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La barranquillera Margarita Cabello terminó su periodo en la Procuraduría General de la Nación hace solo tres meses, dejando un legado muy negativo como aliada en la lucha de la sociedad civil contra la gran corrupción. Siendo la única persona que podría haber insistido en la reparación económica del daño colectivo que causó la alianza Odebrecht-Aval con el Estado en la Ruta del Sol II, decidió abandonar los avances de su antecesor al igual que oponerse a las solicitudes ciudadanas. La historia es la siguiente.
(Primera entrega: De Odebrecht a la reparación de víctimas: otra forma de enfrentar la corrupción)
Carrillo, el Procurador General antecesor de Cabello, había iniciado una acción popular contra Odebrecht-Aval y funcionarios y entes públicos corruptos para que nos indemnizara el daño colectivo que sufrimos como sociedad con el pago de las reconocidas y confesas coimas en la Ruta del Sol II. Paralelamente, Transparencia por Colombia ejecutaba un convenio con la Procuraduría de Carrillo para aunar esfuerzos frente a la reparación del daño colectivo causado por la corrupción. Las posibilidades de avanzar en la indemnización de daños colectivos por este caso eran serias.
(Segunda entrega: Impactos ciudadanos de la mega-corrupción Odebrecht-Aval)
En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en un fallo de diciembre de 2018, condenó a un grupo de demandados que incluyó a la alianza Odebrecht-Aval por la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público, el acceso y prestación de los servicios públicos y la libre competencia económica. Valoró estos perjuicios en aproximadamente 800,000 millones de pesos y como sociedad civil, varias organizaciones considerábamos que la representación de la Procuraduría había sido adecuada hasta ese punto.
En segunda instancia, el Consejo de Estado, con ponencia del consejero Martín Bermúdez, reconoció en esencia que se habían violado solo los derechos colectivos a la moralidad y a la defensa del patrimonio público. A pesar de reconocer las violaciones, no le dio al Tribunal la orden de reliquidar el cálculo de los daños. Así las cosas, la ciudadanía se quedó con u una condena de papel.
Con esta frustración, decidimos actuar como sociedad civil. Desde Transparencia por Colombia y Dejusticia le solicitamos a la Procuraduría que presentara una tutela contra la sentencia, para hacerle ver a los tribunales el error cometido, sabiendo que la PGN en otras oportunidades presentaba tutela contra sentencias. Incluso nos ofrecimos a hacer la tutela para revisión de la Procuraduría. Le enviamos varias comunicaciones a Margarita Cabello y sostuvimos varias reuniones con diferentes representantes de la Procuraduría General, entre los cuales se encuentra una con el Procurador Delegado Escandón que manifestó su conflicto de interés, pues su esposa se encontraba cotizando para la prestación de servicios jurídicos a Corficolombiana, entidad que había protagonizado los actos de corrupción en la Ruta del Sol II.
A pesar de las múltiples explicaciones sobre los impactos sufridos y el error del Consejo de Estado, Cabello y sus agentes decidieron desconocer su función de procurar la indemnización de los derechos colectivos y no presentaron la tutela. Ni siquiera se pellizcaron por el pago de más de 80 millones de dólares que Corficolombiana reconoció en esa misma época como sanción por los mismos hechos al gobierno de EEUU. Cuando le pedí a Margarita que nos diera a conocer las razones por las cuales la Procuraduría había decidido dejar el perjuicio económico sin reparar, me dijo que hablaría con el delegado Escandón sobre el tema. Más de cinco semanas después seguimos sin conocer su versión. El silencio, que indica el desinterés o la ausencia de argumentos en pro de la legalidad, es la misma respuesta que recibimos cuando quisimos que presentara la tutela y defendiera nuestro interés colectivo.
Aunque Dejusticia y Transparencia por Colombia sí presentamos la tutela, la Procuraduría no sólo no presentó la tutela, sino que solicitó al Consejo de Estado que negara nuestras pretensiones de recalcular el perjuicio a la colectividad. Así, entre el Consejo de Estado y Margarita Cabello se empeñaron en darle sepultura a la acción popular como medio de reparación de los perjuicios económicos y colectivos causados a la ciudadanía por haber pagado miles de millones en coimas para no competir y construir tardíamente una carretera vital, afectando la moralidad, el patrimonio y la confianza en las instituciones. Los intereses ciudadanos se quedaron sin representación.
¡¡Muchas gracias por este legado, Margarita Cabello!!
*Investigadora y Directora de la Línea de Transparencia y Derechos Digitales de Dejusticia www.dejusticia.org
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