabilidad, edad.
Lo que requiere Colombia en esta etapa es que su población económicamente activa salga de la exclusión.
¿Qué tienen que hacer las personas para estar en las bases de datos de Prosperidad Social?
Tenemos varios problemas. Primero, las bases de datos no están actualizadas. Los datos nos muestran que no estamos haciendo una tarea permanente de inscripción. Tenemos que hacer inscripción directa. Segundo, nuestra base fundamental es el Sisbén, que también tiene muchas dificultades de medición en muchos municipios de Colombia. Se requiere un sistema integrado de datos que hay que construir en el mediano plazo, por ahora, las dos metodologías, inscripción directa al programa por parte de Prosperidad Social y el Sisbén, tienen que dialogar mejor.
Hay otras bases de datos que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, la población víctima tiene su propio registro. En algunas regiones hay un trabajo muy sólido de registrar las iniciativas productivas de mujeres o de población LGBTQ+, que también podemos ir recuperando.
Lo que no se ha hecho, y debe hacerse, es integrar las bases de datos de las personas que pueden ser beneficiarias, no solamente de transferencias, sino de toda la política social del gobierno. Pronto también iniciaremos un proceso para invitar a los beneficiarios a vincularse a los procesos asociativos. Hemos empezado un diálogo con el sector cooperativo, el sector mutualista, las asociaciones campesinas, para que sean nuestros aliados.
¿Cómo encontró Prosperidad Social?, ¿cuáles son los retos para cumplir al menos con algunas de las tareas que están en el Plan Nacional de Desarrollo y que le asignó el presidente?
Prosperidad Social tiene un equipo grande, pasó por una reforma. Tenemos un número muy alto de vacantes, creo que esta era una tarea que se habría podido hacer antes. Ya están los recursos, hay que incorporar a estas personas para incrementar el talento humano de la entidad. Como ya dije, Prosperidad Social tiene disposición para trabajar con los distintos sectores, entidades del gobierno nacional y con los gobiernos locales para cumplir al máximo los propósitos, tanto de transferencias como de inclusión productiva, asociatividad y economía popular.
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