Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
A pesar de la documentada barbarie de las autodefensas en Urabá y Córdoba desde los años 80, el país todavía no conoce toda la verdad de ese desangre ni los entretelones políticos y militares que se tejieron para consolidar ese proyecto paramilitar y el exterminio de la Unión Patriótica. En un documento de 656 páginas conocido por El Espectador, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) logró reconstruir e identificar los patrones de criminalidad que instalaron los ejércitos privados de la casa Castaño para borrar de esa región todo lo que fuera asociado con grupos de izquierda. Las alianzas con la Fuerza Pública y la aparición de las Convivir como mecanismo para legalizar esa máquina de guerra, así como la aquiescencia de buena parte del sector privado y dirigentes políticos de la época, permitieron la expansión de ese modelo homicida a casi todo el territorio colombiano.
Luego de un minucioso arqueo documental, la JEP determinó que por lo menos 58 miembros de las autodefensas pertenecieron a las Convivir en el Urabá antioqueño y Córdoba, y que, desde sus cuadros directivos y enlaces con las brigadas 17 y 11, convirtieron esa región en el gran laboratorio del paramilitarismo. Fue el epílogo de la encarnación de la Doctrina de Seguridad Nacional de Washington, que hizo carrera durante la Guerra Fría y que llevó a la persecución de cualquier organización civil y política que fuera relacionada con el comunismo. En esencia, la “legalización” de la guerra sucia bajo la peregrina figura militarista del “enemigo interno” que ya había sido implementada en los tiempos del Estatuto de Seguridad de Julio César Turbay y luego en la organización criminal conocida como Muerte A Secuestradores (MAS), en cuya trasescena estaba el narcotráfico.
No obstante estos antecedentes, y las denuncias de violaciones de derechos humanos –para finales de la década de los 80 ya operaban en Colombia 140 grupos paramilitares–, a comienzos de los años 90 cobraron protagonismo nuevas normas para reforzar la idea de la seguridad privada, pero solo hasta abril 1995 se concretaron las Convivir. Desde el principio, organizaciones de derechos humanos, expertos en el conflicto, la Embajada de Estados Unidos y hasta la prensa alertaron sobre el monstruo de mil cabezas que estaban auspiciando el gobierno de Ernesto Samper y autoridades regionales como Álvaro Uribe Vélez en Antioquia. El documento de la JEP recuerda todas las justificaciones de los políticos de la época sobre las supuestas bondades de las Convivir en donde, como cosa particular, se resaltaba que dichas asociaciones estarían conformadas por “gente de bien”.
Con este folleto las Convivir explicaron a la comunidad qué tareas debían cumplir; cómo debían articularse con el Ejército y cuál era su finalidad:
Hubo debates en el Congreso con oposiciones férreas y defensas enconadas. Quizás una de las más recordadas (por quien la pronunció, por lo que dijo y por lo que numerosos expedientes judiciales determinaron años después) fue la que dio uno de los gestores del paramilitarismo en Colombia, Víctor Carranza. En una sesión parlamentaria en la que fue presentado como un empresario de esmeraldas, señaló: “Si la guerrilla arrecia su ofensiva, los colombianos deberían reunirse alrededor de las Convivir y sus fuerzas armadas”. El propio Álvaro Uribe en una entrevista a la revista Alternativa en 1996 sostuvo: “Yo creo que las Convivir ayudan a contener la acción de la guerrilla y a evitar la expansión del paramilitarismo”. Su secretario de gobierno, Pedro Juan Moreno, quien según Salvatore Mancuso era de las entrañas del proyecto paramilitar, también las defendió.
Luego de cruzar toda la información sobre la génesis de las Convivir y dónde se ubicaron en el Urabá antioqueño y Córdoba, la JEP hizo un ejercicio de georreferenciación de estas asociaciones, los campamentos paramilitares y la ubicación de batallones y brigadas en esa región. La conclusión es que la mayoría trabajaban articuladamente y que resultaba inadmisible que las autoridades no se percataran de que todos tenían la misma camiseta. El despacho del magistrado relator, Gustavo Salazar, construyó una base de datos sobre 36 Convivir integradas por 248 personas. La cuarta parte de esos miembros eran paramilitares activos o enlaces de las autodefensas. Ocho exparamilitares interrogados por la JEP señalaron con lujo de detalles cómo utilizaron a las Convivir para multiplicar el aparato de represión criminal y asesino que acabó con la UP.
El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso creó la Convivir Horizonte Ltda., uno de los paraguas del proyecto de los hermanos Vicente y Carlos Castaño Gil en Córdoba, y en cuyo discurso público se agazapaba el paramilitarismo que ordenaba asesinatos, desplazamientos y masacres desde el corazón del nudo de Paramillo. “Todo el mundo sabe que las Convivir fueron creadas por nosotros y manejadas por nosotros”, relató el excomandante de las autodefensas Hébert Veloza, alias “HH”. Según dijo, las Convivir fueron creadas para legalizar el cobro de impuestos a distintas empresas, en especial bananeras, pues por muy afines que fueran al proyecto paramilitar, debían justificar en sus contabilidades esos dineros. Las Convivir legalizaron estos aportes. “Con esos dineros se mataron sindicalistas, se compraron armas y se pagaron bonificaciones para los muchachos”, agregó “HH”.
Con este mapa, la JEP mostró la densidad de masacres entre 1995 y 1997 en áreas donde había bases paramilitares:
Raúl Hasbún, el gran articulador de las Convivir en Urabá, confesó que, en 1995, cuando fue a la Gobernación de Antioquia a hablar con Pedro Juan Moreno para pedir la autorización para crear una de estas asociaciones, le sugirieron que conformara muchísimas más. Al final crearon 12, pero todas respondían en lo económico y operativo a la Convivir Papagayo que él controlaba. Freddy Rendón Herrera, más conocido como “el Alemán” en las filas de las autodefensas, lo resumió de forma descarnada: “Si ponemos las convivires sobre el mapa de Colombia, sobre la zona donde estaban las autodefensas, va a coincidir que son los mismos sitios”. En 14 de las 16 Convivir de Urabá, la JEP determinó que sus cuadros directivos eran administrados por paramilitares en ejercicio, como Jesús Ignacio Roldán, alias “Monoleche”, en la asociación Abibe. En Córdoba ocurrió lo mismo en 12 de las 20 Convivir.
Úber Enrique Banquez, alias “Juancho Dique”, y Rodrigo Mercado Peluffo, alias “Cadena”, dos de los paramilitares más sanguinarios, fueron parte de la Convivir Nuevo Amanecer. Los hallazgos de la JEP demuestran cómo estas asociaciones canalizaron millonarios recursos a las autodefensas que, incluso, fueron usados para apoyar operaciones contrainsurgentes por parte de la Fuerza Pública. Es decir, los “paras” financiaron operativos militares contra las organizaciones guerrilleras que se movían en la región. Estas Convivir difundieron mensajes antisubversivos o contra cualquier organización de izquierda a través de una emisora y un periódico a sueldo. El editorial del periódico “El Urabaense”, que manejaban Hasbún y compañía, estaba a cargo de José Miguel Narváez, quien años después sería subdirector del DAS en la administración Uribe y quien está condenado por el crimen de Jaime Garzón.
La JEP hizo un traslape de las ubicaciones exactas de las Convivir, los bloques paramilitares y las brigadas y batallones en Urabá y Córdoba, y constató el control absoluto de las autodefensas en la región. Por ejemplo, la Convivir Amigos por Valencia funcionaba exactamente en el corredor de georreferenciación del bloque Héroes de Tolová y el Batallón de Instrucción y Entrenamiento No. 11 de la Brigada 11. Lo mismo ocurrió con la Convivir La Alborada, que se traslapó con el accionar del frente Alto San Jorge y la mencionada brigada. Este poderío legalizado de las autodefensas a través de las Convivir fue reforzado por una directiva del entonces comandante del Ejército, general Hárold Bedoya, quien el 30 de agosto de 1995 les fijó la misión a las tropas de consolidar “a las organizaciones Convivir para que sirvan como apoyo de la población civil al Ejército”.
La siguiente tabla muestra el traslape entre Convivir, grupos paramilitares y unidades militares en la región del Urabá
El general (r) Rito Alejo del Río resultó clave en esta estrategia paramilitar de controlar las Convivir en el Urabá. En la mayoría de casos documentados por la JEP se estableció que en apenas 16 días al alto mando militar daba su beneplácito para que entraran a operar, “período que no permite ahondar en la investigación rigurosa de los antecedentes de sus integrantes”. Aunque Del Río siembre ha negado su connivencia con el paramilitarismo, las pruebas recaudadas por la Jurisdicción lo desmienten. Es más, en al menos cuatro casos suscribió y expidió los respectivos apoyos de solicitud de armamento de uso restringido para los civiles, entre los que se encontraban subametralladoras y escopetas. Uno de los testigos protegidos que le dio su testimonio a la JEP confirmó que estuvo en varias reuniones en la Brigada 17, de Rito Alejo del Río, para planificar esta estrategia de las Convivir.
La siguiente tabla muestra el traslape entre Convivir, grupos paramilitares y unidades militares en la región de Córdoba
El uso de armamento militar por parte de las autodefensas se legalizó a tal punto que para 1996, según Mancuso, “el Estado autorizó la adquisición de 422 ametralladoras, 373 pistolas, 217 fusiles de asalto, 70 fusiles, un centenar de revólveres y algunos lanzagranadas, morteros y granadas de fragmentación a civiles”. Tan solo en Córdoba, la JEP documentó más de 155 armas de uso restringido que les llegaron a ocho Convivir manejadas por las autodefensas, como Cooperar, Nuevo Rumbo, El Triunfo y El Progreso. Que ese armamento era para un grupo ilegal se constató en 1997, cuando la Corte Constitucional tumbó la figura de las Convivir y la mayoría de esas armas jamás retornaron al Estado, “lo que permite dilucidar que muchas de ellas fueron usadas contra personas provenientes de sectores alternativos, sindicatos y movimientos políticos de izquierda”, concluyó la JEP.
Uno de los casos emblemáticos de la cooptación paramilitar en el Urabá fue el episodio de la multinacional Chiquita Brands, que se recoge con suficiencia en esta investigación, y que concluye que la Convivir Papagayo fue el eje de la financiación paramilitar por US$1,7 millones. No es todo. La JEP hizo inspecciones en la Gobernación de Antioquia, en las que hizo hallazgos interesantes. Entre 1995 y 1997 se crearon 76 Convivir, muchas de las cuales tenían conexiones con grupos ilegales y cuya aprobación para operar por parte del Gobierno no pasaba de dos meses. El contratista de la Gobernación de Antioquia Eduardo Duque Becerra fue clave aquí. Era el encargado de la tramitación de las Convivir en la administración regional, pero varios jefes paramilitares confesaron que su alias era “Pavarotti” y que era cercano a los hermanos Castaño, tal como reseñó la revista Cambio.
Este es uno de los contratos que firmó Duque Becerra, alias Pavarotti, con el entonces gobernador Uribe Vélez. Hoy la JEP pide que se investigue al empresario:
Las inspecciones judiciales a la Gobernación determinaron que, en muchos casos, las carpetas de esas Convivir no estaban completas, “lo que arroja sombras sobre los controles que dicen haber tenido para evitar que fueran funcionales para el proyecto paramilitar”. Todos esos vacíos hoy son investigados por la justicia, porque lo cierto es que las Convivir les permitieron a las autodefensas pasar del control territorial y la aniquilación de cualquier movimiento de izquierda a su anhelada tercera fase: “El dominio político”. La parapolítica fue la encarnación de ese salto cualitativo que les permitió controlar el 35 % del Congreso. La antesala de ese asalto a la democracia estuvo marcada por la ejecución de crímenes selectivos y masacres contra la UP y la población civil. A tal punto de que llegaron a “exportar” ese modelo criminal hasta Meta con su primera incursión allí: la masacre de Mapiripán de 1997.
“Nosotros éramos Convivir de día y paramilitares de noche”. Así resumió un testigo protegido la bitácora asesina de las autodefensas en esa turbulenta época en Urabá y Córdoba. La JEP recogió información sobre 98 bases paramilitares entre 1988 y 1997 que sirvieron como telón de fondo para desplegar operativos conjuntos con la Fuerza Pública y ejecuciones extrajudiciales de docentes y otros civiles. Las fincas de estos “paras” se ubicaban entre Turbo, San Pedro de Urabá, Apartadó, Necoclí, Carepa y Mutatá en Antioquia, y Valencia, Montería y Tierralta en Córdoba. Con esa cartografía, la JEP construyó mapas para explicar el dominio de ese grupo ilegal con el visto bueno de dos brigadas de la Primera División del Ejército. Así georreferenció 100 crímenes realizados entre 1995 y 1997 y descubrió, con este mapa, que en el 95 % de los casos ocurrieron en zonas de absoluto control paramilitar.
En este mapa, la JEP logró identificar la huella paramilitar en la región del Urabá y los homicidios a miembros de la UP:
Generales y empresarios serán investigados
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le pidió a la Fiscalía y a la propia instancia transicional que investigue a todas las personas que participaron de la estrategia criminal que permitió que las autodefensas utilizaran a las Convivir como fachada legal. Entre los mencionados en las compulsas de copias están altos mandos militares Francisco Leonado Ortíz Chavarro, excomandante de la Brigada 11; René Sanabria Amaya, excomandante de Inteligencia de la Brigada 11; y Leonardo Barrero Gordillo, excomandante del Batallón Junín. Además, la JEP también compulsó copias en contra de otros 51 uniformados por casos que tienen que ver con ejecuciones extrajudiciales, asesinatos selectivos y otros crímenes de lesa humanidad que siguen en la impunidad.
En cuanto a los civiles, la jurisdicción especial le pidió a la Fiscalía que investigue al empresario Eduardo Duque Becerra, excontratista de la Gobernación de Antioquia y quien en la guerra habría sido tenido el alias de Pavarotti. Según la JEP, “se presume que en el ejercicio de sus actividades como asesor en seguridad tuvo alianzas con los mandos de las autodefensas”. Según el documento, la compulsa de copias también es contra Herman Arias Gaviria, exsuperintendente de Vigilancia y Seguridad Privada entre 1995 y 1996, “por cuanto en su gestión se promovieron y constituyeron las asociaciones Convivir, que fortalecieron los grupos paramilitares, sin que hubiese un efectivo control sobre los integrantes de aquellas ni sus operaciones”.
En síntesis, lo ocurrido con la Unión Patriótica en Urabá se debió en gran medida al relativo éxito político que esa colectividad alcanzó en las elecciones de 1986, en donde obtuvo 325 concejales, 24 alcaldías en todo el país y cinco congresistas de forma directa. Como ese partido había sido fruto de los acuerdos de paz con el gobierno de Belisario Betancur, su ascenso político, sobre todo en la región de Urabá, desató la más atroz violencia de grupos paramilitares en alianza con integrantes de la Fuerza Pública, que se prolongó durante la década de los 90 y que hizo que para 2002 la UP perdiera su personería jurídica, pues sus militantes habían sido, en su mayoría, exterminados o estaban exiliados, o no se habían vuelto a presentar a la contienda política para salvar sus vidas. Esta extensa radiografía de la JEP constituye un esfuerzo monumental para comprender las dimensiones de esta barbarie.
Conoce más