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Cuatro ministros, diez congresistas, dos exfuncionarios de alto nivel del Ejecutivo, tres asesores de despacho, dos exsubdirectores de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y un embajador. Esa es la dimensión de presuntos involucrados en el desfalco a la entidad que tiene como objetivo prevenir desastres y gestionar ayudas para los más vulnerables. El escándalo podría ser quizás el más intenso durante la administración del presidente Gustavo Petro, pues varias de sus fichas claves se han visto salpicadas -e incluso algunas han renunciado- por cuenta de los señalamientos de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la Unidad, que desde marzo pasado, en búsqueda de acuerdos a cambio de aportar información detallada al expediente, han echado al agua a más de un funcionario público.
López y Pinilla, quienes fueran las cabezas de la Unidad y posaban en fotografías en varios territorios entregando ayudas humanitarias y mercados, al mismo tiempo idearon una estrategia para desviar recursos del Estado a las arcas personales de congresistas, alcaldes, contratistas e incluso hacia sus propios bolsillos. Y aunque se habla de una serie de contratos irregulares hasta en nueve departamentos, la justicia, por ahora, entrega resultados por solo uno: el caso de los 40 carrotanques para llevar agua potable a La Guajira, el cual destapó -y frenó- otros convenios corruptos que venían detrás. La Fiscalía ha sumado otros dos hechos de corrupción en este mismo escenario: contratos para congresistas en algunas regiones y transferencias ilegales desde la Agencia Nacional de Tierras por hasta $100.000 millones a la Ungrd, un hecho que salpica a César Augusto Manrique, director del Departamento de Función Pública.
Cada uno de los implicados en este engranaje corrupto ha negado su participación, excepto los imputados -contando a Luis Eduardo López Rosero, o el Pastuso, contratista de los 40 vehículos- y han dicho que los exdirectivos de la Ungrd mienten. Sin embargo, desde que denuncias periodísticas comenzaron a poner la lupa sobre el asunto de los contratos ilegales, que derivaron en la renuncia de ambos, sus aportes a las investigaciones de la Fiscalía han sido cada vez más frecuentes. Durante la audiencia de imputación contra los tres procesados el pasado 25 de julio, en la que no aceptaron cargos, la Fiscalía volvió a hacer un recuento de los hechos con base en los testimonios de ambos exfuncionarios, que le dan forma a un panorama en el que, lo único claro, es que los implicados intentaron apropiarse de miles de millones de pesos.
Los contratos, punto de partida
Son varios los convenios que se habrían firmado al interior de la Ungrd con los que se buscaba beneficiar a diferentes personalidades. El primero, y tal vez el que definió el punto de partida del escándalo, tiene que ver con la adquisición de los 40 carrotanques que llevarían agua a La Guajira. Este cayó en manos de Luis Eduardo López Rosero a través de una empresa de su propiedad: Impoamericana Rogers SAS. Durante la búsqueda de una compañía que atendiera la emergencia de sed en ese departamento, la Ungrd analizó varias empresas, todas vinculadas a López Rosero. Según la Fiscalía, el Pastuso habría acordado coimas de hasta un 13% del contrato a Olmedo López y un 1% a Sneyder Pinilla, solo si los ahora exfuncionarios le adjudicaban el contrato a una de sus empresas.
Durante la audiencia de imputación de cargos, la fiscal Andrea Muñoz, una de las encargadas de llevar la batuta de las pesquisas en el entramado de corrupción de los carrotanques, señaló: “Usted, Luis Eduardo López, utilizó sus empresas Luket SAS, Brands SAS, Impoamericana Rogers SAS, Proyectos RML y Kalmo SAS para aparentar una escogencia aleatoria de las empresas invitadas a cotizar, lo cual estaba previamente acordado con Sneyder Pinilla, Olmedo López, Pedro Rodríguez Melo y otros contratistas y funcionarios”. El nombre de Rodríguez Melo no es nuevo en el entramado, pues era parte del organigrama jurídico de la entidad y era un hombre cercano a Olmedo López.
El contrato de los vehículos, ya adjudicado al Pastuso, fue firmado por un valor total de $46.800 millones. No obstante, luego de que la Fiscalía escarbara en la trazabilidad del dinero, encontró que ese convenio había tenido un sobrecosto de hasta $14.163 millones. Ese exceso de gasto habría sido la caja menor tanto de López como de Pinilla y el contratista. El exdirector de la Ungrd, de acuerdo con la Fiscalía, se quedó con $724 millones, mientras que Pinilla se embolsilló cerca de $342 millones. López Rosero, quien buscaba a toda costa quedarse con el convenio de los carrotanques, recibió la mayor parte: $7.821 millones. Sin embargo, estos no fueron los únicos montos por los cuales se habrían pagado coimas o sobornos.
A través de varias órdenes de proveeduría, que también fueron pagadas con el dinero que salió del contrato para la adquisición de carrotanques, Sneyder Pinilla recibió $5.342 millones adicionales a modo de préstamo. Estos recursos no tenían otro objetivo más que llegar a bolsillos de congresistas. Y no de cualquiera. De acuerdo con Pinilla, una vez recibió ese dinero, ya tenía una instrucción de cómo debía ser repartido: $3.000 millones para el expresidente del Senado Iván Name, $1.000 millones para el expresidente de la Cámara Andrés Calle, otros $1.000 millones para el asesor jurídico Pedro Rodríguez Melo y, además, debía pagar una comisión de $276 millones por el préstamo. Para la Fiscalía, con base en los testimonios de ambos exfuncionarios, esa instrucción fue impartida por el mismo Carlos Ramón González, exdirector Nacional de Inteligencia, quien renunció a su cargo por estar señalado como partícipe del entramado, aunque ha insistido en su “inocencia irrefutable”.
En video: Escándalo de la UNGRD: claves para entender el caso
Ambos sobornos habrían sido pactados por Pinilla, quien señaló recibir órdenes para ejecutar los pagos por parte de su jefe, Olmedo López. El exdirector, a su vez, señala que también recibía instrucción de González, entonces director del Dapre. Las investigaciones arrojan que Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, fue quien se encargó de mediar entre Pinilla y Name para la entrega del dinero. Para cuadrar la entrega del soborno, dice la Fiscalía, se agendaron reuniones en el Hotel Tequendama de Bogotá, coordinadas por Olmedo López, y en las que Pinilla y Ortiz se encontraron en dos oportunidades. En cada reunión, un día tras otro, el exsubdirector le entregó primero $1.500 millones y luego los $1.500 restantes.
De hecho, según un documento de investigación de la Fiscalía, luego de tomar la declaración de Olmedo López, reseñó que la orden de Carlos Ramón González para beneficiar a los expresidentes del Legislativo iba más allá, pues, además, “debían cumplirles con unos contratos por montos de $60.000 millones y $10.000 millones” a las cabezas del Congreso. Esos contratos, no obstante, no se entregaron. Estos no son los únicos convenios por los cuales han aparecido mencionados en documentos judiciales algunos funcionarios del Ejecutivo. Según Sneyder Pinilla, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, habría sido insistente en que se agilizaran tres contratos en Saravena (Arauca), Cotorra (Córdoba) y Carmen de Bolívar (Bolívar).
Entre chats vienen y chats van, asesores de esa cartera, como María Alejandra Benavides, y también del Dapre, como Jaime Ramírez Cobo, preguntaron con insistencia por los contratos. Pinilla, según su testimonio, les dio agilidad a esos convenios al comunicarse con funcionarios de cada uno de esos municipios. El exsubdirector les pidió que, para que se pudieran ejecutar los contratos con sobrecostos, era necesario argumentar emergencias, las cuales los mandatarios locales falsificaron: en Cotorra se solicitó la emergencia por una corrección en el sistema de drenaje, por $50.000 millones. Entretanto, en Saravena señalaron que se necesitaban $30.000 millones para prevenir inundaciones por lluvias. Y en el Carmen de Bolívar dijeron necesitar $12.000 millones para obras de mitigación por erosión en el corregimiento de El Salado.
Estos tres convenios, que suman $92.000 millones, no solo buscaban ser entregados a los alcaldes. El testimonio de Pinilla apunta directamente al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien en la última semana ha dicho que no tiene nada que ver y que las irregularidades “las cometieron otros”. El titular de la cartera, al parecer, habría pedido que se ejecutaran esos contratos con urgencia para favorecer a senadores y representantes de las comisiones terceras del Legislativo. Los nombres, apuntados en la libreta de de Olmedo López, quien ha confirmado esa información, serían los de: Wadith Manzur, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz, Julio Elías Chagüi y Karen Manrique, quienes buscaban réditos de esos contratos corruptos.
Más detalles: Las caras de las fichas claves de la política en la corrupción de la Ungrd
Los “cónclaves”
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ya tiene bajo la lupa a los parlamentarios, pero en expedientes diferentes, pues uno corresponde al de los expresidentes Name y Calle, otro a Wadith Manzur -quien fue mencionado hace más tiempo por Olmedo López- y un tercero en contra de los seis congresistas restantes. Los legisladores, de hecho, habrían sido todo un tema de conversación durante los “cónclaves” en los que se habría acordado la entrega de contratos. Ese término, que se ha vuelto popular en las últimas semanas, fue mencionado por Olmedo López para referirse a las reuniones entre funcionarios y ministros.
De acuerdo con el documento de investigación de la Fiscalía, que funcionó como soporte para imputar a López, Pinilla y el Pastuso por cinco delitos -concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación en favor propio o de terceros, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado- y que está en poder de este diario, Ricardo Bonilla “se encargó de aprobar mediante resolución $700.000 millones para los recursos de la Ungrd, los cuales, al parecer, tenían una destinación específica y fue parte de la reunión de ministros, denominada como ‘cónclave’ (…) indicó que había que comprar a seis congresistas de la Comisión de Crédito Público y lograr mantener y sacar provecho de los empréstitos y proyectos que tuvieran con el Ministerio en esa comisión”.
El documento también menciona lo que sería la presunta participación del exministro del Interior Luis Fernando Velasco durante estas reuniones secretas, las cuales se realizaron tanto en la Casa de Nariño -el 27 de noviembre de 2023- como en la oficina, según López, del ministro de Hacienda. “Para la época de los hechos, el ministro del Interior (…) hizo parte de la reunión de ministros que (Olmedo López) denomina como ‘cónclave’ e indicó que había que cumplirles a los congresistas, porque había que comprar congresistas, a cambio de que votaran leyes”, señala el documento, el cual consigna los testimonios y aportes del exdirector de la Ungrd.
A los famosos “cónclaves” también habría asistido Felipe Henao, asesor del Ministerio del Interior, quien, de acuerdo con López, tuvo un interés en algunos legisladores. Sin embargo, Henao no habría buscado beneficiarlos, sino “cerrarles las puertas de la Ungrd porque no votaron en una de las convocatorias del partido”. Estos legisladores serían parte del Pacto Histórico. Los nombres del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y la titular de la cartera de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, también salieron reseñados en los testimonios del exdirector de la Ungrd. Ambos han dicho que no estuvieron ligados a hechos corruptos y que asisten a varias reuniones ministeriales donde discuten “otros temas”.
Imputados, ¿y ahora?
Ninguno de los tres imputados aceptó los cargos que formuló el ente investigador, por lo que, ahora deberán esperar a la audiencia de medida de aseguramiento el próximo 7 de agosto. “Van presos y luego la Fiscalía decide qué acepta y qué no”, señaló una fuente que conoce a profundidad los detalles del caso. Respecto a lo que puede aceptar el ente de control, tiene que ver con los acuerdos que han estado buscando cada uno de los confesos responsables del entramado. Por ejemplo, en el caso de Olmedo López, busca una pena de seis años, Pinilla de cinco años y el Pastuso de cuatro años.
Fuentes de la Fiscalía le dijeron a este diario que uno de los puntos de atención es la devolución del dinero que se habrían apropiado de forma ilegal los tres imputados. Si bien se han mencionado varios montos, quienes conocen los pormenores del asunto le dijeron a El Espectador que en el caso del exdirector de la Unidad se devolverán más de $1.500 millones, mientras que Pinilla devolvería cerca de $300 millones. López Rosero, por su parte, tiene pensado entregar alrededor de $4.000 millones, pero está en tela de juicio qué pasará con los otros $3.821 millones que se apropió.
Los tres han estado detrás de un principio de oportunidad para buscar beneficios en sus procesos y han dejado estas propuestas sobre el escritorio del grupo de fiscales que llevan el caso, encabezado por la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño. Sin embargo, la titular del ente investigador, Luz Adriana Camargo, en entrevista con este diario, confirmó que esos montos de pena no son fijos, y el ente de control puede estudiar si otorgarlos o no, de acuerdo con la información que entregaron durante las investigaciones. Además, señaló las negociaciones con cada uno de los imputados no están afectadas, aunque hayan salido en repetidas ocasiones a los medios de comunicación a dar detalles reservados.
El siguiente paso en este extenso escenario judicial se podrá conocer el próximo 7 de agosto, cuando se defina la medida de aseguramiento en contra de López, Pinilla y el Pastuso. Durante esa diligencia, confirmó la titular del ente investigador, “la Fiscalía va a mostrar alguna parte de las pruebas que tiene”. No obstante, nuevos nombres, como el del embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, sacuden a la Casa de Nariño, por tratarse, además, de personalidades cercanas al proyecto político del presidente Petro. Todo está por verse en un caso que, hasta ahora, ha llevado ante la justicia a tres implicados por un solo contrato. Aún faltan más.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Santiago Díaz Gamboa
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