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El 9 de agosto del año pasado el candidato presidencial Fernando Villavicencio fue atacado a tiros en Quito. El hombre de 59 años recibió un impacto de bala en la cabeza cuando salió de un evento político en la capital ecuatoriana, pocos días antes de que se celebrara la primera vuelta de las elecciones anticipadas, convocadas luego de que el expresidente Guillermo Lasso declarara la muerte cruzada, con la cual se disolvió la Asamblea Nacional y el país inició una carrera para elegir a un nuevo Ejecutivo y Legislativo, que terminó con la elección de Daniel Noboa. Villavicencio, de 59 años y periodista de profesión, reveló documentos que fueron parte del caso Sobornos, en el que fue sentenciado el expresidente Rafael Correa y más de una docena de funcionarios de su gobierno. Además, denunció nexos del crimen organizado con la política ecuatoriana días antes de ser asesinado.
La pregunta de quién lo mandó a matar sigue sin respuesta. Aunque hay algunos condenados, aún se desconoce el nombre del autor intelectual del crimen. “No es sorpresivo que en este momento no lo sepamos. Los magnicidios, por lo general, son secretos de Estado muy bien guardados y no creo que Ecuador tenga las condiciones políticas y sociales para resolver este tema”, dice Daniel Pontón, analista en temas de seguridad. “La Fiscalía, según las denuncias de las hijas, ha sido bastante opaca en sus investigaciones y elementos para establecer la responsabilidad intelectual. Esto pone un halo de incertidumbre. El problema también es que se ha manipulado políticamente el asunto”.
La misma noche del crimen, 13 personas fueron arrestadas y procesadas por homicidio, entre ellas unos sicarios colombianos, asesinados en diferentes circunstancias: uno el mismo día del atentado y los otros seis, al tiempo, en la Penitenciaría del Litoral, el 6 de octubre de 2023, la víspera en la que la Fiscalía debía terminar con la recolección de pruebas. Además, a una persona se le suspendió el proceso judicial, pues la entidad no encontró indicios suficientes para condenarla.
Así las cosas, al juicio llegaron cinco individuos, todos ellos sentenciados. La lista la encabeza Carlos Ángulo, alias ‘Invisible’, uno de los cabecillas de Los Lobos, organización narcodelictiva a la que se le ha atribuido el asesinato del candidato. Desde la Cárcel de Cotopaxi, él habría organizado al grupo de sicarios colombianos que cometió el crimen. Fue sentenciado a 34 años y ocho meses de prisión. La logística estuvo a cargo de Laura Castillo, condenada como coautora a la misma pena. Ella manejaba una red de microtráfico en el sur de Quito, también adscrita a Los Lobos, y fue la encargada de proporcionar vehículos, armas y otros insumos. Los demás implicados recibieron una condena de 12 años de cárcel, en calidad de cómplices.
“Se sabe que el asesinato nació de una orden dada en una cárcel, que todo el mundo vincula a Los Lobos, pero este caso no solamente es algo de narcopolítica, donde el narcotráfico opera a través de la política, sino que también hay que analizarlo desde el ámbito de que la política opera a través del crimen”, afirma Pontón. De hecho, al margen del magnicidio, el diario El Universo menciona que, para finales de julio de 2023, Villavicencio había recibido una amenaza de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de la banda criminal Los Choneros. Tres meses antes, en abril de ese año, el propio Villavicencio, como legislador y presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, denunció en la Fiscalía a cinco exlegisladores, uno del Partido Social Cristiano y cuatro del movimiento de Revolución Ciudadana, por presuntamente planificar un sicariato en su contra. Según un testigo de la Fiscalía, la organización que está tras la planificación y la ejecución del magnicidio quería ejecutarlo porque si llegaba a la Presidencia iba a “cambiar las leyes e incrementar las penas de los delitos”, así como también “iba a llegar muchos”.
Esta semana se debía conocer en el pleno de la Asamblea Nacional el informe de la comisión especializada a cargo de la investigación del magnicidio, pero una legisladora del partido Revolución Ciudadana suspendió dicha lectura del orden del día, sin dar más detalles. El documento concluye que en el asesinato hay responsabilidad del expresidente Guillermo Lasso, aunque también se habla de crimen político. El informe de mayoría estableció que los hechos en torno al magnicidio hacen “presumir” que pudo haber “infracciones penales y administrativas” por parte del exmandatario, del exministro del Interior, Juan Zapata, y de la cúpula de la Policía Nacional. Sostiene que Lasso incumplió su deber de mantener el orden interno y la seguridad pública, y que aquello derivó en una crisis de inseguridad en la que se produjo el crimen de Villavicencio.
En el texto se lee: “De haber cumplido a cabalidad sus funciones, posiblemente se pudo haber evitado la ola delincuencial que sufría y sufre el país, producto de lo cual se produjeron brutales asesinatos, entre ellos el del señor Fernando Villavicencio Valencia”. En contraste, el informe de minoría establece que el asesinato del candidato fue un “crimen político” por la incomodidad que generaban sus investigaciones, que, según la Fiscalía, sumaron 17 relacionadas con varios sectores, como el petrolero, el minero y hasta el narcotráfico. La cuestión, más allá del retraso, al menos para Pontón, es que no hay una conjunción entre la comisión y el ente investigador: “Villavicencio era una persona de alto riesgo y, a pesar de ello, la negligencia que mostraron las autoridades fue muy amplia: no se le dio la protección adecuada y los asesinatos de los presuntos responsables. Eso pone en duda la credibilidad”.
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