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El mayor miedo de Nelson Rauda y Víctor Peña se hizo realidad. Tuvieron que huir de El Salvador, su país, después de publicar en el medio “El Faro” los testimonios de exlíderes pandilleros que pactaron con el círculo de Nayib Bukele para que apoyaran su proyecto político, y eso desde la época en la que el presidente, que cumple este domingo seis años en el poder, era candidato a la Alcaldía de San Salvador. Sus vidas ahora están en una maleta y temen no poder regresar al sitio donde crecieron y echaron raíces, donde han hecho periodismo por años. Si hace media década se les impidió acceder a conferencias de prensa del gobierno y luego se convirtieron en blanco del espionaje con el software Pegasus, además de que fueron acusados de colaborar con criminales, el miedo a ser capturados los tiene ahora en el limbo.
Peña lleva 18 años en el oficio, confiesa que no sabe hacer otra cosa y su lente de fotoperiodista ha capturado los desplazamientos forzados por las pandillas y las consecuencias de la violencia de esos grupos criminales, además de que sabe lo que es tener a un familiar desaparecido, pues lo ha vivido en carne propia, como muchos otros salvadoreños. La naturaleza de su trabajo lo ha llevado a estar de frente al caos, y recuerda especialmente lo que vio en Nicaragua en 2018, cuando la represión a unas manifestaciones contra el régimen de Daniel Ortega dejó cerca de 300 muertos: “En una de las protestas le dije a un compañero que no creía posible que algo así ocurriera en El Salvador. ¡Qué ingenuo! Siete años después, aquí estoy: fuera de mi país por hacer mi trabajo, y sin cometer ningún crimen”.
Dice que el asalto de Bukele a la Asamblea Legislativa en febrero de 2020, cuando entró con medio centenar de militares y policías armados con la intención de disolver el Congreso, algo que no se había visto antes en la historia del país, fue el primer campanazo. En ese momento entendió a qué se estaba enfrentando, aunque su reciente salida de El Salvador fue repentina y parece ser indefinida. Si la primera publicación de la investigación se hizo el 1.º de mayo, no demoró en dejar de dormir y en sentir nervios por temor a las represalias. En seis días ya estaba fuera. No pudo esperar más.
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Las alertas de posibles órdenes de captura empezaron a llegar a “El Faro”, donde trabaja como coordinador de fotografía, y la Asociación de Periodistas de El Salvador aseguró en un comunicado que se estaban preparando capturas y operativos policiales en contra de reporteros y defensores de derechos humanos: “Mayo fue un mes de persecución, criminalización y asfixia a todas las voces críticas o disidentes”, y eso lo demostraron la detención de Ruth López, de la organización Cristosal, la represión con la Policía Militar a una protesta cerca de la residencia de Bukele, algo que no sucedía desde 1992, cuando se firmaron los acuerdos de paz, y la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, con la que se busca asfixiar las iniciativas sociales, que, ante un poder Ejecutivo que controla todo el Estado, son las principales veedoras del poder.
A diferencia de Peña, Rauda salió por prevención un día antes de que se publicara la primera parte de la investigación. Solo llevó una maleta de mano, insuficiente para las más de tres semanas que han pasado desde entonces. “Estamos en el peldaño más reciente del autoritarismo de Bukele, y no creo que sea el último”, dice desde Estados Unidos, donde ha permanecido a partir de entonces. Reconoce que hay personas contentas con el gobierno y que hay un cambio en el país, pues los homicidios se han reducido, así como las extorsiones, además de que ahora se puede entrar a zonas donde antes era imposible hacerlo, y eso también lo ha retratado en su trabajo.
La cuestión, según él, es que El Salvador cambió la inseguridad por la democracia, “y eso solo es un problema hasta que te afecta. Ahora la pregunta es otra: ¿cómo nos vamos a quitar de encima a la persona que sacó a las pandillas?”. A quienes alaban el método de Bukele les pide que lo piensen dos veces, y lo hace porque hace unos años veía en sus colegas nicaragüenses apenas una posibilidad de futuro, y ahora esa es su realidad. No ha podido tomar muchas decisiones, pero sabe que es más afortunado que otros, no solo porque no tiene hijos y, en consecuencia, no tiene que pensar en que hay alguien que depende de él en otro lado, sino porque piensa en las más de 83.000 personas que han sido detenidas en tres años de estado de excepción.
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