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Concebido como una apuesta para brindar atención integral a mujeres y víctimas de violencias basadas en género (VBG), el Centro Integrado de Atención para la Mujer en Villavicencio aún no entra en funcionamiento. La obra, adjudicada en 2021 durante el gobierno del exalcalde Felipe Harman, ha estado marcada por retrasos, fallas en la planeación y una ejecución interrumpida, lo que ha derivado en múltiples cuestionamientos desde distintos sectores.
En principio, se trata de un proyecto integral cuyo objetivo es brindar atención médica, jurídica, psicológica y social a las mujeres de la ciudad, además de incluir espacios de formación y autonomía económica. Para diciembre de 2023, el entonces mandatario, durante el cierre y balance de su gestión, afirmó haber entregado el centro con un avance físico del 85%. Sin embargo, la Contraloría Municipal confirmó semanas después que la obra no estaba lista y que se encontraba suspendida.
La administración actual, en cabeza del alcalde Alexander Baquero, recibió la obra con múltiples deficiencias. Según Luisa Leyton, actual secretaria de la Mujer del municipio se recibió una obra con problemas estructurales serios: sin red eléctrica, sin cerramiento perimetral y con accesos poco seguros. “Nos entregaron un proyecto sin punto de captación eléctrica, porque el que habían previsto había sido hurtado. Tuvimos que iniciar el proceso desde cero con Alborada y ENSA (las empresas prestadoras del servicio de energía) para poder llevar electricidad al lugar”, explicó en entrevista con El Espectador.
Además, Leyton señaló que el diseño arquitectónico no contempla medidas básicas de seguridad para las mujeres. “La entrada permite el acceso por varios puntos sin control. Una mujer víctima puede llegar al lugar y su agresor podría entrar sin obstáculos. No hay cerramiento ni condiciones de protección adecuadas”, agregó. A esto, se le suman las afirmaciones del secretario de Infraestructura, Mario Leandro Castro, quien dice que “el proyecto fue mal planeado desde el principio”, lo cual obligó a suspender las obras y reevaluar técnicamente la ejecución.
Las organizaciones sociales también han manifestado fuertes críticas desde el inicio de la obra. María José Zabala, integrante de la Veeduría Mujeres Libres de Violencia, cuestionó la elección del terreno donde se construyó el centro. “Está en una zona solitaria, sin transporte público cercano, y alejada de las comunas que registran los mayores índices de violencia, como la 4 y la 5. No se tuvo en cuenta un enfoque territorial ni de género para decidir dónde ubicarlo”.
Durante una visita técnica realizada por la veeduría en enero de 2023, se detectaron fallas en el estudio de suelos y en la red contra incendios. Según Zabala, “la obra estaba en un 33 % de avance cuando debía entregarse en menos de un mes. Había inundaciones por no prever los niveles freáticos (es decir, la medición adecuada de los puntos del suelo en el que empieza a aparecer el agua subterránea). Además, el diseño nunca contempló la red contra incendios, aunque el contrato sí lo exigía”, señaló en diálogo con El Espectador.
Otro punto crítico ha sido el destino de una donación de más de 700 millones de pesos realizada por Ecopetrol en insumos para dotar el centro. Jeny Mesa, exsecretaria de la Mujer y firmante del acta de entrega, afirmó a este diario que la dotación fue almacenada en un colegio del municipio y que fue entregada oficialmente a la nueva administración. “Se entregó todo debidamente embalado y con llave. Desde que renuncié, no he recibido respuesta sobre qué se hizo con eso”.
Leyton respondió que los equipos están bajo su custodia. “Todo está almacenado, en buen estado y verificado por la Contraloría. La demora no es falta de voluntad, sino debido a las condiciones en las que recibimos la obra”. Y este es un punto clave que denuncian las activistas locales consultadas. Para ellas la entrega del centro se ha convertido en un tema de disputa política entre la administración pasada y la actual, en la que los funcionarios señalan culpables y negligencias sin dar claridad sobre el cronograma real de entrega ni sobre el futuro modelo de funcionamiento del centro.
Mientras la obra permanece en el limbo, la violencia contra las mujeres de Villavicencio no cesa. En lo que va corrido del año, el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género, con datos de la Fiscalía, reportó 1,278 denuncias por violencia intrafamiliar, 278 por delitos sexuales y cinco feminicidios. A esto se suma la carencia de una casa refugio para las mujeres que activan las rutas por VBG.
Como señalan desde la veeduría, la revictimización institucional también es frecuente. La colectiva ha documentado casos en los que mujeres no reciben acompañamiento psicosocial ni jurídico, violando lo establecido en la ley contra la violencia de género. “A veces las envían a hoteles sin acompañamiento y después simplemente les dicen que deben irse porque se acabó el contrato”, denuncian.
A la falta de condiciones de infraestructura y técnicas del centro, se suma la incertidumbre sobre cómo articulará a las demás entidades responsables. Según Leyton, los acercamientos con instituciones como la Fiscalía, Medicina Legal e ICBF comenzaron apenas en marzo de este año. “Estamos iniciando conversaciones para que hagan parte del proyecto, pero dependemos también de la viabilidad legal y contractual de cada entidad”, explicó.
Para las mujeres consultadas por este diario, la preocupación es que el centro termine prestando servicios de forma fragmentada, repitiendo los problemas actuales. “Si no están todas las entidades, las mujeres tendrán que seguir yendo de un lugar a otro, como sucede hoy. La idea es evitar el ‘ping pong’ institucional que revictimiza”, advierten.
A dos años del plazo para cuando se debería haber entregado y con una nueva fecha programada para octubre de 2025, el futuro del Centro Integrado de Atención para la Mujer en Villavicencio sigue siendo incierto. Aunque desde la Alcaldía insisten en que la obra se completará, la falta de planificación, la escasa articulación institucional y la débil respuesta frente al aumento de los casos de violencia de género proyectan un escenario poco alentador y con muchas preguntas.
El desafío ahora, según las fuentes consultadas por este diario, no es solo terminar el edificio, sino garantizar que cumpla su objetivo: brindar una atención integral, oportuna, segura y digna a las mujeres que enfrentan situaciones de violencia. Mientras tanto, muchas mujeres siguen enfrentando barreras para acceder a justicia y protección. “Más allá de si está bien ubicado o no, la obra ya está construida. Lo urgente es garantizar que funcione y que no se convierta en otro espacio abandonado entre promesas”, concluyó Zabala, vocera de la veeduría.
Por Mariana Escobar Bernoske
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