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Recuperar las raíces no es cuestión de tiempo. Para los habitantes de Armero, que lo perdieron todo hace cuatro décadas, tampoco ha sido posible recuperar al menos una vida digna y completa por la falta de garantías que el Estado prometió, pero no cumplió. Sin embargo, aún en medio de una tragedia continua, las comunidades se siguen sintiendo armeritas. Su tierra, aunque desapareció, no se borró de sus memorias, resistió al olvido institucional y se arraigó. Siguen hablando en presente de un lugar que ya no existe, pero sienten propio.
“Yo soy de Armero”, dicen. No hablan de un pasado lejano, no dicen “fui”. Ese lenguaje en parte se debe a la resistencia de los mismos armeritas que se niegan a perder lo único que les quedó: el recuerdo de lo que vivieron hace 40 años. Por otra parte, también se debe a que ha sido una de las pocas acciones que se han cumplido desde la tragedia por parte del Estado.
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“El balance de cuatro décadas muestra que el Estado ha avanzado con mayor solidez en medidas simbólicas y culturales que en medidas estructurales de restitución. La seguridad jurídica de los predios y la reparación socioeconómica de los sobrevivientes sigue inconclusa, lo que revela una asimetría entre los logros en el plano conmemorativo y las deudas en materia de derechos económicos, sociales y territoriales”. Así lo detalla un informe la Defensoría del Pueblo que investigó la vulneración de derechos en la gestión del riesgo. Una de las principales conclusiones es que el desastre persiste para los sobrevivientes de Armero porque no se ha logrado una recuperación completa de sus vidas y sus entornos.
La entidad destacó que si bien la memoria ha resistido, todavía hay incumplimientos importantes en materia de medidas estructurales esenciales como la restitución jurídica de predios, el cerramiento ecológico, la caracterización poblacional y la implementación de telecomunicaciones de emergencia. “Estos rezagos reflejan limitaciones en la capacidad estatal para convertir el marco legal en políticas efectivas de reparación, memoria y gestión del riesgo”, advirtió la Defensoría. Dentro de los llamados a responder está el ministerio del Interior, el ministerio de las TIC y el ministerio de Ambiente.
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En ese contexto, bajo la Ley 2505 de 2025, se exigió la creación de un Centro de Memoria Histórica de Armero, así como el deber de difundir material audiovisual educativo, sin embargo, para la Defensoría, es importante garantizar que las leyes no se queden en meros homenajes, por lo que se necesita presupuesto, control político y social, exigibilidad judicial, coordinación institucional y articulación con políticas públicas de gestión del riesgo y derechos humanos. Solo así se podrían garantizar los derechos de los sobrevivientes y asegurar garantías de no repetición. “La ausencia de un proceso integral de reparación ha profundizado la percepción de abandono estatal”, sentenció la Defensoría.
Las persistentes violaciones a los derechos humanos de los sobrevivientes se materializan en la noción del daño de los armeritas. Los efectos no se reducen exclusivamente a lo que ocurrió el 13 de noviembre de 1985, sino que, según las entrevistas y la investigación de la Defensoría, se extienden en las décadas posteriores por la ausencia de reparación integral.
El trabajo de campo y las entrevistas lograron determinar que los sobrevivientes manifiestan nuevos asentamientos sin infraestructura ni servicios como acceso a agua potable, saneamiento básico y mantenimiento de redes eléctricas. Además, “la desaparición de Armero como núcleo agroindustrial y comercial generó una reconfiguración forzada de las dinámicas económicas y sociales. En lo cultura, la pérdida del territorio fracturó la identidad armerita y debilitó las prácticas comunitarias de cohesión. Aún en 2025 se puede inferir que persiste una tensión entre la reconstrucción de la identidad colectiva y la invisibilización en los municipios de acogida, lo que muestra que las perturbaciones iniciales derivaron en transformaciones sociales y culturales de largo alcance”.
En ese contexto, la Defensoría evidenció que hay conductas actuales que vulneran derechos como la ausencia de programas diferenciales y de rehabilitación sostenida para sobrevivientes, la falta de un censo único, poca transparencia sobre ayudas y reparación, y vacíos en la reconstrucción documental y registros perdidos. “La gestión del riesgo de desastres no puede reducirse a una lógica técnico operativa, sino que debe consolidarse como una política pública estructural encaminada al bienestar y a la protección de derechos”, dijo la entidad.
Sobre los derechos vulnerados, la Defensoría destacó que los impactos materiales, sociales y simbólicos de hace 40 años no se superaron, por el contrario, se transformaron en nuevas formas de exclusión y desprotección.
Según la Defensoría, se han identificado por lo menos 60 situaciones recientes en Colombia en la temática de riesgo de desastres donde se replican condiciones de vulnerabilidad y fallas de prevención. Frente a este panorama, a 40 años de la tragedia de Armero, la entidad hizo una serie de recomendaciones y llamados a entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Superintendencia de Notariado y Registro, el ministerio de Ambiente, el ministerio de Cultura y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres.
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