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El envío de 700 marines y de miles de tropas de la Guardia Nacional a Los Ángeles puede durar 60 días. Ya se han visto arrestos e incluso ataques contra la prensa, como cuando Lauren Tomasi, corresponsal de 9News, fue alcanzada por una bala de goma mientras cubría en vivo las protestas que transcurren desde finales de la semana pasada en la ciudad californiana. Los uniformados han usado gases lacrimógenos y otras municiones antidisturbios durante unas redadas antimigrantes, impulsadas por el gobierno de Donald Trump. En medio de la tensión, también se han registrado robos a negocios y la incineración de vehículos. Estas imágenes evocaron recuerdos de sucesos del siglo pasado, aunque con algunas diferencias.
Corría el año 1992 cuando el entonces presidente, George H.W. Bush, movilizó a la Guardia Nacional a ese mismo lugar. La orden se conoció después de que la absolución de policías blancos acusados de agredir a Rodney King, un hombre negro desarmado, desató cinco días de disturbios. Más de 60 personas murieron y otras 2.000 resultaron heridas, además de que cerca de 1.000 edificios quedaron destrozados. Ante ese escenario, el gobernador republicano de California, Pete Wilson, y el alcalde demócrata de Los Ángeles, Tom Bradley, le solicitaron al Gobierno federal el envío de tropas.
Eso no pasó este fin de semana. Al contrario, desde entonces se ha visto un claro choque entre el jefe de la Casa Blanca y las autoridades locales, que dijeron que el despliegue de los uniformados no era necesario y que solo tuvo un efecto perturbador. De hecho, la Policía de Los Ángeles calificó las protestas del sábado como pacíficas, aunque algunas se intensificaron con el lanzamiento de piedras y bombas molotov, así como el incendio de vehículos. La alcaldesa Karen Bass le aseguró a CNN que los disturbios no fueron generalizados y que quienes cometieron vandalismo serán procesados por la justicia.
La retórica ha alcanzado tal nivel que el zar fronterizo de Trump, Tom Homan, le dijo a NBC NEWS que arrestaría a cualquiera que interfiriera con la aplicación de la ley de migración, incluido al gobernador Gavin Newsom, quien le respondió en una entrevista con MSNBC: “Venga por mí”. El dirigente estatal aseguró que la medida ordenada por el mandatario republicano fue “ilegal” y “provocadora”. En ese sentido, California demandó el lunes a la administración federal. En el documento no solo alegó que el gobernador fue ignorado en la decisión, sino que el envío de la Guardia Nacional avivó el miedo y aumentó las tensiones. Además, el martes instó a un tribunal federal a emitir una orden de emergencia que restrinja el uso de marines y tropas de la Guardia Nacional.
Aquí se está violando la soberanía estatal, afirmó Alejandro Bohórquez-Keeney, docente de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado: “En los parámetros fundacionales del país está que ese es un asunto compartido entre los estados y el Gobierno central. Se supone que ninguno debe superar al otro, y que siempre debe haber equilibrio. También está presupuestado que no debe ponerse al ejército en contra de la población, precisamente porque Estados Unidos nació con la idea de descentralización política, de que nadie debe concentrar demasiado poder. Lo que estamos viendo es que la Presidencia lo está centralizando más”.
De hecho, la demanda presentada por el estado de California alegó que “uno de los pilares de nuestra nación y nuestra democracia es que nuestro pueblo se gobierna por un gobierno civil, no militar (…). Los fundadores consagraron estos principios en nuestra Constitución: que un gobierno debe rendir cuentas a su pueblo, guiarse por el Estado de derecho y por la autoridad civil, no por el gobierno militar”. Lo que está pasando en Los Ángeles, en palabras de Bohórquez-Keeney, es una expresión de autoritarismo y una muestra de cómo el país se está volcando en contra de sus propios principios.
Hace décadas no se veía algo como lo de estos días. La Oficina de la Guardia Nacional registró que, salvo algunas excepciones, los presidentes “evitaron recurrir a la milicia en respuesta a disturbios civiles” durante la mayor parte del siglo XIX, y, en cambio, optaron por fuerzas estatales. Sin embargo, eso cambió durante la época de las luchas a favor de los derechos civiles, cuando el Gobierno federal se enfrentó a funcionarios de los estados segregacionistas del sur del país. Según la entidad, en diferentes momentos, los presidentes Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy y Lyndon B. Johnson federalizaron la Guardia Nacional “para hacer cumplir la expansión de los derechos civiles y garantizar el orden público”.
Fue en marzo de 1965, en vísperas de la histórica marcha de Selma a Montgomery, Alabama, que se vio el desafío de un presidente a un gobernador. En ese entonces, Johnson desplegó la Guardia Nacional sin la cooperación de George Wallace, una de las figuras segregacionistas del momento. Lo hizo para proteger a los manifestantes contra la violencia, pues el líder estatal no quería usar fondos para velar por la seguridad de quienes protestaban.
El mandatario le comentó que tenía a su disposición más de 10.000 miembros entrenados para resguardar a las personas, entre ellas a Martin Luther King. En una declaración a la prensa aseguró: “Si no puede o no quiere llamarla, la llamaré y les daré todo el apoyo que sea necesario”. Así, en compañía de unos 1.800 miembros de la Guardia Nacional de Alabama y 2.000 soldados, los manifestantes recorrieron unos 80 kilómetros hasta el capitolio estatal en Montgomery, sin incidentes importantes. Lo que está pasando ahora en Los Ángeles es diferente, pues, según Bohórquez-Keeney, es un abuso de autoridad.
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