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Mientras las autoridades le siguen la pista al estadounidense Timothy Alan Livingston, quien pudo salir del país luego de que la Policía de Medellín lo dejara en libertad, a pesar de haberlo encontrado en el penthouse del edificio Gothan, con dos niñas de 12 y 13 años, en un claro contexto de explotación sexual, la indignación por este caso crece, porque lejos de ser una excepción, es la muestra de una realidad que viene en aumento.
En una solicitud de información pública, que conoció este diario, la Dirección Seccional de Fiscalías en Medellín, informó que en los últimos 10 años ha habido 372 extranjeros vinculados a procesos penales por delitos sexuales asociados a la explotación sexual en Medellín. En su gran mayoría son varones de nacionalidad estadounidense, israelí, mexicana, canadiense, alemana y peruana.
El número de noticias criminales, desde el 2014 al 14 de marzo de 2024, que se abrió en el Sistema de Información Misional de la Fiscalía, corresponde a solo 366 víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual en la capital de Antioquia, por las que se ha activado alguna ruta de atención por este grave delito.
Un número ínfimo que no es fiel al panorama de este fenómeno criminal en Medellín, en donde el subregistro de casos es incalculable, porque las víctimas no suelen denuncian por temor a represalias o vergüenza.
En el país, según la información reportada en el Sistema de Información Misional del ICBF, desde enero de 2023 a 29 de febrero de 2024 se tiene un reporte de 313 casos de violencia sexual, 48 de los cuales corresponden a Antioquia, 39 a Bogotá y Bolívar, respectivamente y 37 en Valle del Cauca. De acuerdo con las cifras históricas del ICBF, las regiones con mayores ingresos a procesos de restablecimiento de derechos por motivos de violencia sexual en contra de la niñez y la adolescencia, entre los años 2020 al 2024, fueron Bogotá y Cundinamarca con 58.221; Valle del Cauca 27.300 y Antioquia con 14.592.
Cifras que, volviendo a Medellín, entre 2020 y 2023, reportan 885 delitos de explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes, aunque si tomamos en cuenta las cifras de Unicef, en Colombia existen, al menos, 55.000 víctimas de trata de personas que son menores de edad. Las niñas entre los 12 y 14 años son las más vulnerables, de acuerdo con estos registros.
El Código Penal Colombiano establece una pena de 14 a 25 años de prisión para “el que directamente o a través de tercera persona, solicite o demande realizar acceso carnal o actos sexuales con persona menor de 18 años, mediante pago o promesa de pago en dinero, especie o retribución de cualquier naturaleza”.
La norma, como lo recordó en estos días la Fundación Renacer que lucha contra este flagelo, no exige que haya constreñimiento, intimidación o cualquier forma de coacción para que se configure el delito: “De hecho, el eventual consentimiento dado por la víctima no exonera de la responsabilidad penal, siendo un agravante que la conducta es cometida por un turista y las víctimas sean menores de 14 años de edad”.
Por eso, diversas organizaciones que luchan por la defensa de los derechos humanos en el país, han celebrado que la Alcaldía de Medellín esté buscando formas para afrontar el problema, pero también critican como insuficientes las medidas de restricción de la movilidad de menores de edad, solo en ciertas zonas y a ciertas horas en la ciudad, o la expedición de decretos policivos, que no atienden las condiciones sociales y económicas por las que estas niñas y mujeres jóvenes entran a las redes de explotación sexual en la prostitución. Asimismo, la administración sigue sin atender uno de los principales problemas y es que estos crímenes se están dando sobre todo en espacios privados, como apartamentos de renta de plazos cortos en plataformas como Airbnb, como el mencionado caso en el edificio Gotham.
El Espectador les ha hecho seguimiento a varios de estos procesos y, por ejemplo, recogió cuatro testimonios de menores explotadas sexualmente en la prostitución en Antioquia, quienes le relataron a este diario cómo sucedió el delito. Contaron que fueron contactadas a través de proxenetas o por redes sociales, llegaron en carro, pedido también por aplicaciones móviles, se anunciaron en portería o simplemente entraron con llaves prestadas y en estos lugares fueron drogadas, violentadas y explotadas sexualmente a cambio de dinero, por varones extranjeros o nacionales, que se aprovecharon de su vulnerabilidad económica o social.
Este diario también reveló, por ejemplo, el caso de un policía de Nueva York que fue capturado hace menos de dos meses por haber pedido y pagado videos de abusos sexuales de una bebé de once meses en Bello, Antioquia.
Antes de eso, El Espectador contó también los detalles de la investigación policial que terminó con el arresto de Jaymes Schulte o James Bond, un exluchador de artes marciales mixtas de Estados Unidos que viajaba por el mundo para explotar sexualmente, a cambio de dinero, a menores de edad y mujeres jóvenes, aprovechando su necesidad económica. Luego, se lucraba de los videos que les grababa en diferentes páginas de porno, como PornHub.
En la investigación transnacional contra Schulte, además, fueron identificadas al menos 18 víctimas colombianas, solo en el municipio de Bello, en Antioquia, y un agente encubierto de la Policía Nacional documentó 1.200 videos pornográficos de niñas y jóvenes de Colombia, pero también de otros países, especialmente del sudeste asiático.
También fue conocido el caso de Orion Deep, un inversionista de criptomonedas estadounidense, detenido en 2023 en Antioquia por los delitos de demanda de explotación sexual, pornografía y suministro de estupefacientes a menores de edad, también en, municipio del área metropolitana de Medellín. Deep le suministraba opiodes y la peligrosa mezcla de drogas sintéticas conocida como Tusi a las niñas, también llegó a filmarlas sin su conocimiento.
Ni hablar del caso que indagó en profundidad este diario sobre Herbert Fletcher y Víctor Galarza, estadounidenses condenados por explotación sexual en Medellín y tráfico y posesión de pornografía infantil, que pagaban lujosos apartamentos en El Poblado por plataformas, a donde llegaban estas menores de edad. Las violentaban a cambio de dinero y luego se lucraban de sus contenidos en plataformas de porno en línea, sin que ellas pudieran hacer nada para que ese contenido ilegal fuera bajado de la red.
Así como la historia de Michael Wayne Roberts, de 41 años, maestro de primaria en Estados Unidos, que viajaba a Medellín para abusar sexualmente de niñas y adolescentes a cambio de dinero. Una de sus víctimas narró a El Espectador el mal trato que les daba y cómo operaba en la ciudad.
“Realmente detrás de la explotación sexual de menores de edad y mujeres jóvenes en Medellín hay una cadena gigantesca que necesita de todo un engranaje de intermediarios, que empieza con el conductor del transporte en el que se mueven estos extranjeros cuando llegan, las aplicaciones de citas que consultan, hasta el resto de personas que a lo largo de ese tiempo les facilitan y se lucran de estos casos”, reconoció en diálogo con El Espectador, Sara Jaramillo, presidenta de la veeduría ciudadana a la Ruta de Trata de Personas de Medellín, y una de las organizadoras del plantón frente al edificio Gothen, que está citado para el martes 9 de abril de 2024, cuando se cumplen los diez días de suspensión que las autoridades le dieron a este lugar, después de que se conociera la más reciente situación de abuso.
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