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El caso Meritage, como se le ha llamado al arbitraje internacional que enfrentó a Colombia con un grupo de inversionistas estadounidenses por un conflicto de extinción de dominio, sigue siendo tema en círculos en los que se habla sobre la inversión extranjera en el país. El caso lo resolvió el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y en el que salió ganando Colombia, pues no tendrá que pagar una suma de US$300 millones a los empresarios que buscaban invertir en el megaproyecto de lujo Meritage, en Medellín, el cual estaría ubicado en unos lotes que en el pasado pertenecieron a estructuras del narcotráfico.
Los inversionistas, en representación del empresario Ángel Seda, señalaron ante ese Tribunal que fueron expropiados ilegalmente. En diálogo con este diario, Seda entregó algunos detalles sobre el laudo. Aseguró que la “corrupción al interior de la Fiscalía”, en la que un grupo de fiscales de la Dirección de Extinción de Dominio pedían coimas por devolver bienes, afectó el desarrollo del proyecto. Además, dio algunas puntadas sobre lo que viene en el caso.
En contexto: Colombia gana caso Meritage: se salva de pagar US$300 millones a inversionistas de EE. UU.
¿Cómo analiza la decisión final del CIADI que resultó a favor del Estado colombiano?
La demanda inició en junio de 2018 y entramos en la batalla con Colombia por varios años. El fondo que patrocinó la demanda decía que íbamos a ganar. En ese momento, en la Fiscalía aceptaron que al interior hubo escenarios de corrupción, pues tenían pruebas y un organigrama criminal en el que Andrea Malagón (exdirectora de Extinción de Dominio) y Alejandra Ardila Polo (fiscal del caso Meritage) pedían dinero para devolver propiedades que estaban embargadas. Esa corrupción fue la que causó daño al proyecto y, por ende, dijeron que iba a ser una responsabilidad del Estado. Nos reunimos con la fiscal Ana Catalina Noguera, quien dijo que el gobierno quería llegar a un acuerdo y que nos querían devolver el lote, pero respondimos que el daño ya estaba hecho. Nosotros teníamos cómo probar que en esas reuniones la Fiscalía aceptó que nosotros fuimos compradores de buena fe, y eso se lo entregamos al Tribunal como evidencia, pero no fue tenido en cuenta.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) utilizó un recurso conocido como “seguridad esencial”, lo cual habría sido el punto a favor de Colombia para ganar el caso. ¿Qué opina de esa figura?
Nos toca revisar cómo se aplicó esa figura en este escenario, si fue de buena fe o se aplicó para mentir y no perder. También tuvimos mala suerte porque Colombia invocó esta figura luego de que Ucrania y Rusia se fueran a la guerra. Cuando eso sucedió, las autoridades en Estados Unidos empezaron a confiscar yates, aviones, cuentas bancarias y apartamentos de oligarcas rusos. Cuando la comunidad internacional preguntó por qué se hicieron esas congelaciones si esos ciudadanos rusos no tenían cargos penales en su contra, Estados Unidos respondió: para proteger la seguridad nacional. Colombia replicó ese argumento. Colombia pidió a Estados Unidos, su otra parte en el tratado bilateral, responder un Non-disputing Party Submissions (un concepto en el que una figura que no es parte en la controversia puede ayudar al Tribunal a decidir aportando una perspectiva diferente a la de las partes) sobre la seguridad esencial.
Estados Unidos, entonces, respondió que esta figura puede ser utilizada en cualquier momento por el Estado y solamente un país puede determinar cuáles son sus riesgos de seguridad. Y la intención es que, si el Estado dice que hay riesgos contra la seguridad nacional, es así y debes aceptarlo, sí o sí. Ahí el Tribunal pierde jurisdicción y no hay nada que hacer. El mismo Tribunal dijo que cuando se invoca esa figura, teniendo en cuenta que ambas partes saben lo que significa, sus manos están esposadas. Esta fue la conclusión del CIADI, en ningún momento dijo que nosotros estemos involucrados en narcotráfico o en lavado de activos. Sin embargo, con esta decisión, Colombia va a perder mucha credibilidad internacional en relación con la inversión extranjera.
¿Cómo se dieron cuenta de la injerencia del narcotráfico sobre los terrenos?
Nosotros contratamos una firma que se llama Guidepost y a Crowe, una multinacional de investigación corporativa, que hicieron toda la labor investigativa. Por ejemplo, el lote que nosotros desarrollamos fue de 56 hectáreas, pero mientras más investigamos, nos dimos cuenta que el lote venía de una extensión de otro lote de 74. ¿Y las otras 18 hectáreas? Pues vemos que pertenecen a la familia de Iván López (narcotraficante extraditado en 2004), quien las terminó separando del lote original que compró. López, incluso, fue a la Fiscalía con un estudio de títulos, señalando ser comprador de buena fe. Eso está en el requerimiento de extinción de dominio. Es decir, nos dicen que nosotros no somos compradores de buena fe y nos quitan el lote, pero a él lo dejan como si nada.
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Cuando escucharon de la relación de Iván López con el predio, quien estuvo preso en Estados Unidos por narcotráfico y luego fue absuelto, ¿cuál fue la reacción de los inversionistas?
Cuando se mencionó que nosotros podríamos saber que Iván López era un narcotraficante porque era públicamente reconocido, entonces miramos la situación. Primero, Iván López no estaba y nunca ha estado en la titularidad del bien. Si uno mira los listados, él fue arrestado y condenado en 2004 y en 2007 fue absuelto en Estados Unidos. Él tiene cuentas de todos los bancos, tiene propiedad raíz en Estados Unidos y en Colombia y, aparte, cuando miras los medios abiertos, en el momento cuando compramos el bien, dice que fue absuelto por una Corte de apelación de la Florida. Dicen que el señor fue absuelto tras demostrar que no es narcotraficante, entonces ¿qué más esperan de nosotros?
¿Tienen pensado apelar la decisión del CIADI?
Hay un recurso de apelación, pero estamos analizando si vale la pena. Este tema ha sido ocho años de mi vida y he sido el protagonista representando a los inversionistas. Todo esto ha causado amenazas contra mi vida y me ha causado sacar a mis hijos del país. Estamos analizando si realmente vale la pena. Hay un momento donde uno dice que es mejor seguir adelante y dejar Colombia en el pasado.
Si llegan a utilizar el recurso de apelación, ¿cuáles serán sus argumentos?
Lo principal es que si nos acusan de narcotráfico o lavado de activos, es importante al menos tener algo de evidencia. ¿Cuántos cargos de lavado o narcotráfico tengo yo? Cero. No existen. Cuando dicen que esta demanda fue financiada por narcotraficantes, no presentan una sola prueba.
Usted ha argumentado haber adquirido el terreno de buena fe. No obstante, la Andje ha señalado que ganar la demanda es una decisión contra el crimen organizado y el narcotráfico. ¿Qué responde ante esas declaraciones?
No hay ni una sola prueba que demuestre que nosotros tengamos un vínculo con grupos criminales. Uno de los argumentos que Colombia dio ante el CIADI es que el arbitramento fue financiado con dinero del narcotráfico, pero no tienen ninguna prueba para demostrarlo. Nosotros sometimos a examinación del Tribunal quiénes fondearon la demanda. En su momento, entrevistamos muchas firmas de abogados y nos presentaron varios fondos de inversión. El que escogimos se llama Tenor Capital, uno de los tres fondos más grandes del mundo que financian demandas. Es una empresa segura, que está vigilada por la Comisión de Bolsa y Valores, en Nueva York. Todos los papeles sobre cómo se fondeó esa demanda fueron adjuntados ante el Tribunal.
El ahora exdirector de la Andje, Jhon Camargo, tras conocer el fallo, aseguró en entrevista con El Espectador que Colombia es un “lugar seguro para invertir”. ¿Opina lo mismo?
La Andje dijo que el fallo del Tribunal estaba de acuerdo con el argumento de la extinción de dominio, lo cual es completamente falso. Ellos dijeron que no tienen jurisdicción, pues se invocó la figura de seguridad esencial. Cuando ves esto como inversionista internacional, sumado a la corrupción, te das cuenta de que no hay herramientas para invertir. Una cosa es perder el 10% de una inversión por no hacer cálculos bien, pero otra cosa es perder el 100%. Los inversionistas que conozco, a raíz de este fallo, dicen que jamás van a considerar a Colombia como un lugar para invertir.
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