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Nicolás Maduro y el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez intercambiaron argumentos sobre una premisa que suena inviable para muchos: llevar a cabo una intervención internacional en Venezuela. “Nosotros pedimos una, preferiblemente avalada por las Naciones Unidas, que desaloje esos tiranos del poder y convoque de inmediato unas elecciones libres”, comentó el líder del Centro Democrático. La respuesta no demoró en llegar: “Nadie quiere más sanciones, nadie quiere más violencia”, mencionó, por su parte, el ocupante del Palacio de Miraflores. Más allá de que hay ejemplos históricos que muestran que esa estrategia puede guiar fácilmente a consecuencias devastadoras para la sociedad civil, como lo mostró el caso de Somalia en los años 90, cuando la acción estadounidense dejó entre 130 y 700 víctimas mortales, además de que miles más tuvieron que huir de sus hogares, no parece haber un marco institucional, menos unas condiciones geopolíticas, para que pueda suceder algo así alrededor de Caracas.
Una cosa es que el gobierno de un país solicite una intervención extranjera, como lo hizo recientemente Haití, que pidió el despliegue de una fuerza especializada para apoyar a la Policía Nacional en su tarea de enfrentar los altos niveles de violencia provocados por las bandas criminales, tras lo cual firmó un acuerdo bilateral con Kenia para el despliegue de 1.000 uniformados, alrededor del cual ha surgido frustración por la falta de resultados, en un contexto en el que más de 5.000 personas murieron solo el año pasado, y otra es lo que propuso Uribe Vélez para Venezuela. Quizás la barrera más evidente para ello tiene que ver con que, dentro del sistema internacional actual, algo así debe pasar por el visto bueno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y es poco probable que allí se obtenga el beneplácito para ello. El poder del veto, que seguramente vendría de China y Rusia, frenaría de entrada la intervención.
“Esta parece ser una propuesta solitaria, incluso anacrónica”, dice Nastassja Rojas, profesora y consultora en derechos humanos: “Algo así no va a ser autorizado por ninguna otra agencia u órgano de la ONU”. La medida no es viable, ni deseable. Al menos así lo lee Txomin Las Heras, investigador adscrito al Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario: “Se sabe cómo empiezan, pero no cómo terminan, y las intervenciones suelen ser operaciones militares traumáticas. Además, si se prolongan en el tiempo, pueden generar problemas internos”. Pero más allá de ello, el analista ve un inconveniente mayor: “Esto le ofrece argumentos a la administración de Maduro, que siempre ha hablado de este peligro, y le permite desarrollar una narrativa con un lenguaje antiimperialista y antiintervencionista”.
A falta de vías institucionales dentro del sistema universal para realizar algo así, Rojas explica que la única forma que queda vigente para realizar una intervención es si la operación se lleva a cabo por el liderazgo de algún Estado, y eso, a la par, es poco probable que ocurra. De un lado, por ejemplo, está Estados Unidos, que próximamente entrará a una nueva era bajo el segundo mandato de Donald Trump, quien parece estar más inclinado hacia el aislacionismo internacional y poco interesado en involucrar al país en otro foco de conflicto. Si desde hace un tiempo ha dicho que al llegar a la Casa Blanca acabará en cuestión de días con la guerra en Ucrania, no parece perfilarse como un actor que encabece una posible intervención en Venezuela. “Estados Unidos tiene demasiados frentes abiertos en este momento que necesita ir cerrando”, asegura, al respecto, la analista.
Del otro lado, no parece haber otro país, al menos geográficamente cercano a Venezuela, que asuma la bandera y la responsabilidad de llevar a cabo una operación semejante. Las Heras no cree factible que los gobiernos de la región se presten a algo parecido, y con ello se refiere específicamente a Brasil y Colombia. El primero de ellos “no estaría dispuesto a sacrificar su liderazgo” en América Latina por hacer algo semejante. El otro sufriría con una acción militar en su vecino, pues podría haber un incremento en la migración. En el panorama quedan Guyana, una zona selvática que no tiene comunicación terrestre con Venezuela, y, más difícil aún, Trinidad y Tobago y Aruba y Curazao, que tienen el mar de por medio.
La propuesta de una intervención extranjera es negativa, o al menos así lo cree el politólogo Alejandro Martínez Ubieda, entre otras razones porque Venezuela ya atraviesa una emergencia humanitaria compleja, y un enfrentamiento bélico empeoraría la situación. Pero, además, porque una acción semejante dejaría resquemores entre naciones, lo que a futuro puede ser difícil de superar y generar relaciones turbulentas, más allá de la coyuntura actual. A su parecer, el trabajo de la comunidad internacional, más allá de una intervención, debe estar centrado en las presiones diplomáticas y comerciales, que hagan ver la inviabilidad del proyecto de Nicolás Maduro.
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