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Un total de 1.934 nombres de víctimas de ejecuciones extrajudiciales fueron revelados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Durante un evento simbólico que llevó por nombre “Con las botas bien puestas”, las madres y los familiares de algunas de las personas que fueron asesinadas y presentadas como bajas en combate por parte de miembros del Ejército Nacional recordaron a sus seres amados a través del arte, por medio de unas botas pantaneras, adornadas con gestos de color, que llevan los nombres y apellidos de sus hijos, esposos y hermanos. No es un hecho aislado, pues desde sectores políticos de derecha se ha negado la existencia de la cifra que encontró la justicia transicional sobre los mal llamados falsos positivos en todo el país, que corresponde a 6.402 asesinatos a sangre fría, entre 2002 y 2008. “Bastaría un solo nombre para deplorar lo sucedido”, enfatizó el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP.
Los números tienen sustento. Así lo ha explicado en repetidas ocasiones la Jurisdicción, que contrastó cientos de informes, testimonios, procesos de la justicia ordinaria y hasta confesiones de comparecientes ante la JEP, quienes han dicho hasta el cansancio que las ejecuciones extrajudiciales no son un invento de algunos, sino una política establecida en algunas brigadas y batallones de las Fuerzas Militares para demostrar resultados operacionales, un hecho que significó el dolor de miles de mamás que vieron a sus hijos partir bajo la promesa de un empleo, pero los encontraron en fosas comunes a kilómetros de sus hogares. Ellas se han organizado y alzado su voz desde hace décadas para limpiar el nombre de sus hijos, pues hay quienes los han tachado de guerrilleros para justificar sus homicidios. No eran parte de ningún grupo armado.
Los nombres revelados de las casi 2.000 víctimas de falsos positivos son parte de los resultados de investigaciones de la JEP, consignados en seis autos y dos subcasos donde ya hay contrastación judicial. Algunas de las mujeres que forman parte del colectivo Madres de Falsos Positivos de Colombia (Mafapo) —quienes organizaron la exposición que busca recolectar un total de 6.402 botas para resignificar la memoria de sus familiares— y los magistrados Alejandro Ramelli, Catalina Díaz, Óscar Parra, Nadiezhda Henríquez y José Miller Hormiga, leyeron en voz alta, con nombre y apellido, el listado que revela por primera vez ese órgano de justicia transicional. Esa lista corresponde a víctimas que fueron asesinadas en Huila, Antioquia, Norte de Santander, Casanare y el Caribe colombiano. “No son cifras, eran seres humanos con familias”, dijeron quienes leyeron el documento al final de cada intervención.
En días pasados, el magistrado Alejandro Ramelli dejó en claro que en ningún momento se revelarían de tajo todos los nombres del universo provisional de víctimas de ejecuciones extrajudiciales hasta que finalicen las labores de contrastación que adelanta la magistratura en el macrocaso 03, no solo para proteger la investigación, sino por garantizar la seguridad y el respeto a las familias de las víctimas. “Los 6.402 tienen nombre y cédula, y son hechos que nunca se deben repetir”, apuntó el togado. Esta declaración responde a quienes han pedido que salgan a la luz los nombres de todas las víctimas que ha documentado la JEP, como es el caso de la senadora María Fernanda Cabal, quien ha negado abiertamente la existencia de los falsos positivos, o un representante a la Cámara cercano al Centro Democrático, quien hizo esa misma exigencia luego de lanzar a la basura las botas pantaneras que las madres de las víctimas instalaron en el Congreso, con las que buscaban honrar la memoria de sus familiares.
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La respuesta ante esos cuestionamientos es tajante. Jacqueline Castillo, una de las líderes de Mafapo, y quien con lista en mano leyó algunos de los nombres de las víctimas, aseguró que las madres no tienen por qué publicar los nombres y detalles de sus hijos si no quieren hacerlo. De hecho, que la Jurisdicción no revele la totalidad de identidades también tiene que ver con que esa es una decisión de las familias de quienes fueron asesinados. “Nuestros familiares no son un objeto, no los estamos comercializando, no están a la venta (…) no tenemos porque dar los nombres de nuestros familiares. ¿Por qué no pedimos como sociedad que se hagan públicos los nombres de los militares que fueron responsables de las muertes de nuestros hijos?”, apuntó ante la multitud que acompañó la exposición.
Los hechos son tan claros, mencionó el magistrado Ramelli, que “además de nombre y cédula, las víctimas tienen un máximo responsable detrás (…) han sido imputados 106 máximos responsables y más del 80 % han reconocido su participación. Seis generales retirados se encuentran imputados y un general (Publio Hernán Mejía) enfrenta un juicio adversarial”. No por nada la Sección de Apelación de la Jurisdicción negó una solicitud de nulidad interpuesta por el general (r) Mario Montoya Uribe, imputado por crímenes de guerra y lesa humanidad, debido a su presunta responsabilidad en más de 130 casos de ejecuciones extrajudiciales en Antioquia cuando era comandante de la IV Brigada del Ejército. Esos señalamientos que involucran al uniformado fueron suficientes para que la semana pasada el Departamento de Estado de Estados Unidos les cerrara las puertas a él y a su familia al país norteamericano.
En entrevista con este diario, la magistrada Catalina Díaz, quien ha seguido de cerca el caso del exmilitar, y ponente de la imputación en su contra, recordó algunas de las “robustas” pruebas que existen en el expediente de Montoya, y que son sustentadas en, incluso, testimonios de sus propios subalternos. “El general utilizó un lenguaje violento que exaltaba el uso de la sangre para exigir resultados de bajas en combate a sus subordinados. Les requería litros, chorros, carrotancados, barriles de sangre, y esto lo hacía de manera cotidiana, permanente e insistente. Él resaltaba que el único resultado que realmente mostraba el éxito militar era la muerte, el muerto caído en combate. También mostramos que había incentivos, como medallas, condecoraciones, permisos, la medalla de servicios distinguidos de orden público, planes vacacionales, ascensos, promociones, entre otros varios, todo en función del número de bajas”.
La magistrada también enfatizó que durante el auge de las ejecuciones extrajudiciales el concepto de “body counting”, o conteo de cuerpos, fue una política establecida por altos mandos militares, como Montoya, quienes veían en las bajas un único resultado en la lucha contrainsurgente. Estos hechos también fueron negados por el partido Centro Democrático, asegurando en una carta enviada a la JEP que esa figura “carece de sustento documental”. En respuesta a la colectividad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, — que durante su mandato se registraron más casos—, la JEP envió una carta esta semana reiterando que desconocer estos hechos podría “incurrir en actos revictimizantes”. Sin ir muy lejos, y haciendo eco a esa respuesta, el magistrado Ramelli precisó durante la exposición: “Debería ser suficiente el llanto de una madre afligida para entender que usar las armas del Estado contra a ciudadanos inocentes es ilegal (…) Resulta incomprensible que el debate público gire en torno al cuántos y no al cómo. La pregunta no es la cifra, esa es una pregunta inmoral”.
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Las voces de las víctimas
Jacqueline Castillo, representante del colectivo Mafapo, le dijo a El Espectador que, aunque el camino a la verdad ha sufrido obstáculos, estos actos de memoria son un homenaje a sus hijos. “Hace 20 días habíamos hecho esta exposición en el Congreso, donde fueron violentadas nuestras botas de la memoria, así como fueron asesinados miserablemente nuestros familiares hace 16 años, que fueron tirados en bolsas negras de la basura, en fosas comunes. El representante hizo exactamente lo mismo con nuestra memoria”. Para ella, aún hay verdades pendientes por parte de los comparecientes. “La verdad plena nunca la vamos a conocer. Pero no vamos a permitir que estos hechos se olviden (…) somos un país sin memoria y si permitimos que esto muera, en 10 o 15 años puede volver a suceder”.
Flor Hilda Hernández, madre de Elkin Hernández, quien desapareció en Soacha el 13 de enero de 2008 y su cuerpo fue encontrado meses después en Ocaña (Norte de Santander), le dijo a este diario que, “aunque algunas personas nos han querido ignorar, botando las historias de nuestros hijos a la basura, nosotras estamos aquí hablando por ellos, porque ellos ya no están. Estamos en la lucha de mantener el nombre de nuestros hijos siempre en limpio (…) Para nosotras no hay una verdad plena por parte de los comparecientes, solo cuentan lo que les conviene y eso nos entristece el alma”.
Para Blanca Nubia Monroy, quien perdió a su hijo, Julián Oviedo, en marzo de 2008, aunque todavía hay una verdad a medias de algunos comparecientes, reconoce que hay un esfuerzo por parte de miembros de las Fuerzas Militares en resaltar la dignidad de las víctimas. “Varios de ellos adornaron la tumba de mi hijo, fue un acto muy bonito. Me transporté a 2008, cuando me despedí de mi hijo en esa tumba, en ese hueco (…) Algunos de los soldados son muchachos humildes que los obligaron a hacer cosas que no querían, tal vez, pero los altos mandos se acogieron a la JEP para obtener un beneficio del que no son merecedores, por eso esperamos una condena”.
Una vez más las madres de las víctimas de estos crímenes de Estado alzaron su voz, en esta ocasión para nombrar a 1.934 personas que fueron asesinadas a sangre fría para ser presentadas como bajas en combate. “Con la lectura de cada nombre sentí un puñal en mi corazón”, dijo con voz entrecortada Jacqueline Castillo. Estas revelaciones dejan por sentado un precedente sobre las investigaciones que condujeron a la cifra de 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales: no son un invento, pues están debidamente sustentadas. Las víctimas no son solo números. Tienen una familia. Tienen un nombre. Tienen una historia. Y también cuentan con madres que, por sus hijos, tienen las botas bien puestas.
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Por Santiago Díaz Gamboa
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