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Cuando el economista José Daniel Rojas Medellín llegó a dirigir la Sociedad de Activos Especiales (SAE) a finales de 2022, dijo que heredó una entidad con graves problemas financieros. En entrevista con El Espectador, el director explica cómo ha sido estar a la cabeza de una entidad que, afirma, ni siquiera tiene un inventario completo de los bienes incautados a la mafia. Rojas también contó cómo va la gestión de bienes del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y entregó detalles de la reciente decisión del gobierno de Gustavo Petro de entregarle a la Universidad Pedagógica un predio en Chía (Cundinamarca) conocido como el castillo Marroquín.
El presidente Gustavo Petro anunció que el castillo Marroquín, excasino y hasta casa de un narco, quedará ahora en manos de la Universidad Pedagógica. ¿Cómo es eso de que el presidente puede decidir entregarle un predio a alguien?
El predio conocido como castillo Marroquín hizo parte de un proceso de extinción de dominio por narcotráfico que inició en 2005 contra Camilo Zapata Vásquez, narcotraficante relacionado con Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha. Es un predio propiedad del Estado, administrado por la SAE y cuando el presidente Petro hace el anuncio, la entidad ya venía adelantando hace unos meses gestiones con la Universidad Pedagógica para trasladárselo con el objetivo de ampliar la cobertura y la infraestructura universitaria. El presidente no dio la instrucción de entregar a la Universidad Pedagógica este predio específico, pero sí dio la instrucción, desde el inicio del gobierno, de apoyar la expansión de la universidad pública en todos el país. Por lo que ya hemos entregado predios a Univalle, Universidad de Antioquía, Universidad de Caldas, Universidad del Atlántico, Universidad Distrital y el Instituto ETITC.
¿El Castillo si está en condiciones de ser una universidad?
El predio tiene 69 hectáreas, de las cuales 33 se van a entregar a la Universidad Pedagógica y las 66 restantes se van a vender y los recursos ingresarán a las arcas del Estado. De las 33 hectáreas, la mayoría hacen parte de un bosque de conservación ambiental, La idea es que en el Castillo funcione un museo de historia natural y el museo pedagógico nacional. Pero el predio comprende muchas más áreas para la construcción, por lo que sí es apto para que funcione un campus universitario, con infraestructura académica y de bienestar universitario. Las 33 hectáreas tienen un avalúo catastral de $9.100 millones.
Cuando usted tomó el cargo en 2022, mencionó que encontró una entidad plagada de malos manejos. ¿Cuáles fueron las medidas que implementó para abordar los problemas y cómo ha sido el trabajo que ha desarrollado a partir de estos?
El cierre financiero de 2022 no estaba resuelto en los recursos de funcionamiento y no había plata para pagar la nómina de los últimos dos meses de ese año. Fue una situación compleja, porque era detener la entidad. Por ello, fuimos al Consejo Nacional de Estupefacientes a solicitar una adición en los recursos para poder cerrar el año y lo que determinó esta entidad fue hacer unos pagos a principio de año de unas comisiones que, quizás, pusieron en esa situación de desequilibrio el cierre del año. Pero eso no fue lo más preocupante. A mí lo que me aterraba era que el inventario fuera tan susceptible a ser modificado, además de que cualquier persona lo pudiera ver sin ningún tipo de restricción. Lo que hicimos fue hacer cambios en la oficina de información y tecnología, contratamos auditorías y establecimos con la Fiscalía unas mesas técnicas para cotejar la información y para tener una realidad del inventario más acorde a lo que a lo que aparecen en las actas.
¿Cuándo habla del inventario se podía alterar el tema de los depositarios o de la gente que la SAE ha delegado para administrar esos bienes?
Mi preocupación en su momento fue que gente externa de la entidad, e incluso depositarios o exdepositarios, pudieran acceder a la información. Todavía lo digo de manera autocrítica y es que hay muy poquitos depositarios para tantos bienes que tiene la SAE. Además, de que hay muy poquitos bienes concentrados en pocos depositarios, es decir, tienen un privilegio con respecto al universo de depositarios. Los activos de los depositarios no han sido una tarea fácil. Desde septiembre de 2022 a diciembre de 2023, se han presentado 89 depositarios para retiro del registro. Actualmente, tenemos 198, de los cuales 71 son nuevos.
¿Por qué han retirado a esos 89 depositarios?
Por incumplimientos en el contrato que establecía una serie de obligaciones que, al revisarlas, muy pocos las cumplían. Hay que ser consciente de algo y es que algunos bienes son de difícil acceso. Nosotros como funcionarios no podemos llegar allí. Hay veces que la misma Policía nos dice que no puede acompañarnos hasta donde está el activo. Lo que también a un depositario le impide cumplir con sus funciones, y eso lo entendemos, pero la remoción que hemos hecho los 89 depositarios ha sido por incumplimientos asociados a la administración.
Mencionó anteriormente que uno de los problemas que existían en la entidad era la vulnerabilidad de los sistemas informáticos, ¿qué medidas ha implementado la entidad para abordar esta situación?
Hemos tenido constantes auditorías de la Contraloría porque hemos tenido demasiadas alertas que día a día estamos tratando de cerrar. Por ejemplo, la de la vulnerabilidad de los sistemas informáticos y yo creo que ya hemos podido sortear. Por otro lado, en el tema de las ocupaciones irregulares, hemos tenido alertas de falsificación de documentos. Todos los días aparecen documentos falsificando mi firma y haciendo solicitudes de las ocupaciones irregulares, es decir, personas incautas que pueden negociar con los bienes nuestros, dicen que eso está aprobado, pero es una estafa. Ahora nos encontramos con que más de la mitad de los bienes administrados están ocupados irregularmente y eso exige un trabajo bastante dispendioso y desgastante porque, aunque se tengan las capacidades de Policía y administrativas, los desalojos tienen unos costos y también exigen la concurrencia de otras entidades.
Recientemente, la Procuraduría llamó a juicio disciplinario a Andrés Alberto Ávila, expresidente de la SAE, debido a presuntas irregularidades que habrían generado una desfinanciación en el funcionamiento de la entidad. ¿Puede comentar cómo el legado de Ávila ha afectado la operación actual de la SAE?
A mí me cuesta mucho hablar de mi antecesor porque, por un principio ético, quisiera tener una nueva historia. Lo que puedo decir es que nosotros encontramos una entidad solamente destinada al negocio inmobiliario y una misión muy reducida respecto a la comercialización. Desde el programa de gobierno, entendíamos que la SAE tenía un potencial importante para contribuir al cierre de brechas. Lo que encontramos fue que había toda una planta de personal que ya tenía la idea de hacer plata, vender y administrar. Al cambiar la misionalidad, hemos también cambiado un poco la filosofía para que no solo generemos utilidad financiera, sino también social. Vamos a contribuir a la reforma agraria y a la economía popular.
Ahora tenemos una entidad que ya se vincula más a procesos sociales y a propósitos de un Plan Nacional de Desarrollo. Ya no es una isla ajena a lo que pasa en el gobierno. En 2020, por ejemplo, la cifra de recaudo de la SAE en 2022 fue de $593.432 millones, y en 2023 tuvimos un récord histórico de $806.000 millones. Para 2024 tenemos una meta de $1 billón.
¿Cómo va el balance de entregas de bienes para víctimas?
El inventario de la SAE diariamente cambia por la naturaleza de los procesos de extinción de dominio. Muchas veces toca devolverlos o ingresan nuevos y eso hace que sea muy dinámico. Pero hicimos un cierre en 2023 que nos arroja cifras: 27.900 bienes inmuebles no sociales, 1.987 sociedades y establecimientos de comercio en aproximadamente 20 sectores de la economía de todos los tamaños (grandes, medianas y pequeñas empresas en todo el país) y un valor aproximado de los activos de $9,8 billones. Todas las cifras son aproximadas porque la Dirección Nacional de Estupefacientes tenía un rezago importante en avalúos. No todos los activos de la SAE están avaluados, entonces no podemos establecer un valor puntual del inventario. Por ejemplo, me sorprendió escuchar al fiscal anterior afirmar que se incautaron bienes alrededor de los $30 billones. Esta cifra no tiene sustento técnico, ya que no se realizaron avalúos ni valoraciones que la respalden. A pesar de que se cuestionó esta cifra en varias ocasiones, la Fiscalía no proporcionó una base teórica que la respaldara. Me gustaría abordar esta discrepancia con la nueva fiscal para ofrecer al país información más transparente y con cifras más precisas.
¿Qué más le gustaría hablar con la nueva fiscal, Luz Adriana Camargo?
Yo le envié una carta solicitándole una reunión porque quiero que podamos decirle el país, con cifras concretas de la Fiscalía y de la SAE, qué es lo que se ha incautado y cuál puede ser el valor. Lo otro que quisiera hablar con la fiscal es la idea de que podamos tener una interoperabilidad de la información. Quizás con una periodicidad muy corta, ojalá que mensualmente cotejemos cifras y las hagamos públicas para que cualquier ciudadano pueda fiscalizarlas y, a final de año, podamos dar un balance concreto. Lo tercero, es que podamos hacer más eficientes los operativos de extinción de dominio, las actas las valoraciones e incluso las preparaciones porque muchas veces nos dicen que hay un operativo, pero no sabemos qué se va a incautar y cuando llegamos resulta que es una sociedad de complejísima administración o hasta más grande que la misma SAE.
Volviendo al tema de las entregas a víctimas, ¿existe alguna estrategia a corto plazo sobre la entrega de bienes que está haciendo la SAE a las organizaciones?
La normativa de la anterior administración estaba ligada al arrendamiento y al negocio inmobiliario. Nosotros prevemos cambios normativos, internos y artículos en el Plan Nacional de Desarrollo (que ojalá no nos lo tumben), para que nos permitan tener otros mecanismos de administración como el arrendamiento social en comodato, las destinaciones a organizaciones sociales, entidades sin ánimo de lucro, universidades públicas y entes territoriales. Ahora, hay un cuello de botella y es que la mayoría de los bienes de la SAE no se ha definido judicialmente la propiedad del bien, sino que están en el proceso de extinción de dominio. Entonces no le pertenece al Estado, pero tampoco al antiguo dueño, sino que están en un limbo. Igual hay que administrarlos, pero no podemos entregarlos. Ahí nos hemos tenido que poner muy creativos para hacer destinaciones temporales o buscar herramientas como la enajenación temprana, la cual es una herramienta que pusimos en el Plan Nacional de Desarrollo para que la Agencia Nacional de Tierras nos lo compre a un valor muy por debajo del precio de mercado, para no incentivar burbujas inmobiliarias en las zonas de Reforma Agraria.
¿Cómo va la administración de los bienes de Salvatore Mancuso? ¿Hay alguna actualización que pueda compartir sobre la gestión de estos activos?
La mayoría de bienes que entregó Mancuso, por constituirse dentro de un proceso de Justicia y Paz, tienen que engrosar el fondo de víctimas para la reparación. Los jueces ponen unas anotaciones especiales con unas medidas cautelares para que la SAE los traslade y sea el fondo de víctimas, quien por su funcionalidad, repare a las víctimas. No obstante, en el inventario de SAE aún contamos con 49 bienes que pertenecieron a Mancuso, 48 de ellos son bienes rurales ubicados en Córdoba, la mayoría de ellos en el municipio de Valencia, y un apartamento en Medellín cuyo avalúo catastral está en $13.762 millones. Hay que actualizar las cifras, pero los rurales los tenemos destinados para ser trasladados a la Agencia Nacional de Tierras bajo la modalidad de enajenación temprana.
Sobre las recientes amenazas de muerte en contra de sus padres, ¿cuál ha sido la respuesta institucional y cómo ha impactado esto en su gestión?
Es difícil porque yo recibo mensajitos y me escriben cosas en redes sociales. Cuando estoy en los eventos públicos, de pronto se acerca alguien y me dice: “Le mandaron saludos de allí o de allá”, cosas que uno puede recibir como amenazas. Pero, cuando es a título personal, yo digo que son gajes del oficio y es producto de mi rol como funcionario público. Pero en el caso de mis padres, hay una afectación tanto en lo personal como en la familia. La respuesta que he obtenido, tanto de la Policía como la Dijín, ha sido muy eficiente. Nosotros necesitamos es que, cuando ese tipo de cosas sucedan, nos afecten positivamente y nos obliguen a multiplicar los esfuerzos para seguir dando buenos resultados.
Usted fue denunciado ante la Procuraduría por “intervención en política” tras un trino que publicó. ¿Cómo ha respondido a estas acusaciones y qué impacto han tenido en su labor como director de la SAE?
No, no sé.
La senadora Paola Holguín, del Centro Democrático, menciona que impuso una denuncia ante la Procuraduría por intervención en política tras un trino suyo relacionado con las marchas en contra de las reformas del Gobierno de Gustavo Petro.
Esperaremos entonces la citación o la reacción que pueda tener la Procuraduría. Lo que sí tenemos muy claro es que cualquier funcionario público tiene la restricción de opinar o entrometerse en la política electoral, pero en mi rol como funcionario público y el juramento que hice en el momento de mi posesión es el de defender la institucionalidad y el Plan de Desarrollo. Eso lo seguiré haciendo como funcionario y como ciudadano en todas las instancias y en todos los escenarios en los que pueda. Así que si no le gusta a alguien, existe la opción de bloquear en las redes sociales.
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