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La elección del reemplazo de Margarita Cabello Blanco como líder de la Procuraduría está entrando en su recta final. La Presidencia de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado están próximos a elegir cada una a su candidato para conformar la terna que votará el Senado en septiembre para escoger al siguiente jefe del Ministerio Público. Las siguientes semanas serán vitales para el proceso y cada aspirante sigue en campaña para convencer a los magistrados de las altas cortes para que les den su voto. El Espectador conoció, en medio de esa carrera, una demanda contra la Nación que tiene como uno de sus actores a un peso pesado que busca llegar a manejar las riendas del ente de control: el exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao.
El Consejo de Estado tiene ya a sus 10 finalistas y dentro de esos nombres está la exdirectora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (Andje) Martha Lucía Zamora, la excontralora general Sandra Morelli y el exministro Henao, entre otros. Todos buscan que los magistrados les den sus votos para liderar la Procuraduría y sus envidiables hojas de vida los perfilan como juristas del más alto nivel. Precisamente, esa preparación fue la que llevó a que la empresa que controla el Puerto de Buenaventura (Valle del Cauca) desde hace más de 15 años eligiera a Henao para defender sus intereses en una demanda que adelantan contra la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
El Grupo Portuario S.A. es una compañía que desde octubre de 2005 opera y hasta diciembre de 2025 administrará el puerto marítimo de Buenaventura (Valle). Sin embargo, busca tener el control del lugar por 20 años más, a pesar de que el Estado colombiano ya ha dicho en al menos dos ocasiones —una de esas públicamente por el mismo presidente Gustavo Petro— que el acuerdo entre la Nación y la empresa no va más. Es allí donde aparece Henao, pues este diario conoció la demanda de 50 páginas que fue presentada en el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en la que el exministro firma como abogado de los demandantes que van con todo en contra de la ANI.
La versión que defiende el exministro y ahora candidato a procurador general es que la Agencia incumplió acuerdos que se habían hecho con Grupo Portuario S.A., para el manejo del Puerto de Buenaventura. Todo este pleito arrancó, porque en enero de 2022 la compañía le presentó a la ANI una solicitud para que se prorrogara la concesión que el Estado les dio y extenderla dos décadas, pues el convenio acaba en diciembre del próximo año. Además, el Grupo buscaba expandir el Muelle 13 del Puerto, para que, dentro de otras cosas, pudieran llegar barcos más grandes. Tras meses de negociación, la ANI expidió en diciembre una resolución con la que le dio luz verde a la prórroga.
En menos de una semana el Estado se echó para atrás y la ANI sacó otra resolución en enero de 2024, con la que dejaron sin efecto la prórroga porque, según argumentaron, podrían generar “importantes afectaciones ambientales negativas en el territorio”. Además, en marzo de este año, con una tercera resolución, la Agencia confirmó la decisión de no dar la prórroga. Según la demanda presentada al Tribunal Administrativo del Valle, esas decisiones se tomaron “vulnerando el debido proceso; sin competencia; desconociendo el derecho de audiencia y de defensa; constituye una desviación de poder y un abuso del derecho; y adolece de falta y falsa motivación, todo lo cual conduce además a un grave incumplimiento contractual, generador de graves perjuicios para el Grupo Portuario y para la Nación”.
Esta demanda que presenta ahora Henao no es el primer intento de Grupo Portuario S.A. en el campo judicial para conseguir la prórroga. Adelantó otra ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que en abril pasado le dio una negativa a sus aspiraciones. De allí, Henao escaló el caso hasta el Consejo de Estado, misma corte por la que en estos momentos busca ser ternado para procurador general. La Sección Quinta del Consejo confirmó la decisión del Tribunal Administrativo y desestimaron la reclamación de los inversionistas, porque encontraron que la resolución del 23 de diciembre de 2023, con la que la ANI le dio inicialmente luz verde a la prórroga, “no está vigente”.
Aunque no ha tenido victorias en este caso, Henao comparte postura con la entidad que espera liderar desde enero de 2025. En abril de este año, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra el ministro de Transporte, William Fernando Camargo Triana. El Ministerio Público indaga sobre “presuntas irregularidades en la decisión de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) de revocar la concesión portuaria que días antes le había sido adjudicada al Grupo Portuario S.A.”. Para el ente de control, la decisión que reversó la prórroga se tomó, aparentemente, desconociendo un concepto “emitido por el Establecimiento Público Ambiental (EPA), máxima autoridad ambiental en el área urbana y suburbana del distrito”.
Por ahora, Henao se concentra en defender su candidatura en el Consejo de Estado, donde se tendrá que presentar en una audiencia pública este miércoles 28 de agosto. Su atención, por ahora, está en esa aspiración, sin dejar de lado el millonario pleito que podría costarle USD$27′040.745 a la Nación. Y, asegura, que en caso de convertirse en procurador general, llevará el caso los tres meses que le queden antes de asumir las riendas del Ministerio Público en enero del próximo año, cuando Margarita Cabello deje su despacho.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Jhordan C. Rodríguez
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