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Desde hace algunos meses, y cada vez con más frecuencia, mientras navego en redes sociales o visito alguna página de internet, se despliegan banners que promocionan posgrados virtuales (maestrías y doctorados, principalmente) en universidades internacionales que ofrecen condiciones que terminan llamando mi atención. Varias de las que he revisado, prometen un título de maestría tan solo un año después de clases 100 % virtuales, mientras que en la mayoría de las universidades colombianas lograr un título de ese nivel tomaría, en el mejor de los casos, un año y medio y, en la mayoría, dos.
Las ofertas de becas, que según los anuncios cubrirían hasta un 75 % del total de la matrícula del programa, así como la promesa de que son títulos convalidables por el Ministerio de Educación —es decir, que serían válidos en el país—, hacen muy atractivas estas alternativas.
Sin embargo, detrás de esta llamativa oferta educativa internacional de corta duración, precios más asequibles y, en teoría, convalidable en el país, existen serias preocupaciones de varios actores del sector educativo. Cecilia Dimaté, decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Externado, y presidenta de la Asociación Colombiana de Facultades de Educación (Ascofade), todavía recuerda que hace dos años, cuando acompañaron al Ministerio de Educación en 11 diálogos regionales por todo el país, varios decanos se acercaron a manifestar sus inquietudes por estos posgrados virtuales de universidades internacionales.
La expansión de estos programas plantea varios desafíos “que invitan a la reflexión y a la acción coordinada”, sintetiza Milena Mejía, presidenta de la Asociación de Instituciones de Educación Superior colombianas de alta calidad para el fomento de la Educación Internacional, Colombia–Challenge Your Knowledge (CCYK). Dos de los principales, están relacionados con la garantía de la calidad académica y la adecuada convalidación de los títulos obtenidos en el exterior.
Olga Cecilia Díaz, profesora de la Facultad de la Educación de la Universidad Pedagógica, e integrante del Observatorio Colombiano de Políticas Educativas y Profesión Docente (OCPE-UPN), de la misma universidad, anota un tercer reto. “En la duración de los programas ya uno empieza a percibir las inconsistencias y las distancias, sobre todo con los criterios que operamos en el país: ofrecen maestrías en un año o menos, cuando en Colombia la mayoría de las maestrías tienen mínimamente tres semestres y mayoritariamente cuatro”, apunta Díaz. Una situación similar, agrega Dimaté, ocurre con los doctorados, pues han identificado varios que se realizan en dos años, la mitad de lo que dura uno en Colombia y lo mismo que una maestría en el país. Esto, a los ojos de ambas docentes, genera una competencia “desleal” y una situación “desbalanceada” para las universidades colombianas.
Aunque ninguna de las fuentes consultadas se opone a la formación virtual, sí les inquieta la calidad de la formación que están recibiendo los colombianos en estas universidades. Además, como varias de estas instituciones no tienen personería jurídica en el país y sus programas no cuentan con registros calificados del Ministerio de Educación, es difícil rastrear la calidad y pertinencia de los contenidos que ofrecen, al tiempo que se hace casi imposible saber la cantidad de personas que se están matriculando en ellas. Esto, sin pasar por alto que miles de personas han perdido su tiempo y dinero al encontrar que los programas que estudiaron en estas universidades extranjeras no eran convalidables en el país.
¿Se salieron de control las maestrías y doctorados virtuales ofrecidos por estas universidades extranjeras? ¿Qué caminos quedan? ¿Qué recomendaciones hacen las autoridades para que no termine siendo estafado?
Las fronteras que se diluyen en internet
El primer posgrado virtual en el país, recuerda Ruth Molina Vásquez, licenciada en pedagogía y doctora en Educación por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, surgió en 1995. A Molina Vásquez, quien es docente en esta institución educativa, desde donde lidera investigaciones sobre educación virtual, le gusta recordar este dato para contrarrestar las versiones que señalan que es algo novedoso y a lo que el país “llegó tarde”.
En lo que sí coinciden tanto ella, como Dimaté, de Ascofade, Díaz, de la UNP, e incluso el viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno Patiño, es en que los cierres de los planteles educativos con motivo de la pandemia de covid-19 intensificaron esta modalidad de educación. Las cifras recopiladas por el Observatorio que integra Díaz en la Universidad Pedagógica, y que puede ver a continuación, permiten identificar mejor ese aumento.
Entre 2016 y 2025, la oferta de posgrados en Colombia creció un 45,3 %, pero el salto más notable se dio en la modalidad virtual, que pasó de 236 a 1.136 programas: un aumento del 381,3 % en menos de una década. En contraste, los programas presenciales crecieron solo un 29,6 %.
A pesar del amplio panorama que ofrece el trabajo adelantado por el Observatorio de la Universidad Pedagógica, hay elementos que se quedan por fuera de esa “fotografía”: las universidades virtuales internacionales. Si bien este es un campo donde las investigaciones hasta ahora empiezan, Díaz señala que aunque “algunas de ellas tienen programas en convenio con universidades colombianas y otras pocas han comenzado a solicitar registro calificado para algunos de sus programas, en su mayoría los títulos que ofrecen deben ser convalidados después por el Ministerio de Educación”.
En este punto, Moreno Patiño, viceministro de Educación Superior, hace una aclaración importante: es necesario distinguir entre las universidades internacionales que tienen personería jurídica en el país y cuyos programas cuentan con registros calificados otorgados por esa cartera, de las que no cumplen ninguno de esos dos requisitos.
Esto es clave a los ojos de Moreno, pues para contar con un registro calificado, que el viceministro asemeja a la “licencia de funcionamiento de un programa académico en el país”, se debe surtir un proceso de evaluación en el que intervienen varios actores, tanto de la cartera, como pares académicos independientes, es decir, profesores y académicos del país que no están vinculados al ministerio.
Entonces, mientras las universidades con personería y programas certificados son objeto de inspección y vigilancia por parte del Ministerio de Educación, las que no cumplen con eso responden únicamente ante las autoridades del país en el que están registradas.
En otras palabras, Mineducación no tiene herramientas para supervisar la calidad de los programas que ofrecen estas últimas en Colombia. Y el problema de eso, insisten Molina Vásquez, Dimaté y Díaz, es que las universidades colombianas son más exigentes que buena parte de las universidades internacionales que ofrecen aquí sus programas virtuales.
En Ascofade, donde ya están adelantando estudios al respecto, han identificado que varios de estos programas “tienen planes curriculares con materias poco profundas, el componente de investigación no es tan fuerte, el acompañamiento a los proyectos es incipiente y la formación investigativa no es lo suficientemente sólida”. Para Molina Vásquez, los programas de las universidades colombianas “tienen más créditos, más temáticas, imponen más condiciones para la graduación, como la publicación de los resultados en revistas indexadas”, por solo mencionar algunas características.
En resumen, Díaz, de la UPN, quien coincide con sus colegas, sintetiza el panorama de la siguiente manera: “estas modalidades le están apostando a garantizar titulaciones rápidas, pero eso no está acompañado de criterios de calidad, de procesos de acompañamiento riguroso y exhaustivos, de garantizar una formación posgradual de alto impacto, ni de generación de masa crítica o de desarrollo de investigaciones pertinentes”.
El segundo frente que preocupa a las investigadoras está relacionado con las convalidaciones que el Ministerio de Educación reconoce a quienes realizan posgrados virtuales en universidades extranjeras que no están registradas en el país. Este, como explica el viceministro Moreno, es el proceso que deben seguir las personas para que su título sea válido en el país. En diálogo con El Espectador, el funcionario reveló que entre 2021 y lo que va de 2025, el ministerio recibió más de 25.000 solicitudes de convalidación de personas que estudiaron en este tipo de instituciones. De esas, algo más de 22.000 corresponden a maestrías y, del total, alrededor de 23.000, es decir, el 90 %, se terminan convalidando.
Al respecto, Dimaté del Externado y Ascofade, pide revisar el proceso de convalidación que está siguiendo el ministerio. Por su parte, Díaz reconoce que “nos falta tener acceso a los datos específicos de los criterios con los que se están generando esos procesos”, pues, recuerda, “en el caso de las especializaciones médico-quirúrgicas ya hemos tenido noticias de cuestionamientos a la calidad de ciertas titulaciones”.
¿Qué tener en cuenta si usted quiere estudiar uno de estos programas?
Lo primero que resaltan desde Ascofade y desde el Observatorio de la Universidad Pedagógica, es que hace falta más información para tener un panorama más claro. “Desde las universidades y el Ministerio de Educación tenemos una enorme responsabilidad por empezar a desarrollar estudios y análisis en profundidad de las características y del impacto de estos programas”, señala Díaz, mientras que Dimaté reconoce que ya empezaron los estudios desde la asociación que preside.
Para Molina Vásquez, sigue siendo prioritario que el país defina criterios de calidad particulares para los programas de posgrados virtuales en los que se reconozca las necesidades propias de este tipo de modalidad. Y es que en un artículo que escribió hace tres años, en la revista académica Quality Assurance in Education, la investigadora apuntó que los criterios de calidad utilizados para evaluar los programas de maestría virtual eran los mismos que los de la educación presencial, algo que, lamentablemente, se repetía en América Latina, donde “hay una falta de criterios, normas y directrices para la evaluación de este tipo de programas”. Aunque la profesora reconoce que en los últimos años se han ajustado algunas normativas, la situación general sigue siendo la misma que describió en su artículo. En este llamó la atención sobre la “creciente necesidad de criterios de calidad definidos que orienten los procesos particulares de la educación virtual” y planteó un modelo que utilizan actualmente en la universidad de la que hace parte.
Mientras tanto, Óscar Domínguez, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), que reúne a 95 instituciones de educación superior públicas y privadas del país, asegura que el actual escenario representa una oportunidad para las universidades colombianas, que deberían ser más agresivas en su oferta de internacionalización, aprovechando que varias de ellas se encuentran entre las mejores de América Latina.
Un camino adicional, y quizás el más importante a los ojos de Domínguez y el viceministro Moreno, es la pedagogía. En ese sentido, el encargado de la Educación Superior del país empieza señalando que cuando existe el interés de formarse bajo la modalidad virtual “es necesario que se haga un ejercicio muy riguroso y consciente de lo que implica la formación virtual: en términos de conectividad, de trabajo autónomo, del compromiso que tiene hacer un programa bajo esta modalidad, y que la institución en la cual se va a cursar este programa tenga las condiciones para brindar una formación de calidad”.
En segundo lugar, continúa el funcionario, las personas deben consultar si las instituciones y los programas tienen reconocimiento de calidad en Colombia o en los países donde está radicada la universidad. En el caso nacional, la consulta se puede hacer a través de la página del Ministerio de Educación, revisando si la universidad y el programa tienen personería jurídica y cuentan con registro calificado.
Finalmente, si una persona decide cursar un programa en una universidad que no está registrada en el país, el viceministro invita a las personas a radicar una solicitud ante el Ministerio consultando si la universidad o el programa cuentan con experiencia de convalidación.
De esta manera se puede evitar lo que hoy enfrentan muchos docentes. En los últimos cuatro años, más de la mitad de las 25.000 solicitudes de convalidación recibidas por el Ministerio de Educación han sido de profesores que, con la expectativa de ascender en el escalafón profesional y mejorar su salario, cursaron maestrías o doctorados en el exterior. Sin embargo, se han encontrado con que, pese a las garantías que recibieron de las universidades, sus títulos no cumplen con los requisitos para ser convalidados en el país. De eso tratará la segunda entrega de este reportaje, que se publica mañana.
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