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Una avalancha de proyectos se tomó el Capitolio en los últimos cinco meses y dejó a las mesas directivas, así como a los mismos congresistas, corriendo para discutir, no solo los que ya estaban en la parrilla para entrar a la discusión de las plenarias, también los casi 700 articulados que fueron radicados en este periodo de sesiones ordinarias. En medio de todo eso, se mantiene una relación rocosa entre el presidente Gustavo Petro, quien ha tratado de meterle el acelerador a las iniciativas de autoría de su Gobierno, y el Congreso, que le puso el freno a su objetivo de lograr el visto bueno para varias de sus reformas.
Así fue que, en el último día del periodo de sesiones ordinarias, la reforma política se hundió, a solo un debate de finalizar la primera ronda de discusiones en el Congreso, y solo cuatro días después de que la ley de financiamiento, llamada por algunos como una “mini reforma tributaria”, fuera archivada por decisión de las comisiones económicas. Esa seguidilla de derrotas para el Gobierno fue precedida por un tire y afloje del Ejecutivo con la Casa de Nariño, específicamente con el presidente del Senado, Efraín Cepeda (Partido Conservador), y con señalamientos por parte de los representantes de la oposición al de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca (Alianza Verde), por presuntamente no dar las garantías en la plenaria.
Y no fue poco que a las dos secretarías llegara un amplio número de proyectos en estos 149 días, con 417 en Cámara y 282 en Senado, aproximadamente cuatro iniciativas radicadas al día. El de número de aprobados, sin embargo, no llega ni a la mitad de ninguna de las dos: de acuerdo con las cúpulas de ambas corporaciones legislativas, 110 recibieron el visto bueno de la cámara alta —que de un tiempo para acá comenzó a tener un orden del día para las plenarias con más de 80 puntos—, y en la cámara baja no alcanzaron los 100. Como referencia, en la legislatura 2023-2024, solo el 3,7 % de los proyectos presentados se convirtieron en ley.
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“Están muy creativos nuestros senadores y nuestros parlamentarios presentando proyectos, unos de gran interés nacional, y esos los estamos priorizando”, aseguró Cepeda a inicios de este mes. En esa línea también estuvo Salamanca, quien le dijo a este diario que en la Cámara se han discutido cerca de “68 leyes de origen de congresistas de diversos partidos, en donde todos tuvieron la oportunidad de demostrar que el Congreso está trabajando muy duro, la Cámara en particular, por sacar adelante iniciativas muy importantes”.
Los que lograron la aprobación del Capitolio han sido, justamente, esos que más generan consensos de una orilla a otra: la prohibición contra el matrimonio infantil, la ley contra el ruido, la ley de salud mental y bienestar emocional, el divorcio unilateral, y la creación de la licencia de maternidad para las mujeres en la política. Incluso, el Legislativo volvió a respaldar el proyecto de los días sin IVA y el del kit “Mamá cuentas conmigo”, negando las objeciones presentadas por el Gobierno Petro.
Y la Casa de Nariño también acumuló victorias, con la aprobación total del Presupuesto del Sistema General de Regalías 2025-2026 y la reforma al Sistema General de Participaciones, de la que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, fue abanderado. Además, logró avanzar en los debates de la reforma a la justicia, la laboral y la ley ordinaria de la jurisdicción agraria, en la que los opositores de esta administración reconocieron la disposición del Gobierno para consensuar.
Justamente, la llegada de nuevos ministros también habría sido clave para el movimiento del Ejecutivo. No es poco que llegara a la cartera del Interior Juan Fernando Cristo, conocido por su trabajo con el expresidente Juan Manuel Santos para adelantar los trámites legislativos relacionados con el Acuerdo de Paz, un movimiento que generó ruidos en el Pacto por no identificarse como “de izquierda” y logró darle una apertura al Gobierno en el Congreso para entrar a negociar con otros sectores.
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Pero no todo funcionó de acuerdo con el plan de La Giralda, y la reforma política y la ley de financiamiento son prueba de eso. Incluso, la Casa de Nariño todavía evalúa los movimientos que tendrá que adelantar para que la reforma laboral pueda recibir el guiño de la Comisión Séptima del Senado, que archivó la primera reforma a la salud en marzo. Incluso, la versión 2.0 de ese articulado ya es centro de controversias por su discusión en extras —citadas por el mismo Cristo— y los temores alrededor de un quorum que puede quebrarse en cualquier instante. Aunque se esperaba que esta ya saliera de su discusión en la Cámara en este año, la presentación de casi 600 proposiciones frenó el debate y ahora el panorama es que seguirá en esa misma corporación al iniciar el periodo de sesiones ordinario de 2025.
Y las iniciativas de los congresistas también sufrieron, además de varias que no lograron el corte del primer periodo de sesiones. Entre ellas, la reforma al Consejo Nacional Electoral, que era diferente a la reforma política, el proyecto de acto legislativo que buscaba incluir en la Constitución el mecanismo de paridad para fortalecer la participación de mujeres en política, así como la reforma constitucional que pretendía reinstaurar la prohibición del aborto.
Tampoco tuvieron suerte varios proyectos que no lograron siquiera ser agendados en comisiones: la regulación a la protesta, el Estatuto de la Igualdad para la Garantía de los Derechos de las niñas y las mujeres, la imposición de sanciones económicas a quienes se retracten por injuria o calumnia y el que creaba el Sistema Nacional de Monitoreo de Agresores Sexuales de Menores de Edad.
Lo cierto es que, con el año preelectoral a tan solo 13 días, el tiempo se hace más corto para los proyectos presentados en el Congreso. Justo por esa razón, el Gobierno Petro está tratando de meterle el acelerador a sus reformas, las cuales fueron promesas centrales en su campaña, antes de que llegue la legislatura 2025-2026, en la que muchos congresistas lo pensarán dos veces antes de votar proyectos que no les den réditos políticos. Además, teniendo en cuenta que las próximas cabezas de Cámara y Senado serán ocupadas por Cambio Radical y el Partido Liberal —que si bien tiene entre sus filas a varios que apoyan las iniciativas del mandatario, podría ocurrir lo mismo que cuando Alianza Verde estuvo en el puesto y elegir a alguien contrario al Ejecutivo—, podría dificultarse el agendamiento de esos proyectos.
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No hay que dejar de lado que la Casa de Nariño tiene varios pendientes, de acuerdo con lo que el mismo Cristo le presentó a la bancada del Pacto en julio como las prioridades en el Legislativo. En la lista todavía faltan por radicar la ley estatutaria de Educación, el estatuto de la Ley de Servicio Públicos y la ley de pequeña minería.
Y a ese se suma otro que no tendría buen recibimiento en el Congreso: el que vuelva a instaurar el Ministerio de Igualdad, cuya creación fue tumbada por la Corte Constitucional, que argumentó vicios en el trámite y le dio hasta el 20 de junio de 2026 para volver a ser presentada. Hasta ahora, no ha sido el borrador del proyecto no ha mencionado por ningún funcionario del Gobierno, ni siquiera la misma vicepresidenta y ministra de Igualdad, Francia Márquez, aunque la cartera ha dicho que se encuentra en su etapa de formulación.
Con un poco más de ocho semanas para finiquitar las alianzas y consensos en el Capitolio para lograr el avance de sus proyectos, el presidente, de todas formas, no estará dispuesto a ceder en sus enfrentamientos con la rama del poder legislativo, a la que ha acusado, en varias ocasiones, de planear un presunto “golpe de Estado” en su contra. Así las cosas, en los meses venideros, el Congreso comenzará a ver de cara a las elecciones de marzo de 2026 para tomar sus decisiones clave y podría seguirse calentando la relación entre los vecinos.
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