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El dinero para financiar las sanciones propias que impartirá la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a través de proyectos restaurativos, ha sido un tema de alto debate en los últimos días. Según el presidente de ese órgano de justicia transicional, el magistrado Roberto Vidal, son cerca de $450.000 millones que el Ejecutivo se comprometió a girar para garantizar ese proceso, pero que aún no han llegado pese a ser su competencia, como quedó consignado en el Acuerdo de Paz firmado con las FARC en 2016. El Espectador conoció documentos que indican cómo ha sido el flujo de ese dinero, y estableció que, en principio, se pactaron más de $470.000 millones que estarían distribuidos en dos líneas. Sin embargo, para los proyectos de justicia restaurativa solo se asignaron $316.000 millones por parte del Fondo Colombia en Paz, encargado de administrar la plata para cumplir lo pactado en los acuerdos de La Habana.
El meollo está en que ese dinero, si bien quedó asignado desde el fondo, todavía no se entrega, pues hasta ahora no se ha definido una subcuenta con una entidad que pueda ejecutarlo. Para entender mejor el asunto, lo primero que hay que decir es que el Fondo Colombia en Paz funciona como un “vehículo financiero”, pues recibe recursos por parte del Estado, a través de la denominada “Bolsa Paz”, para gestionar proyectos ligados a la construcción de paz, los cuales son entregados a diferentes entidades estatales que tengan ese propósito, como la Unidad para las Víctimas o la Agencia para la Renovación del Territorio. Las entidades que quieran acceder a ese dinero deben argumentar por qué y para qué lo necesitan y, una vez expliquen esos detalles, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) da luz verde para la ejecución de los recursos.
Para que se pueda administrar la plata para la paz, según indica el procedimiento interno, se deben asignar subcuentas a cada una de las entidades, un proceso que tiene que ser avalado por el Consejo Directivo del Fondo Colombia en Paz, en el cual tienen asiento el Dapre y los ministerios de Hacienda, Agricultura y Ambiente, así como el Departamento para la Prosperidad Social, la Alta Consejería de Paz y un miembro del sector privado que es delegado por la Presidencia. Ese consejo se reunió el 11 de diciembre de 2023, para revisar y aprobar la solicitud de una subcuenta llamada “Justicia Restaurativa JEP”, que estaría administrada por la misma Jurisdicción, y a la cual le asignaron un total de $470.073.831.993 que serían entregados entre 2023 y 2026.
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Esa subcuenta, según conoció este diario, estaba dividida en dos líneas con una asignación presupuestal por separado. La primera se llamó “Implementación y consolidación del modelo participativo de reparaciones tempranas construido entre la UIA (Unidad de Investigación y Acusación, conocida como la Fiscalía de la JEP) y las víctimas”, la cual contaba con seis metas que, para cumplirlas, recibió un poco más de $150.000 millones. La segunda, y a la cual se ha referido el magistrado Vidal sobre las sanciones propias, se llamó “Medidas de contribución a la reparación, restauración y TOAR”, con una asignación presupuestal de $316.545.350.000. Un detalle no menor tiene que ver con las reparaciones tempranas, pues estas no tienen nada que ver con componentes judiciales: “Es un tema de la UIA de identificación temprana del daño y repararlo sin tener que esperar a una sanción a los comparecientes”, explicó una fuente que conoce de cerca el proceso.
De hecho, este diario conoció que uno de los proyectos que se gestionaron en la línea de reparación temprana es la construcción de un hospital en Villavicencio para atender a víctimas de violencia sexual. “La violencia sexual generalmente se queda sin reparar, es sumamente difícil. La idea de un centro especializado tiene un doble propósito: acoger a personas que fueron víctimas y tienen secuelas de violencia sexual, para hacer un tema de prevención y, por otra parte, ofrecer un tratamiento integral físico y psicológico. Eso es una verdadera reparación de la dignidad de estas personas”, señalaron desde la Jurisdicción.
No obstante, para la JEP, ese fondo debía ser administrado por el Estado, respondiendo a lo pactado en el Acuerdo de Paz. Para ello se buscó a entidades estatales capaces de administrar la subcuenta, algo que la Jurisdicción llama “socios de valor”. Para la primera línea de reparaciones tempranas de la UIA, la JEP asignó a la Agencia de Renovación del Territorio (ART), mientras que para el tema restaurativo, se determinó que quien debía administrar la subcuenta era la Unidad para las Víctimas, entonces en cabeza de Patricia Tobón. Fuentes cercanas al proceso le explicaron a este diario que, según el conducto regular, era necesario poner en conocimiento del Consejo Directivo del Fondo Colombia en Paz que la subcuenta “Justicia Restaurativa JEP” debía cerrarse para abrir otras dos nuevas con diferentes enfoques: una con la Unidad de Víctimas, para temas restaurativos, y otra con la ART, para reparaciones tempranas.
El Espectador accedió a los memorandos de entendimiento entre la JEP y la Unidad de Víctimas, en los que se resume lo pactado en varias mesas técnicas para desarrollar lo acordado en las metas de la subcuenta: definir los proyectos restaurativos. Esto, a pesar de que la Unidad tiene sus bases en la reparación administrativa, mientras que la JEP tiene su enfoque en la justicia restaurativa, por lo que fue necesario que se sentaran en diferentes momentos para articular su trabajo. “Una cosa es reparación y otra restauración, la Unidad para las Víctimas es experta en lo primero, y la JEP en lo segundo”, precisó una persona que estuvo en el desarrollo de las mesas.
El 17 de abril, la JEP envió una carta conjunta con la Unidad para las Víctimas, conocida por este diario, con destino a la oficina de Wilmer Leal Pérez, director del Fondo Colombia en Paz, solicitando el cambio de titularidad de la cuenta para que fuera, ahora, administrada por la entidad. En la misiva, tanto la JEP como la Unidad solicitaron que, en la próxima sesión del Consejo Directivo, fechada para el 30 de abril, se abordara el tema de cerrar la subcuenta general y abrir otras dos nuevas. Sin embargo, Patricia Tobón salió de su cargo por pedido del presidente Gustavo Petro dos días más tarde, el 19 de abril, dejando en vilo el cierre de la subcuenta “Justicia Restaurativa JEP” y la apertura de la nueva subcuenta, pues el tema salió del orden del día del Consejo agendado para el 30 de ese mes.
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Esta es la carta conjunta enviada al Fondo Colombia en Paz para el cambio de titularidad de la subcuenta:
Más adelante, el 2 de mayo, la Jurisdicción envió una carta al presidente Petro, también en poder de este periódico, firmada por el magistrado Roberto Vidal, insistiendo en la creación de la subcuenta que debía administrar la Unidad para las Víctimas, pero no obtuvo respuesta. Esta es la primera misiva enviada desde la JEP a la Casa de Nariño, pues el pasado 20 de septiembre el órgano judicial le hizo llegar una nueva al mandatario con “preocupación sobre la falta de direccionamiento de los recursos ya asignados”.
Un día después de la primera carta enviada al mandatario, el 3 de mayo, se autorizó la primera asignación del universo de los $470.000 millones a la subcuenta “Justicia Restaurativa JEP”, por un total de $100.000 millones correspondientes a 2024. El dinero, aseguran fuentes que conocen la minucia del proceso, podía ser distribuido a cualquiera de las metas de la subcuenta, por lo que internamente se acordó enviar $50.000 millones a reparaciones tempranas (que ya contaba con una cuenta aparte con la ART) y la otra mitad a las medidas restaurativas. Luego, el 25 de junio, el Consejo Directivo sesionó y decidió, por unanimidad, cerrar la subcuenta “Justicia Restaurativa JEP”, a la cual se le habían asignado ya los $100.000 millones. Solo quedaron asignados $50.000 millones para las reparaciones tempranas, en manos de la UIA y de la ART.
Carta enviada al presidente Petro el pasado 2 de mayo:
Sin embargo, pese a la supresión de esa subcuenta general, no se abrió la que habían solicitado conjuntamente la Unidad para las Víctimas y la JEP, para definir los temas restaurativos. Consultado por este diario, el director del Fondo Colombia en Paz, Wilmer Leal, aseguró que no se aprobó la creación de esa nueva subcuenta porque miembros del Consejo solicitaron realizar mesas técnicas para analizar a detalle la solicitud “y revisar los ajustes a los que hubiera lugar”, pues era necesario mirar con lupa la estructura de ese plan. Es decir que, en definitiva, no se creó un fondo para recibir los $316.000 millones para las labores restaurativas.
Ese Consejo volvió a sesionar el pasado 6 de agosto, al cual asistió la nueva directora de la Unidad para las Víctimas, Lilia Solano. Personas al interior de esa sesión le dijeron a este diario que durante ese espacio se propuso, por parte de la directora, aplazar la discusión de la creación de la subcuenta para temas restaurativos, pues para ella era necesario revisar mediante mesas técnicas si esta tenía relación con una propuesta de “soluciones duraderas en la reparación colectiva de las víctimas del conflicto”, un objetivo propio de la Unidad para las Víctimas que no tiene que ver con las medidas restaurativas inicialmente propuestas por la JEP. El Espectador se contactó con la directora Solano para conocer su punto de vista sobre cuál debía ser el destino de los recursos, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.
No obstante, tanto la Unidad para las Víctimas como el Fondo Colombia en Paz han aclarado que, luego de que el Consejo pidiera nuevas mesas técnicas, revisiones sobre las metas de la subcuenta y detalles sobre cómo funcionaría la ejecución de recursos para el componente restaurativo, aún la JEP no ha hecho llegar una propuesta formal para la apertura de ese fondo con los ajustes solicitados. Por su parte, fuentes cercanas a la JEP indican que no han recibido una llamada para una nueva sesión del Consejo en donde, se supone, se debe discutir el tema de la apertura de cuentas. Un nuevo encuentro del Consejo sería el punto final del problema, pues es allí donde se debe definir si se abre o no la subcuenta para la restauración.
Así las cosas, los $316.000 millones para los procesos restaurativos de la JEP están “en el aire”, sin una subcuenta que los reciba ni una entidad que los ejecute. La situación, para algunos, es preocupante, teniendo en cuenta que durante las últimas semanas el consejero comisionado, Otty Patiño, puso sobre la mesa el debate de un posible cierre de la Jurisdicción, aunque luego aclaró que se refería a un cierre paulatino. A esto se suman las preocupaciones del magistrado Roberto Vidal, quien también manifestó que, sin esos recursos, la JEP puede emitir sentencias, pero no se podrán cumplir, pues las sanciones no son cárcel para los comparecientes, sino procesos restaurativos. El tema, sin embargo, sigue causando escozor, pues, como dijo una de las fuentes consultadas para este artículo, que prefiere no ser citada, “la forma más directa de desprestigiar a la JEP es que no tenga cómo fondear sus sentencias judiciales”.
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Por Santiago Díaz Gamboa
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