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La producción potencial de cocaína continua en sus récords históricos. El porcentaje de tierras con sembrados de hoja de coca sigue en aumento prácticamente en todo el mundo. En consecuencia, hay más consumidores de esta sustancia ilícita a nivel global y solo una de cada 11 personas, con un consumo problemático, tiene acceso a tratamiento. La situación quedó en evidencia en el más reciente informe sobre el Monitoreo de Territorio con Presencia de Cultivos de Coca que todos los años presenta la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (Unodc). Los hallazgos sobre Colombia siguen proyectándose siempre al alza.
Los datos duros y más generales muestran que el área sembrada con coca creció un 10% (tres puntos menos que en 2022), mientras que la producción de cocaína aumentó un 53% (29 puntos más que en 2022). Las cifras corresponden al año 2023, la primera medición que hace la Unodc a un año entero de administración de Gustavo Petro como presidente (el informe de 2022 todavía tenían mediciones de meses del gobierno Duque). Según el monitoreo, el incremento se concentró en 16 de los 19 departamentos con presencia de coca, de los cuales, Cauca y Nariño fueron los más afectados, pero también resalta que el Cesar dejó de tener coca en su territorio.
“El reporte hace una alerta sobre las zonas de expansión (territorios en los que la presencia de cultivos de coca solo se registran en los últimos tres años), 40% de los territorios en esta categoría se ubican en la región Pacífico, siendo Cauca y Chocó los departamentos que presentan mayoritariamente lotes nuevos, pero no dispersos, sino conformando núcleos con densidades de siembra”, advierte la Unodc. El aumento en el número de tierras con matas de coca tiene un efecto inevitable: mayor es la producción de cocaína. Lo que sostiene la oficina de la ONU es que, durante el 2023, se produjeron 2.664 toneladas métricas, 926 más que en 2022.
En esta edición del informe, el monitoreo logró identificar que el 65% de toda la deforestación que el Ideam reportó entre 2022 y 2023, ocurrió en lugares donde hay siembra de coca. Este delito ambiental no es el único que se reportó con igual preocupación en el documento. En el 98% de los municipios en donde se registra concentración de territorios de coca, se pudo comprobar que hay presencia de al menos un grupo armado ilegal; en el 42% ocurrieron homicidios contra personas que ejercen un rol de liderazgo social; y en ese mismo 42% hubo reportes de por lo menos un combate entre la Fuerza Pública y un grupo armado ilegal.
“La nueva geografía de la coca parece estar favoreciendo la consolidación de territorios en donde la intensificación del fenómeno coincide con un aumento de la violencia contra líderes sociales, el incremento de actividades conexas al cultivo, un deterioro general de las condiciones de seguridad y un aumento de la presión contra comunidades vulnerables como son los pueblos indígenas y afros, y en algunos territorios emergen y se consolidan otras actividades ilícitas”, analiza la Unodc. En ese sentido, el informe sostiene que existen municipios en los cuales la economía ilícita del mercado llega a representar más del 42% frente a su economía lícita.
Ante este panorama, el informe recuerda que la guerra en Colombia, aun después de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc en 2016, persiste con protagonistas como el Eln, Epl, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, que continúan activos y vinculados al crimen organizado transnacional, enfocándose en la producción y tráfico de cocaína. Uno de los casos más alarmantes es el del Cauca, donde todas las mediciones aumentaron durante el 2023. Por ejemplo, se reportó que durante el año pasado los cultivos de coca crecieron en un 21%, pasando de 26.223 hectáreas a 31.844.
Según datos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), durante ese año se configuró un escenario de violencia provocado por la acción de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco, y la Segunda Marquetalia, a lo que se suma la injerencia del Eln. Pese al gris panorama, la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito resalta los programas de la política de drogas del gobierno Petro, “que busca que las comunidades rurales que dependen de las economías ilícitas ligadas a las drogas, transiten de manera progresiva y sostenible a economías ilícitas, a través de un proceso de reconversión productiva”.
Al menos por ahora, y mientras la Unodc arranca a recopilar los datos de 2024, las cifras de 2023 muestran que, en la administración Petro, la producción de cocaína sigue en aumento, en contraste con otros países de la región que históricamente han compartido los primeros puestos con Colombia. Por ejemplo, Perú reportó una ligera reducción del área sembrada con coca y Bolivia completó tres años con tendencia a la estabilidad. Mientras tanto, no solo siguen aumentando los cultivos y la producción, sino que ya es inevitable ligar este crecimiento con otros delitos como la deforestación.
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