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Con una gorra negra que dice “haz que Estados Unidos sea grande otra vez”, Elon Musk se paró al lado de Donald Trump en la Oficina Oval, y lo hizo para, por primera vez, explicar públicamente cuáles son sus intenciones en la Casa Blanca. Tras despedir a miles de empleados federales, con el argumento de que son parte de una burocracia derrochadora y corrupta, el presidente republicano se remitió a escucharlo de brazos cruzados y a asentir con la cabeza ante lo que el millonario decía: “Si la burocracia está al mando, ¿qué sentido tiene la democracia en realidad? El pueblo votó a favor de una gran reforma del gobierno, y eso es lo que se le va a dar”. Él, que hace poco apareció en la portada de la revista Time, sentado en el escritorio presidencial, admitió que está aplicando una vieja fórmula suya: recortar y luego preguntar. Ante las cámaras agregó: “Nos movemos rápido, así que vamos a cometer errores, que también corregiremos”.
Es el cierre de USAID y la suspensión de la ayuda extranjera por al menos tres meses para todos los países, excepto la de Israel y Egipto, y con ello cientos de empleos en vilo, pero también la intrusión en más de una docena de agencias federales con la idea de recortar gastos y personal. La clausura de la entidad para el desarrollo internacional es, quizás, el blanco más evidente, con la que se busca dejar en apenas unos cientos los cerca de 10.000 cargos que hasta hace poco existían alrededor del mundo, aunque de momento un juez logró detener la iniciativa para más de 2.000. El próximo objetivo puede ser la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, organismo de control de la industria financiera, cuyo riesgo se hizo evidente en un tuit del mismo Musk: “RIP CFPB”. Ese mensaje se conoció el 7 de febrero y, al día siguiente, el director de la entidad le ordenó detener el trabajo a sus 1.700 empleados. Al menos unos 70 que estaban en período de prueba fueron despedidos. Sus oficinas, además, fueron selladas.
Al republicano también se le ha escuchado hablar acerca de cerrar otras agencias, como la del manejo de las emergencias (FEMA), cuyo director financiero y otros tres individuos fueron retirados de sus cargos con el argumento falso de que usaron fondos de ayuda en casos de desastre para servicios a migrantes. También ha hablado de cerrar el Departamento de Educación, que despidió al menos a 50 empleados que estaban en período de prueba, según detalló un sindicato que representa a los trabajadores federales que fue citado por The New York Times. En casi un mes, Trump ha ido detrás de los empleados de los programas de diversidad, equidad e inclusión, pero también de quienes han investigado el asalto al Capitolio, ocurrido al final de su primera administración, y de organismos de control del gobierno. De la mano de Musk, que tiene como norte la premisa de “eliminar agencias enteras”, bajo la sombrilla del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE por sus siglas en inglés), el presidente está respaldando unas decisiones que muchos catalogan de ilegales.
Aunque esa entidad goza de amplio respaldo popular, sobre todo de votantes republicanos, más allá de que algunos tienen reparos sobre cuánta influencia debe tener el empresario en el Ejecutivo, como sugiere una encuesta realizada por CBS News, hay quienes le critican la falta de transparencia y le reprochan el hecho de difundir información errónea sobre el gasto público, además de que acusan a Musk de exceder su autoridad como funcionario no electo. Otras voces ven con preocupación la pérdida de talento en áreas críticas del país, y ahí se incluye la de Max Stier, presidente y CEO de la Asociación para el Servicio Público, citado por The Guardian: “Con solo el 7 % de empleados federales menores de 30 años, nuestro gobierno necesita una nueva generación de trabajadores con las habilidades necesarias para servir adecuadamente a nuestra sociedad moderna (…). La administración Trump acaba de desperdiciar nuestro pago inicial para el futuro. Muchos de los que perdieron sus empleos eran nuevos en áreas de gran necesidad, incluidas la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la tecnología. Nuestro país será el que pague un alto precio por este desmantelamiento arbitrario de la función pública”.
Dorian Kantor, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana y estudioso de la política estadounidense, cree que la agenda del dueño de X, Tesla y SpaceX se alinea con el radicalismo disruptivo, antisistema e iliberal de Trump. Recordando los despidos masivos que llevó a cabo cuando se apropió de Twitter, a Kantor no le resulta absurdo pensar que el mandatario vea en su aliado un ejemplo de una toma de control hostil exitosa, capaz de quebrar la voluntad de los empleados resistentes al cambio, eliminar la oposición interna y reorientar una institución poderosa para servir a los objetivos políticos de su nuevo dueño. En palabras suyas, “la reestructuración de la plataforma por parte de Musk demuestra cómo se pueden desmantelar burocracias arraigadas, ya sea en San Francisco o en Washington, mediante un liderazgo agresivo y una realineación ideológica. Así como él reconfiguró la red social, Trump aspira a hacer lo mismo con la burocracia federal, reemplazando a los funcionarios de carrera con personas leales que ejecuten sus políticas sin resistencia”.
Una cosa es liderar una empresa en Silicon Valley y otra manejar un Estado, dice, por su parte, Juan Albarracín, profesor de la Universidad de Illinois, en Chicago. Como algo sin precedentes y que va más allá de la cuestión ideológica, piensa que esto toca fibras profundas: superar las atribuciones que le corresponden al presidente y, en medio de ello, traspasar el límite de lo legal. Eso, por ejemplo, se ve a la luz de USAID, que fue creada por el Congreso y tiene presupuestos definidos por él, razón por la cual una acción realizada desde la Casa Blanca no puede ignorar eso. De ahí se entiende que el principal freno a estas acciones unilaterales venga desde las cortes. De hecho, cuatro sindicatos de funcionarios públicos, con el apoyo de 20 fiscales generales demócratas, llevaron ante los tribunales el ofrecimiento que Trump les hizo a más de dos millones de empleados de renunciar voluntariamente a sus puestos a cambio de permitirles cobrar ocho meses de salario. El 6 de febrero, día que vencía la propuesta, un juez federal bloqueó temporalmente la aplicación de la medida, que la aceptaron un poco más de 65.000 trabajadores. El acceso de Musk a la información del Departamento del Tesoro también fue contrarrestado con una orden preliminar de un juez federal, y se le ordenó a él y a su equipo destruir cualquier copia de los registros.
Si ya en su primera administración se vio que Donald Trump otorgó acceso a información clasificada a miembros de su familia, como a su hija Ivanka, quien tuvo una oficina en la Casa Blanca, pero informal y sin salario, para apaciguar un poco las críticas alrededor de ello, además de que años atrás, luego de los ataques del 11 de septiembre, George Bush permitió que contratistas privados no evaluados tuvieran acceso a inteligencia clasificada, otorgando a empresas como Blackwater la capacidad de participar en operaciones sensibles sin la supervisión tradicional, como recuerda el docente Kantor, lo que se está viendo con Elon Musk es diferente: “Aquí el objetivo no es cumplir una meta específica de política exterior, sino más bien desmantelar el aparato estatal encargado de ejecutar las políticas gubernamentales”. A su parecer, el republicano le está dando carta blanca para depurar a Washington de funcionarios de carrera, profesionales de inteligencia y burócratas que podrían oponerse a su agenda, transformando al Gobierno federal en una herramienta de lealtad personal y política, en lugar de una institución funcional.
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