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Faltan 11 días para las elecciones legislativas de este año en Colombia y las campañas políticas no bajan el ritmo. Los 284 lugares en el Congreso siguen en disputa y los políticos de distintas orillas ideológicas que buscan ocuparlos hacen casi de todo para ganar los votos: vídeos, recorridos, encuentros con comunidades, discursos en plazas, entre otros. Sin embargo, y aunque no lo muestran a sus electores, hay varios que tienen pendientes con la justicia. El Espectador realizó una lista de 21 de los candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes que ya tienen investigaciones judiciales en curso (no indagaciones o casos preliminares). Sin excepción, todos juran su inocencia.
El caso Ungrd
La Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos varios expedientes contra al menos 10 congresistas que habrían vendido sus votos a favor de iniciativas del gobierno de Gustavo Petro a cambio de coimas representadas en proyectos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). De este puñado de legisladores que están bajo la lupa del alto tribunal, hay tres que están en campaña para repetir periodo en el Congreso: los representantes a la Cámara Karen Manrique (curules de paz), Juan Loreto Gómez y Wadith Manzur (Partido Conservador), a quienes se les habrían direccionado contratos de la Ungrd. Todos han jurado su inocencia ante el alto tribunal, que está próximo a llamarlos a juicio por los delitos de cohecho impropio.
Martha Peralta y Berenice Bedoya
Por fuera de las comisiones económicas del Congreso hay otros legisladores señalados de participar en el presunto entramado de corrupción y que están en campaña. Ellas son Martha Peralta (MAIS), y Berenice Bedoya (ASI), a quienes se les señala de sostener reuniones con el exdirector de la Ungrd, Olmedo López, para direccionar contratos a favor de los congresistas que vendieran su apoyo a las iniciativas del gobierno. Las pesquisas contra las políticas avanzan en el despacho de la magistrada Cristina Lombana y fuentes del alto tribunal le aseguraron a este diario que la decisión de llamarlas a indagatoria está por definirse. Ambas han dicho que nada tienen que ver con este caso de corrupción.
Julio Elías Chagüi
El exdirector de la Ungrd, Olmedo López; el exsubdirector, Sneyder Pinilla; y la exasesora del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, María Alejandra Benavides, han dicho a la justicia que el congresista del Partido de la U, supuestamente, habría tenido comunicación con exdirectivos de la Ungrd, para coordinar operaciones de contratación. También, se habría reunido en las oficinas del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República con altos funcionarios del gobierno, como el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, hoy preso. Según dijo Chagüi a este diario, lo único que hizo en las reuniones fue “una simple gestión” y que ninguna declaración en su contra apunta que haya cometido algún delito.
Pacto Histórico:
David Racero
El expresidente de la Cámara de Representantes y una de las caras más visibles del Pacto Histórico en el Congreso tiene una investigación formal caminando en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Desde agosto pasado, el alto tribunal le sigue la pista por el presunto delito de concusión. El congresista, al parecer, habría utilizado a miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) en un negocio personal en el que habrían estado involucrados algunos de sus familiares. Además, habría obligado a sus trabajadores a que consignaran parte de sus salarios a la cuenta bancaria personal del político. El caso es liderado por el magistrado César Augusto Reyes. Tras un reciente fallo del Consejo de Estado por hechos similares recalcó su inocencia en estos procesos.
Alex Flórez
Alex Flórez Hernández quiere repetir curul en el Senado. Aunque ya la Procuraduría lo suspendió por ocho meses, tras haber insultado a varios policías en Cartagena cuando estaba borracho en 2o22, el expediente complicado lo tiene en la Corte Suprema. En octubre de 2024, el alto tribunal le abrió una investigación por los delitos de lavado de activos, concusión y falsedad en documento privado. Lo que busca establecer la Corte es si Flórez le exigió dinero a contratistas de Medellín para financiar su campaña en 2022, cuando todavía era concejal. El senador ha dicho que nunca cometió ningún delito y que probará su inocencia ante la Corte Suprema cuando sea llamado a indagatoria.
Pedro Suárez Vacca
Pedro Suárez Vacca es boyacense. Abogado defensor de la salud y derechos humanos y representante a la Cámara por el Pacto Histórico. Así se presenta él mismo en su biografía en redes sociales. Paralelo a su vida política, Suárez enfrenta un juicio ante la Corte Suprema por el delito de prevaricato por acción, es decir, que como funcionario habría emitido una decisión contraria a la ley. En su caso, el alto tribunal lo investiga porque, al parecer, cuando fue juez quinto de ejecución de penas en Tunja (Boyacá), le otorgó una medida domiciliaria que habría sido ilegal a Lelio Nevardo Ávila, condenado a 17 años por narcotráfico y secuestro. En su defensa, el congresista ha dicho que nada tiene que ver con hechos ilegales.
Centro Democrático:
José Vicente Carreño
Desde junio del año pasado, el expolicía y congresista del Centro Democrático, José Vicente Carreño, afronta una investigación formal en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por el delito de tráfico de influencias. Concretamente, el alto tribunal investiga si Carreño tuvo conocimiento sobre el supuesto soborno que uno de los asesores de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) habría intentado ofrecer al exsubdirector de la Policía, Nicolás Zapata. Al parecer, el ofrecimiento habría sido para beneficiar a una unión temporal en un contrato de aproximadamente COP 120.000 millones de pólizas para miembros de la institución. Supuestamente, al uniformado le ofrecieron COP 3.500 millones. El congresista se desmarcó en su momento de los señalamientos.
El otro expediente que avanza en contra de Carreño en el alto tribunal es por un caso de desaparición forzada. Lo que averigua la Corte es la supuesta participación del congresista en la desaparición de Alejandro Santiesteban Alarcón, el 6 de febrero del 2003 en Tame (Arauca). Para ese entonces, Carreño era policía en ese municipio y, al parecer, habrían facilitado la llegada de integrantes del Bloque Vencedores de Arauca de las Autodefensas al lugar donde estaba la víctima. Por este caso, la Corte lo llamó a indagatoria en marzo de 2022, pero todavía no ha resuelto su situación jurídica.
Yenica Acosta
Yenica Sugein Acosta Infante es la última congresista llamada por la Corte Suprema a defender su inocencia en juicio. El alto tribunal lo hizo esta semana, pues en su contra cursa un expediente por el delito de peculado por apropiación. Según la acusación, Acosta habría contratado a una persona en su UTL que habría cobrado su salario durante diez meses sin ejercer ninguna de sus funciones ni cumplir con sus obligaciones laborales en el Congreso. Además, sostiene la Corte, esa misma persona habría estado, por lo menos, tres veces fuera del país en el mismo lapso de tiempo que figuraba en el equipo de la congresista. Hoy, Acosta hace campaña en el Amazonas para su reelección por tercera vez en la Cámara y sostiene que “todo ocurrió sin su consentimiento”.
Cambio Radical:
Didier Lobo
En julio de 2024, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia anunció la apertura de una investigación formal en contra del senador de Cambio Radical por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Según el alto tribunal, Lobo habría aumentado injustificadamente su patrimonio cuando fue alcalde de La Jagua de Ibirico (Cesar) entre 2012 y 2015. Además, su patrimonio no habría sido el único que creció sin explicación, pues el de su familia también aumentó sin que haya podido dar las razones del porqué, sostuvo la Corte. Por este caso, Lobo Chinchilla fue citado a indagatoria en marzo del año pasado aunque se declara inocente.
Carlos Cuenca
Carlos Alberto Cuenca Chaux está en campaña para volver a ser representante a la Cámara por Guainía bajo las banderas del Partido Cambio Radical. Es la primera vez que lo hace con una condena a cuestas. En enero del año pasado, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia lo condenó por el delito de corrupción al sufragante. En palabras castizas, por compra de votos. Lo que encontró el alto tribunal es que, durante su campaña al Congreso en 2014, Cuenca Chaux ofreció bultos de cemento y tejas de zinc a comunidades a cambio de que votaran por él. La sentencia fue de 7.6 años de cárcel, una inhabilidad para ejercer funciones públicas y una multa de más de COP 838 millones. Por considerarse todavía inocente, el congresista apeló.
Néstor Leonardo Rico Rico
El congresista de Cambio Radical, Néstor Leonardo Rico Rico, está bajo la lupa de la Corte Suprema de Justicia porque, al parecer, habría intercedido en la manipulación de un expediente en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de una coima cercana a los COP 13.000 millones. En noviembre de 2024, el alto tribunal lo acusó formalmente por los delitos de cohecho y prevaricato, de los cuales se ha declarado inocente. Pese a que se trata de hechos de cuando trabajó como contralor de Cundinamarca y que la investigación inició hace años, Rico Rico le dijo a este diario que el expediente en su contra “hace parte del ruido propio del debate político” y remarcó su colaboración con la justicia.
Edwin Ballesteros
En medio de acusaciones por presunta corrupción, Edwin Gilberto Ballesteros, ficha del clan Aguilar, dejó el Congreso en 2021, pero ahora quiere volver bajo las banderas de Cambio Radical, con un proceso penal a cuestas. La Fiscalía ya lo llamó a juicio por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y cohecho. Según la investigación en su contra, testigos del proceso señalaron a Ballesteros de haber recibido COP 600 millones para direccionar contratos durante su gestión en la Empresa de Servicios Públicos de Santander, entre 2013 y 2016. Su defensa dice que demostrará su inocencia.
Partido de La U:
Wilmer Carrillo
Wilmer Carrillo Mendoza tiene tres procesos en la Corte. El representante por Norte Santander, que ahora quiere llegar al Senado con el aval de La U, fue llamado a juicio por los delitos de tráfico de influencias, concusión, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. La investigación lo señala de supuestamente haber influido en un nombramiento en el Hospital Departamental de Ábrego (Norte de Santander), a cambio de un porcentaje en contratos del centro de salud. El segundo caso por el que está en juicio tiene que ver con presuntas fallas en una contratación en 2010 cuando era secretario de Infraestructura en Norte de Santander. Y el tercero, que está en investigación, tiene que ver con un presunto detrimento patrimonial por irregularidades en un contrato público.
Consejo Comunitario La Gran Vía de Remedios – Circunscripción Afro:
Miguel Polo Polo
El representante a la Cámara por las comunidades afro, Miguel Abraham Polo Polo, tiene una apretada agenda en la Corte Suprema de Justicia. Son, al menos, dos procesos en los que tendrá que demostrar su inocencia en juicio. Uno de ellos tiene que ver con el hostigamiento agravado que habría cometido al usar un medio masivo como servidor público para difundir un mensaje de odio en contra de exmiembros de la guerrilla del M-19 y el presidente, Gustavo Petro. Además, en contra de Polo Polo también está en veremos un juicio por haber señalado a Gustavo Bolívar, entonces director de Prosperidad Social, de “financiar” la primera línea y “matar bebés”, por su apoyo al Paro Nacional de 2021.
Coalición Fuerza Ciudadana – Comunes:
Carlos Alberto Carreño
En marzo de 2021, la Corte Suprema le abrió una investigación formal al representante por Bogotá, Carlos Alberto Carreño, por el delito de concusión. El congresista, que ahora busca su reelección en la lista de la coalición Fuerza Ciudadana, fue señalado por exintegrantes de su Unidad de Trabajo Legislativa de haberles solicitado un porcentaje de sus salarios. Supuestamente, les dijo que ese dinero sería destinado para actividades del partido Comunes, pero lo que ha podido documentar el alto tribunal es que el congresista habría pagado hoteles, estudios profesionales y ropa, entre otras cosas. En diálogo con El Espectador, Carreño aseguró que este caso es un “montaje”.
Partido Liberal:
Richard Aguilar
El exgobernador de Santander, Richard Alfonso Aguilar Villa, quiere volver a ocupar un asiento en el Senado, mientras se defiende en juicio de un expediente en el que ya fue acusado por los delitos contra la administración pública, peculado, interés ilícito en celebración de contratos y contrato sin requisitos legales. La investigación está relacionada con presuntas irregularidades en cuatro contratos de la Gobernación, mientras estuvo a la cabeza entre 2012 y 2015. En respuesta a este diario, Aguilar dijo que acudirá a las instancias que se le reclamen, pero insistió en su inocencia. “En Colombia no se puede generalizar que se condenan anticipadamente a las personas”, afirmó.
Partido Conservador:
David Barguil
David Alejandro Barguil Assis encabeza la lista del partido Conservador en el Senado, tras una intención presidencial que no prosperó. Lo hace con un caso ante la Corte que ya cerró la etapa probatoria. A Barguil se le investiga por el delito de tráfico de influencias, cohecho, financiación de campaña con fuentes prohibidas y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales. De acuerdo con la investigación, el exalcalde de Galeras, Remberto Amell, le pidió a Barguil que gestionara ante el Departamento de Prosperidad Social recursos para arreglar la malla vial del municipio. Todo a cambio de un presunta coima. El candidato ha sostenido su inocencia y está a la espera de que la Corte resuelva su situación jurídica.
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