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Luego de más de cinco meses de incertidumbre, los confesos responsables del desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) fueron llamados a pagar sus penas por delitos de corrupción en un centro carcelario de manera preventiva. La solicitud fue elevada por la Fiscalía durante la audiencia de medida de aseguramiento que tuvo lugar este miércoles ante el juzgado 35 de control de garantías de Bogotá, frente al cual, además, el ente investigador pidió que Olmedo López Martínez, exdirector de la Ungrd; Sneyder Pinilla Álvarez, exsubdirector para el Manejo de Desastres de la misma entidad y Luis Eduardo López Rosero, el contratista que se vio beneficiado con la compra de 40 carrotanques para llevar agua a La Guajira, purguen sus condenas en bases militares. Esto por cuenta de un “alto riesgo” debido a sus testimonios ante la justicia, en los que han salpicado a varios funcionarios del gobierno, contratistas y legisladores.
Durante al menos seis horas, la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, puso sobre la mesa algunas de las pruebas que ha tenido en cuenta la Fiscalía, desde chats y documentos hasta apartados del interrogatorio de Olmedo López en las instalaciones del búnker, para darle forma al entramado de contratación irregular y desviación de recursos en la Unidad. En sus palabras, los tres imputados son “un peligro para la comunidad”, por lo que, a su juicio, deben ir a prisión mientras se define si el ente investigador les concede el beneficio de principio de oportunidad, el cual han estado buscando desde que iniciaron a entregar información del engranaje a cambio de beneficios penales en sus casos.
Las preocupaciones de la Fiscalía para pedir medida de aseguramiento en contra de los tres imputados van mucho más allá. Durante su intervención, la fiscal delegada ante el alto tribunal señaló que existe la posibilidad de que las pruebas que acompañan el expediente puedan ser modificadas si los exdirectivos de la Ungrd y el contratista quedan en libertad, pues “se ha determinado la probabilidad de la continuidad de la labor delictiva”. Para el ente investigador, la alteración del material probatorio es un hecho que no es nuevo. Durante un interrogatorio ante la Fiscalía, Sneyder Pinilla reconoció haber borrado algunos chats de WhatsApp “que comprometían la responsabilidad de los procesados en los delitos increpados”. Además, añadió un detalle hasta ahora desconocido: cerca de 69 cajas con documentos de la Unidad respecto a otros contratos no aparecen y denunció que estos estarían siendo refundidos por contratistas.
“La urgencia de la imposición de medida de aseguramiento requerida surge en el caso concreto de la necesidad apremiante de proteger y evitar la transgresión, manipulación y adulteración de las pruebas (…) La organización criminal no ha sido desmantelada por completo. Estando en libertad (Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López) pueden tener contacto con los otros miembros de la organización”, agregó la fiscal Patiño. Para el ente investigador es determinante que tanto los exfuncionarios, así como el contratista -conocido como el Pastuso-, continúen el proceso bajo la medida de detención, pues, según los representantes del búnker, las salidas a medios de comunicación de Olmedo López y Sndeyder Pinilla han torpedeado etapas de investigación.
Conozca los momentos clave de la audiencia: Fiscalía pidió que Olmedo López, Sneyder Pinilla y el “Pastuso” vayan a prisión
César Manrique y Carlos Ramón González, fichas clave para el ente investigador
Antes de solicitar la medida de aseguramiento en contra de los ahora imputados exfuncionarios y el Pastuso, la Fiscalía presentó un organigrama de las cabezas del desfalco a la Unidad, en el que, a la par de Olmedo López, aparece César Manrique Soacha, jefe del departamento de la Función Pública. De acuerdo con ese esquema que dibuja a los cerebros del entramado, desde mayo de 2023 hasta marzo de 2024, Olmedo López, Sneyder Pinilla, Pedro Rodríguez Melo (asesor jurídico de la dirección de la Unidad) y Luis Carlos Barreto Gantiva (exsubdirector de la Ungrd), así como el propio Manrique, “habrían acordado generar una empresa criminal para cometer delitos contra la administración pública interesándose indebidamente en las modalidades de contratación privadas de la Ungrd”.
Las pesquisas determinaron que Olmedo López habría gestionado con Luis Carlos Barreto el traslado de $100.000 millones desde la Agencia Nacional de Tierras (ANT) a raíz de un convenio con la Ungrd, un hecho que se habría adelantado con el visto bueno de Manrique. Cuando el dinero fuese aprobado, “en contraprestación, Olmedo López permitiría que direccionaran la contratación a empresarios cercanos para que suministraran plantas desalinizadoras, plantas de almacenamiento, molinos, jagüeyes, carrotanques y pozos subterráneos”, todo a cambio de coimas. El pasado 25 de julio, durante la audiencia de imputación de cargos en contra de los exdirectivos de la Ungrd y el Pastuso, la Fiscalía señaló a Olmedo López por estas gestiones y puso por primera vez el nombre de Manrique en el entramado: “Usted acordó con César Manrique, jefe político de Luis Carlos Barreto, el pago de coimas a cambio de colaboración para lograr el traslado de la reducción de los $100.000 millones que la Ungrd tenía en convenio con la ANT”.
Como contó El Espectador, Manrique habría recomendado la hoja de vida de Barreto como subdirector para el Conocimiento del Riesgo, y, una vez posesionado, ambos iniciaron las gestiones para conseguir los $100.000 millones producto del convenio entre la Ungrd y la ANT. Con ese dinero, dice el ente investigador, ambos funcionarios buscaban amañar siete contratos de los cuales sacarían réditos con la ayuda de Olmedo López y Sneyder Pinilla. Los recursos con origen del convenio con la ANT fueron direccionados a Barreto, quien en compañía de César Manrique, “conseguirían los contratistas a cambio de una coima equivalente al 7% del valor de cada contrato para Olmedo López, quien a su vez lo repartiría con Sneyder Pinilla y los otros funcionarios de la Ungrd que participaron en la tramitación de la actuación ilícita”, añadió la Fiscalía durante la diligencia.
En contexto: Ungrd: Las pruebas contra otro alto exfuncionario y el director de Función Pública
El nombre de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y quien salió el pasado 26 de julio de la dirección nacional de Inteligencia, también ocupó gran parte de la diligenica. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, entre el 18 y el 21 de septiembre, el entonces director del Dapre le solicitó a Olmedo López que se “cumpliera” con contratos de $60.000 millones para el entonces presidente del Senado, Iván Name, y otros convenios por más de $10.000 millones para su par en la Cámara de Representantes, Andrés Calle. La Fiscalía, basándose en las pruebas e interrogatorios presentados por Olmedo López, señaló que estos pactos se dieron en reuniones presenciales en la Casa de Nariño a principios de noviembre de 2023 con el exdirector del Dapre.
No obstante, en lugar de contratos, los legisladores habrían recibido sobornos por $4.000 millones: un total de $3.000 millones para Name (que le fueron entregados por Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones) y $1.000 millones para Calle (los cuales entregó el propio Sneyder Pinilla en el aprtamento del representante en Montería). Esto, dice el ente acusador, por una orden que fue trasladada desde la oficina de Carlos Ramón González al despacho de Olmedo López. Estos sobornos, según exfuncionarios de la Ungrd, fueron pactados para que ambas cabezas del Legislativo le dieran celeridad a las reformas del gobierno de Gustavo Petro en el Congreso.
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La trazabilidad y apropiación del dinero
Durante la diligencia, otro asunto crucial fue la ruta que siguió la Fiscalía entorno a los dineros apropiados de manera ilegal. A través de 21 órdenes de proveeduría se direccionaron contratos por cerca de $228.000 millones y uno de esos convenios fue crucial para destapar el entramado: el de los 40 carrotanques para llevar agua potable a La Guajira. Las pesquisas adelantadas por el ente investigador dan cuenta que el contrato adjudicado a la empresa del Pastuso, Impoamericana Rogers SAS por los 40 vehiculos, tuvo un costo total de $46.800 millones. Luego de restarle $9.035 millones por concepto de impuestos, el total quedó en $37.764 millones. A ese valor, dice la Fiscalía, se le restaron otros $23.600 millones por costos legales para la operación y con lo que se supone no debería haber más gastos. Sin embargo, luego de restar esos conceptos, se evidencia un total de más de $14.163 millones, el cual corresponde al sobrecosto del contrato de los carrotanques. De esa suma, de acuerdo con la Fiscalía, habrían salido los recursos para coimas y sobornos.
Con base en el sobrecosto de $14.163 millones, la Fiscalía precisó que un total de $7.821 millones fueron a parar a los bolsillos del Pastuso y $6.342 millones fueron destinados para el pago de coimas a servidores públicos. De esos $6.342 millones, estableció la Fiscalía, un total de $3.000 millones fueron entregados al expresidente del Senado, Iván Name; $1.000 millones al expresidente de la Cámara, Andrés Calle; $724 millones para Olmedo López; $342 millones para Sneyder Pinilla y otros $276 millones como intereses de un préstamo solicitado por el mismo Pinilla. Eso suma un total de $5.342 millones. Los $1.000 restantes, entonces, fueron entregados a Pedro Rodríguez Melo, exasesor jurídico del despacho de Olmedo López, y quien recomendó al Pastuso para el contrato de los carrotanques. Rodríguez Melo, a su vez, fue recomendando para el cargo por el actual embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero.
Con todos estos elementos en mano, la Fiscalía pidió enviar a los confesos implicados a bases militares para que paguen su pena, la cual podría llegar hasta los 22 años. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, el juzgado 35 aplazó la decisión para el próximo 31 de agosto, en la segunda parte de la diligencia, cuando se conocerá el lugar de reclusión de López, Pinilla y el Pastuso.
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Por Santiago Díaz Gamboa
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