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En medio de la primera Conferencia Ministerial Global para poner fin a la violencia contra la niñez, que se lleva a cabo en Bogotá con la participación de 193 países, Colombia dará a conocer su hoja de ruta para enfrentar la violencia infantil, un asunto que, como lo muestra lo ocurrido en las últimas semanas, se salió de las manos. Este documento, que también debía ser presentado por cada una de las naciones, cuenta con una serie de estrategias propuestas por más de 80 organizaciones de la sociedad civil, actores gubernamentales, organismos internacionales, especialistas en protección infantil y diferentes organizaciones como Alianza por la Niñez, Niñez Ya y Coalico.
La elaboración de estas estrategias, dice Carolina Piñeros Ospina, directora ejecutiva de Red PaPaz, se basó en una serie de mesas técnicas que se llevaron a cabo durante seis meses y finalizaron en septiembre. El objetivo, añade, se centró en identificar y proponer iniciativas urgentes que abordaran los retos que enfrenta el país en materia de protección de la infancia y la adolescencia.
Desde Red PaPaz organizaron y sistematizaron las sugerencias que se realizaron en torno a la protección y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes en internet, principalmente por el incremento en los casos de violencia sexual que se generan en los entornos digitales. Cifras recopiladas por la línea de reporte de esta entidad señalan que durante 2024 se han procesado más de 180.000 imágenes de explotación y abuso sexual de personas menores de 18 años. “Estos datos nos llevaron a priorizar las violencias más prevalentes en las que recaen niñas y niños”, asegura.
Después de una serie de diálogos y debates, las organizaciones priorizaron las principales violencias que está sufriendo la niñez colombiana: la violencia física, violencia psicológica, negligencia, reclutamiento forzado, violencia sexual y violencia intrafamiliar. Con este punto de partida, anota Pamela Escobar, vicepresidenta de la Fundación Plan, se propusieron cuatro estrategias que permitan enfrentarlas.
Una de ellas se centra en fortalecer el grupo familiar y a la comunidad. Según Escobar, el interés surgió de algunas de las inquietantes cifras que recopilaron en la mesa de conflicto y paz. Entre ellas está que, cada día, ingresan 141 niños y niñas al sistema de protección para el restablecimiento de sus derechos, de acuerdo con cifras del ICBF. De este número, el 66% de los casos son por violencia sexual, omisión o negligencia, condiciones especiales de los cuidadores y violencia física.
Para abordar esta problemática, desde las diversas organizaciones plantearon que, de aquí a 2030, se diseñe e implemente una estrategia nacional que articule todos los programas de fortalecimiento familiar y comunitario con mecanismos de focalización. “La meta es atender a las familias que están en situación de riesgo y se evite la separación innecesaria de estas”, dice Escobar. El encargado de esta labor, a los ojos de las organizaciones, debe ser el Estado.
Otra de las estrategias pretende impulsar una política pública para prevenir el castigo físico, los tratos crueles, humillantes y degradantes contra niñas, niños y adolescentes, pues solo en 2023 en Colombia se reportaron 6.369 casos de violencia intrafamiliar contra niñas y niños. Para Luz Alcira Granada, integrante del Comité Directivo de la Alianza por la Niñez y directora ejecutiva de Bethany, si bien hay una ley que prohíba el castigo físico (la 2089 de 2021), lo que sugieren con esta política es que se “fomente un cambio de actitudes y prácticas para promover métodos no violentos de crianza”.
Las organizaciones plantean en el documento que esta iniciativa “incluya el fortalecimiento de capacidades familiares, un sistema de reporte interinstitucional, una campaña masiva contra el castigo físico y espacios intergeneracionales de diálogo para sensibilizar y prevenir las violencias”. Impulsar esta estrategia, en opinión de Granada, traería una serie de beneficios a largo plazo, pues “previene problemas de conducta y consigue una vida familiar más tranquila y satisfactoria”.
La tercera estrategia busca la protección integral de niños, niñas y adolescentes afectados por el conflicto armado y el crimen organizado. En el informe anual de las Naciones Unidas se reportó que, para 2023, en el país se presentaron 262 casos de reclutamiento de niñas y niños, superando en más de un 49% la cifra de 2022. Para reducir el riesgo de los menores de edad, sobre todo aquellos que viven en zonas rurales, las organizaciones sugieren que para 2026 se cree un fondo económico, el cual tenga como finalidad fortalecer medidas alternativas y rutas institucionales garantizando la implementación de enfoques diferenciales y la participación de niñas, niños y adolescentes.
El último punto aborda las violencias sexuales. Desde la mesa técnica de violencia sexual, de acuerdo con Escobar, se propuso que este tema se priorice (con especial énfasis las uniones tempranas) y se implementen dos estrategias para abordarlo. El primero, anota, es el de implementar de forma obligatoria unos programas de educación integral en sexualidad, los cuales deben estar disponibles en todos los entornos, no solo en los escolares; mientras que el otro es el diseño, implementación y seguimiento de un plan de acción.
Este plan de acción, que de acuerdo con el documento tendría que estar listo para 2025, deberá contemplar recursos específicos, progresivos y efectivospara prevenir, atender y sancionar las violencias sexuales contra niñas, niños y adolescentes, abordando la explotación sexual, trata, uniones tempranas y matrimonio infantil forzado, mutilación genital, abuso sexual y uso indebido de las TIC con fines de violencia sexual.
Además de estas cuatro estrategias, Astrid Cárdenas, directora del ICBF, tiene como objetivo que la hoja de ruta de Colombia también se enfoque en reducir los tiempos de respuesta, “entre el momento en el que se identifica algún riesgo o alguna alerta frente a un niño o una niña, hasta el momento en el que se da respuesta para poder protegerlo”.
La meta, explica, debería estar articulada con la sociedad civil, con comunidades indígenas, con los territorios concretos, y así podrán contar con un sistema transectorial. Es decir, la idea es que este “sistema no responda solo desde un sector del Estado, sino que lo haga de manera articulada, dependiendo de los tipos de afectación y de los territorios”.
Aunque hasta este viernes, durante el cierre del congreso, se conocerá la hoja de ruta final de Colombia, desde las organizaciones, apunta Piñeros, le hacen un llamado urgente al Gobierno para que “se comprometa a acciones puntuales, que sean medibles y reales para erradicar todos los tipos de violencia hacia niñas y niños en el país”, donde, según cifras de Medicina Legal, entre enero y agosto de 2024 fueron asesinados 375 menores de edad. Eso sin contar que en las últimas dos semanas se reportó el homicidio de cinco niños.
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