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En las últimas semanas se radicó en el Congreso un proyecto de ley que ha inquietado al sector educativo. Se trata del Proyecto de Acto Legislativo 08, el cual, entre otras cosas, pretende cambiar la elección de directivos en las universidades y revivir, una vez más, la idea de crear una Superintendencia de Educación. Aunque a la iniciativa le falta un largo camino en el legislativo, ya ha generado molestia en organizaciones y universidades, que dicen no haber sido consultadas.
A los ojos de Óscar Domínguez, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), que congrega a las universidades públicas y privadas de Colombia, la preocupación del sector se centra en que el proyecto pretende hacer “modificaciones constitucionales, sin ni siquiera revisar lo que ya hay en el ejercicio normativo”. Uno de los aspectos que más le preocupa es la modificación de los artículos 150 y 189 de la Constitución, con el objetivo de crear una Superintendencia de Educación para “regularizar la inspección, la vigilancia y el control en la educación, desde preescolar hasta superior”.
De esa redacción que propone el proyecto, una palabra concentra las dudas de ASCUN: “control”. Domínguez teme que se le otorgue una facultad al Presidente de la República (en este caso, Gustavo Petro) para que, además de hacer seguimiento, inspección y vigilancia, ejerza un control sobre la educación.
El artículo propuesto señala: “Corresponde al Presidente de la República como jefe de Estado, jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa: (21.) Ejercer la inspección, vigilancia y control de las condiciones y prestación del servicio educativo a través de la Superintendencia de Educación de conformidad con la ley”. En otras palabras, agrega Domínguez, la modificación propuesta al artículo 189 concentra en una sola persona un poder de decisión muy importante sobre las instituciones, incluso sin son privadas.
Estos cambios, critica Jairo Torres, del Sistema Universitario Estatal (SUE), compuesto por las 34 universidades públicas de Colombia, parecen desconocer cómo funciona la vigilancia en el sector. El Ministerio de Educación, en este momento, es el encargado de realizar esta labor. También están la sala de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación (CONACES), el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), y el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), que apoyan en ese trabajo de seguimiento y vigilancia.
Entonces, se pregunta Torres, ¿se está legislando alrededor de la educación, desconociendo cómo funciona el sector? “Si hoy hay un sector que está vigilado, es este, sobre todo en lo que respecta a las universidades”, añade.
A esto se le suman los costos que implicaría crear una Superintendencia de Educación, pues, en teoría, el dinero de su funcionamiento saldría del bolsillo de quienes van a ser sus usuarios. En este caso, los colegios y las universidades. Esto podría agregarle otro costo a las universidades, en un momento donde se presenta un desfinanciamiento en el sistema público, y en el que el privado registra un descenso en sus matrículas. Aunque en el proyecto de ley, propuesto por el representante del Partido de la U Jorge Tamayo, no se detalla cuál es el monto que se calcula para su creacióny no está claro un concepto financiero, desde el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana (LEE) se hizo un ejercicio para estimar esa cifra.
De acuerdo con las cuentas hechas por la directora del LEE, Gloria Bernal, una institución que busque inspeccionar, vigilar y controlar a más de 55,000 sedes educativas —considerando únicamente las de educación básica y media—, requiere una inversión anual de $0.4 billones, solo para cubrir los salarios del personal. Con esos recursos, compara Bernal, para dimensionar el costo, se podrían financiar las matrículas de alrededor de 34.000 estudiantes en colegios públicos.
Por estas razones, plantea Torres, la creación de una Superintendencia de Educación no es una decisión que se pueda tomar a la ligera y, por eso, añade, una buena solución podría ser que se solicite al ministerio de Educación “que se haga una vigilancia e inspección mucho más eficiente cuando se requiera, cuando no funcione bien o cuando haya malos manejos”.
En cuanto a las experiencias internacionales, comenta Bernal, son variadas, pues en algunos países instituciones similares han mejorado la rendición de cuentas, mientras que en otros, se ha creado un exceso de burocracia que ha desviado a las instituciones de su objetivo principal: el de enseñar. Su éxito, anota, depende de cómo se estructure, sin embargo, en el documento que cursa su camino en la Comisión I del Congreso, no hay claridad de cómo será este proceso.
No es la primera vez que el representante Tamayo le apuesta a la creación de una Superintendencia. Una de las razones para crearla, como lo explicó antes a este diario, es que las funciones de vigilancia, control y regulación de este sector, en distintos entes territoriales, han estado a cargo de la Presidencia y del Ministerio. En el caso de la calidad de la educación superior, por ejemplo, su supervisión recae en el Ministerio de Educación.
En opinión de Tamayo, el Ministerio “Es la entidad que expide los lineamientos para el sector y, a su vez, supervisa y evalúa la prestación del servicio educativo. No puede ser juez y parte, es decir, no puede prestar el servicio, o habilitar a otro y vigilarse a sí mismo”, explicaba en ese entonces. En este nuevo proyecto de ley, Tamayo cuenta con el respaldo de al menos 40 Senadores y Representantes a la Cámara, como Catherine Juvinao, Norma Hurtado, Alfredo Deluque y Teresa de Jesús Enríquez.
Otras preguntas
El proyecto también pretende modificar el artículo 67 de la Constitución, y declarar la educación como un derecho fundamental. Personas como Luz Karime Abadía, Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Javeriana, piensan que esta declaratoria de derecho fundamental sería adecuada para la educación inicial, la preescolar, la básica y la media. El problema, opinaba hace poco en estas páginas, surge al considerar la educación superior, donde la cobertura es del 55 %”.
Para Abadía, las instituciones públicas no cuentan hoy con la capacidad suficiente para garantizar ese derecho, y no tienen tampoco la oferta educativa suficiente. A esto, según escribía, se le suma que todos los jóvenes no quieren o no necesitan acceder a la educación superior. Además, un derecho fundamental debe garantizarse de manera inmediata, lo que abre otra duda: ¿y los recursos para garantizarlo? ¿Cuánto costará?
Justamente, esta falta de datos fue lo que llevó a que en la legislación pasada se hundiera la Ley Estatutaria de Educación que, precisamente, buscaba garantizar el acceso a la educación en los tres niveles. De acuerdo con Domínguez, de ASCUN, es necesario conocer el valor real que costaría cumplir este derecho, “pues no se trata simplemente de establecer una norma, sino de garantizar su implementación”.
Al sector educativo también le inquieta la modificación de los artículos 68 y 69 de la Constitución. En el documento presentado, se propone una democracia directa, lo que podría significar que los estudiantes elijan directamente a sus directivos. La ley menciona que aplicaría para Instituciones de Educación Superior (IES), sin aclarar si se refiere a las públicas o a las privadas.
Esta variación, advierte Bernal del LEE, podría representar un debilitamiento de la autonomía universitaria. Esto, añade, porque la modificación “cambia un poco la forma en que las universidades escogen a sus directivos”. Hoy, cuenta Domínguez, en las universidades del país prima la democracia representativa, es decir, se eligen unos consejeros, y ellos designan a la persona que cumple con los requisitos para ser rector. “Solo hay una institución que se gobierna por democracia directa y es la U. de Nariño”, comenta.
En respuesta a estas críticas, Alfredo Deluque, senador del Partido de la U y quien respaldó el proyecto, asegura que lo propuesto es clave porque pondría “un poco más de orden al sector educativo del país”. Además, dice, “se pretende seguir fortaleciendo el rol de guía del Estado en el sector”.
Este no es el único proyecto que pretende introducir cambios al sector educativo que se está tramitando en el Congreso. En los cálculos de ASCUN, hay 85 proyectos en educación superior a los que le están haciendo seguimiento. Para la asociación, “esta es una cifra inédita. Nunca antes en la historia de la educación superior en Colombia había habido tanto proyecto de ley”.
Uno de estos es el Proyecto de Acto Legislativo 132, que reforma los artículos 332, 360 y 361 de la Constitución, con el objetivo de reestructurar el Sistema General de Regalías, que es el mecanismo que garantiza la distribución y el uso eficiente de los ingresos que vienen de la explotación de los recursos naturales no renovables.
Este documento, que cursa su camino en la Cámara de Representantes, plantea que los entes territoriales, en este caso departamentos, distritos y municipios,manejen el 98 % de los recursos de las regalías. Esto, dice Torres del SUE, básicamente dejaría ese 2% restante para la ciencia. “Es un proyecto de ley que sería un retroceso a los tenues avances que el país ha hecho en los últimos años en financiación para la ciencia, la tecnología y la innovación”, comenta. Desde ASCUN tampoco ven con buenos ojos esta iniciativa.
En medio de algunos debates y audiencias públicas relacionados con estos proyectos de ley, los actores del sector se preguntan qué tanta discusión han tenido antes de reformar la Constitución Política, pues, en su opinión, hacer una modificación de este tipo requiere una gran comprensión de lo que se va a modificar. Domínguez cree que “se han venido haciendo propuestas de reforma constitucional sin el suficiente sustento y sin conocer mucho de cómo funciona el sector”.
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