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Ya empezó la tormenta de recursos judiciales que buscan tumbar el decreto que firmó el presidente Gustavo Petro este 11 de junio para convocar a una consulta popular. Este camino jurídico para tumbar esa iniciativa estaba cantada, pues, en teoría, es la única manera de frenar el intento del Ejecutivo por llevar a las urnas su reforma laboral.
El camino de la denuncia contra los ministros
Por ahora se sabe que la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, denunció a todos los ministros del gabinete por prevaricato. Un delito imputable a los funcionarios públicos que toman una decisión arbitraria a sabiendas de que incurren en acciones injustas o contrarias a la ley. En el recurso, la congresista pidió investigar la supuesta extralimitación del Gobierno al convocar la consulta, sin el aval del Senado.
(Le recomendamos leer: ¿Hay prevaricato? Expertos hablan sobre la firma de ministros al decreto de consulta)
El recurso de la senadora es en contra de todos los ministros de Petro, pues para un decreto de esta naturaleza, el presidente necesitaba la firma de todo su gabinete. Según la denuncia, los ministros sabían perfectamente que, poniendo su nombre en el decreto, estaban cometiendo un acto arbitrario, por eso, habrían cometido el delito de prevaricato.
Lo que sostiene Valencia es que el Ejecutivo no puede tomar esas decisiones de convocar a una consulta popular si no tiene el aval del Senado. Para el gobierno, sí puede hacerlo, pues la cámara alta cometió varias irregularidades al rechazar su petición para organizar la consulta y, por eso, puede tomar decisiones sobre el tema.
La denuncia que radicó Valencia ante la Fiscalía sería la primera, pero no la última que va a llegar en contra de los ministros. Varios colegas de su partido, pero también de otros movimientos, así como ciudadanos en redes sociales, dicen estar listos para denunciar los mismos hechos y así frenar el decretazo.
Además de los ministros, abogados y congresistas alistan denuncias contra el propio presidente Gustavo Petro, recursos que serán radicados ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, la instancia que puede investigar y acusar al jefe de Estado en asuntos penales.
Quien estaba listo para sumarse a esta lluvia de recursos era el senador Miguel Uribe. Cinco días después de ser la víctima de un sicario en el barrio Modelia de Bogotá, el equipo de trabajo del precandidato presidencial publicó un video en sus redes sociales en el que, horas antes de ser atacado, grabó un video anunciando que denunciaría a los ministros y al presidente Petro.
Las demandas al decretazo
Además de las denuncias, desde ya también se avizora una lluvia de demandas en contra el documento a través del cual Petro busca convocar la consulta popular. Estas son administrativas y, en consecuencias, piden la nulidad del decreto (que es un acto administrativo). Esos recursos son revisados por el Consejo de Estado.
La senadora Valencia escribió en su cuenta de X que también está lista para demandar el decreto. De nuevo, aquí los argumentos son muy similares a los de la denuncia. La diferencia es que no busca culpas, sino que el alto tribunal tumbe por ilegal el decreto.
Quienes ya se adelantaron en esta tarea fueron el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, y el exministro de Justicia del gobierno Dique, Wilson Ruiz. Lo que sostiene el recurso es que el decreto debe declararse nulo porque es inconstitucional. Para los demandantes, el presidente no tiene por qué tomar decisiones que, en teoría, deberían ser del resorte de los jueces.
En este caso puntual, Briceño y Ruiz hacen referencia a que Petro, para firmar el polémico decreto, argumentó que el Senado, al no aprobar su consulta popular, cometió una irregularidad tan grande que el jefe de Estado puede declarar esa decisión como inconstitucional. Una posición que varios juristas han criticado en los últimos días, pues, en teoría, esas decisiones solo las pueden tomar jueces. No un presidente.
La demanda fue radicada ante la Sección Primera del Consejo de Estado y, en ella, los firmantes agregaron una solicitud adicional: que el alto tribunal ordene una medida cautelar para que suspenda el decreto, mientras toma una decisión de fondo. Esto será lo primero que tendrán que resolver los magistrados de la sala.
¿Y la tutela en dónde queda?
Además de la denuncia y la demanda, para frenar el decreto del presidente Petro también podría haber espacio para que una tutela ordene suspenderlo y, eventualmente, dejarlo sin efectos. Este camino, sin embargo, no es tan claro como los dos anteriores, pues el tutelante tendría que demostrar por qué el decretazo vulnera sus derechos fundamentales.
En todo caso, sí podría ser un camino que frenara la intención del Ejecutivo, solo que la argumentación jurídica tendría que ser clara, no solo para probar esa violación de los derechos, sino también porque tendría que explicar por qué es un asunto inminente y requiere de la intervención urgente de un juez de tutela.
¿Por qué el presidente Petro insiste en la revisión de la Corte Constitucional?
Aquí el camino se vuelve un poco turbio, pues juristas consultados para este artículo explicaron que el argumento del Ejecutivo de pedirle revisión a la Corte Constitucional no es del todo claro. Luego de firmar el decreto, el propio presidente escribió en su cuenta de X que le enviaría el documento al alto tribunal y, desde Cali y en plena plaza pública, le pidió que lo revise.
Esa petición no es del todo clara, pues, según la Constitución, la Corte puede revisar las consultas populares, y supervisar que hayan sido debida y legalmente convocadas y realizadas, solo después de que se hayan realizado. Antes, aseguran expertos, las posibles irregularidades solo las podría revisar el Consejo de Estado, precisamente a través de demandas como las que anunció Valencia y Uribe, o la que presentó Briceño y Orjuela.
Según juristas consultados por este diario, Que el presidente Petro insista en que la Corte Constitucional revise su decreto puede responder a dos lógicas. La primera, que esté “forzando” a que el alto tribunal le dé el visto bueno a su propuesta y estudie su viabilidad, aunque jurídicamente no tiene cómo hacerlo (ningún juez puede atribuirse tareas que no le están explícitamente encomendadas por la ley).
Y la segunda, que esté buscando “confundir” a los votantes para “crear un escenario en el que todo está permitido y la Corte Constitucional tiene la palabra, aun cuando esto signifique que la tendrá después de la votación”. El debate jurídico está al orden del día en este escenario político inventado por el presidente Petro, y su ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, autor intelectual del decreto.
En los próximos días seguirán acumulándose las denuncias y demandas que, eventualmente, serán agrupadas para poder estudiarlas todas y resolver presuntas responsabilidades penales o nulidades administrativas. La expectativa está puesta en si el Consejo de Estado frena la intención de Petro, ordenando medidas cautelares. El único camino, al menos por ahora, para ponerle freno de mano al decretazo.
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