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El gobierno de Joe Biden está estudiando una propuesta para proteger de la deportación a los cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses y permitirles trabajar de manera legal en el país, según cuatro funcionarios que conocen las conversaciones al respecto.
Los funcionarios, que hablaron con la condición de mantener su anonimato para poder discutir el asunto, dijeron que no se había tomado una decisión final y que la forma que adoptaría esa política aún no ha sido definida. Un programa de este tipo podría facilitar que algunos cónyuges obtengan la nacionalidad estadounidense.
Esta propuesta surge mientras el presidente Biden ha tratado de enfrentar los problemas políticos de su estrategia migratoria en los últimos días.
La semana pasada propuso prohibir el asilo a los inmigrantes que cruzan hacia Estados Unidos como parte de un esfuerzo por endurecer el control fronterizo, lo que suscitó las críticas de miembros de su propio partido. Y ahora, una medida para proteger a los inmigrantes indocumentados en el país podría ayudarlo a enfrentar algo de la feroz resistencia que suscitó esa orden y cimentar el apoyo entre los defensores de los inmigrantes, los votantes latinos y su base progresista.
El programa que se está considerando se conoce como “permiso de permanencia temporal en el lugar”, que se ha utilizado en el pasado para otras poblaciones, como las familias de los miembros de las fuerzas armadas. Eso les ofrece a los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos una protección frente a la deportación durante un determinado periodo de tiempo y acceso a un permiso de trabajo.
También facilita a algunos inmigrantes indocumentados el acceso a la tarjeta verde y a la ciudadanía estadounidense.
Por lo general, la entrada ilegal en el país bloquea el acceso a la ciudadanía estadounidense en casos en los que, de otro modo, habrían podido optar a ella, como sucede cuando una persona extranjera se casa con un ciudadano estadounidense. Sin embargo, el permiso de permanencia temporal ayudaría a que algunos inmigrantes obtengan un “estatus migratorio legal” y a ser elegibles para iniciar el proceso de convertirse en ciudadanos.
Aún no se sabe a cuántas personas podría beneficiar un programa de este tipo.
La orden ejecutiva que Biden emitió la semana pasada provocó una reacción inmediata, y algunos demócratas del Congreso la compararon con una medida de la era Trump para impedir que los migrantes accedieran a las protecciones en Estados Unidos.
“Si bien hay algunas diferencias con las acciones de Trump, la realidad es que esto utiliza el mismo enfoque fallido de aplicación de la ley, penaliza a los solicitantes de asilo y fomenta una falsa narrativa de que estas acciones ‘arreglarán’ la frontera”, afirmó Pramila Jayapal, representante demócrata por Washington, en un comunicado emitido la semana pasada.
Aunque la semana pasada anunció una política fronteriza restrictiva, Biden pareció indicar que estaba analizando medidas más progresistas en materia de inmigración.
“A quienes dicen que las medidas que he tomado son demasiado estrictas, les digo que tengan paciencia”, dijo Biden el martes.
Un portavoz de la Casa Blanca dijo el domingo que el gobierno ha estado estudiando muchas opciones.
“Como hemos dicho antes, el gobierno sigue explorando una serie de opciones políticas y seguimos comprometidos a tomar medidas para hacer frente a las fallas de nuestro sistema de inmigración”, dijo el portavoz en un comunicado.
Los defensores de los inmigrantes se han mostrado optimistas luego de las reuniones informativas con la Casa Blanca sobre el potencial de la protección, pero tampoco han recibido ninguna indicación de que el gobierno vaya a actuar de inmediato.
Grupos de defensa de los inmigrantes como Fwd.US. han dicho que hay más de un millón de cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses en el país.
“Somos optimistas y trabajamos de manera incansable para garantizar que el presidente Biden tome medidas para proteger a los indocumentados que tienen mucho tiempo en nuestro país, incluidos los 1,1 millones de indocumentados que se calcula que están en Estados Unidos y que son cónyuges de un ciudadano estadounidense”, dijo Andrea Flores, exfuncionaria gubernamental y vicepresidenta de políticas de inmigración de Fwd.US.
“Si lo hiciera, cumpliría su promesa del primer día de mantener unidas a estas familias”, añadió.
Encuestas recientes muestran que muchos estadounidenses, incluidos demócratas y latinos, están a favor tanto de una aplicación más estricta de las leyes de inmigración como de vías legales a la ciudadanía.
La adopción de políticas más restrictivas se ha producido a medida que más ciudades y estados se han esforzado por dar cabida a un número récord de inmigrantes que entran en el país, y mientras un número creciente de candidatos republicanos en todo el país han jugado con el temor de que los inmigrantes representan una amenaza para el empleo, las elecciones y la identidad cultural de la nación, incluso cuando se postulan en campañas electorales de regiones que están lejos de la frontera.
El cambio de postura de Biden sobre la inmigración ha sido visto por algunos estrategas políticos como un intento de neutralizar la cuestión para los votantes blancos trabajadores que están localizados en los estados de tendencia electoral incierta del Medio Oeste, como Míchigan y Wisconsin. Pero la percepción de que Biden está haciendo eco de las políticas del gobierno de Trump o priorizando la aplicación de la ley por encima de la mejora de las vías legales a la ciudadanía corre el riesgo de disminuir sus votos entre los latinos más jóvenes y los progresistas que han impulsado importantes victorias demócratas en todo el suroeste.
Muchos activistas mexicoestadounidenses y latinos y funcionarios electos en California, Arizona y Nevada han alcanzado la mayoría de edad y han entrado en la política a través de los movimientos por los derechos de los inmigrantes.
Charles Franklin, quien dirige la Encuesta de la Facultad de Derecho de la Universidad Marquette, dijo que los encuestados en Wisconsin tendían a ver al expresidente Donald Trump como mejor en el tema de la inmigración que Biden en una proporción de 2 a 1, un obstáculo potencialmente insuperable para el presidente a estas alturas de la campaña.
El mejor argumento a favor de las políticas más estrictas de Biden, según Franklin, podría ser reducir la importancia de la cuestión entre los votantes independientes e indecisos, cuyas opiniones siguen siendo más persuasibles, pero cuya respuesta es una cuestión abierta.
“El porcentaje de demócratas que apoyan la deportación es sorprendentemente alto, pero hay una facción mayor dentro de su partido que está muy preocupada por sus recientes acciones”, dijo Franklin. “Con estas políticas, Biden tiene un conjunto dividido de ganancias y pérdidas”.
La semana pasada, el equipo de Trump hizo su propia jugada para los votantes latinos cuando cambió su campaña de “Latinos Trump” a “Latino Americans for Trump”. Los responsables de la campaña dijeron que el nuevo nombre pretendía atraer a los votantes latinos haciendo hincapié en una identidad estadounidense unificadora. Pero los historiadores e investigadores latinos también lo han calificado de movimiento estratégico para abrir una brecha entre los votantes hispanos, algunos de los cuales están preocupados por la llegada de nuevos inmigrantes.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles ha indicado que demandará al gobierno de Biden por la orden ejecutiva que limita el acceso al asilo en la frontera sur.
El domingo, Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, dijo que el gobierno estaba preparado para asumir cualquier desafío legal a la orden ejecutiva de Biden.
“Preveo que nos demandarán”, dijo Mayorkas en el programa This Week de la cadena ABC. “Defendemos la legalidad de lo que hemos hecho. Mantenemos la propuesta de valor”.
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