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El progresismo ha estado salpicado en los últimos meses por varios casos de presunta violencia de género, en los que han estado incluso involucrados tres altos cargos del Ejecutivo de Gustavo Petro y que han dejado un historial de denuncias y testimonios pendientes. El más reciente fue el de Diego Cancino, quien 48 horas después de haber sido desginado como presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), terminó con una denuncia penal en su contra por acoso sexual.
Y aunque el presidente Petro ha guardado silencio sobre esta denuncia, interpuesta por Viviana Vargas, funcionaria de Ministerio del Interior en el que Cancino se desempeñó como viceministro, no es el único caso en el que ha esquivado sentar posición de manera pública, pese a que diferentes voces le han pedido tomar cartas en el asunto.
Otro salpicado por una situación similar es el embajador ante la FAO, Armando Benedetti, quien tiene una indagación pendiente en Cancillería y ante los tribunales de España por una denuncia que puso su esposa, Adelina Guerrero, por agresión verbal. Esta todavía sigue en etapa de indagación en Cancillería.
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Escenarios parecidos se registran con Hollman Morris, actual gerente del Sistema de Medios Públicos RTVC, y el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, quienes han sido respaldados por el presidente Petro al mantenerlos en sus cargos, pese a acusaciones que van desde violencia intrafamiliar a acoso sexual. Todos fueron contactados por El Espectador para conocer su versión de los hechos, pero no hubo respuesta hasta el momento de esta publicación.
Tras la denuncia hacia Cancino, que se dio a conocer por la Revista Cambio, la mirada se posó sobre el progresismo. Por el lado institucional, la defensora del Pueblo, Iris Marín, pidió su renuncia. Y en el interior del movimiento, la senadora María José Pizarro afirmó que en la izquierda no debería haber espacio para este tipo de situaciones y condenó los hechos denunciados por Vargas.
El mismo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien trabajó de la mano de Cancino cuando este fungió como su viceministro, ratificó “su compromiso con la promoción de políticas públicas que contribuyan a la erradicación de la violencia y el acoso en todas sus formas”.
Por su parte, después de que se dieran a conocer los hechos contados por Vargas, el exviceministro publicó un comunicado en el que se defendió.
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“Estoy absolutamente convencido de que en ningún momento incurrí en ninguna forma de acoso sexual en el marco de un encuentro entre excompañeros—ya que hacía más de un mes había salido del Ministerio del Interior—, y en el cual estuvimos acompañados de personas a quienes Viviana invitó en calidad de amigos suyos”, afirmó.
Y agregó: “estoy comprometido con la justicia, la respeto y colaboraré plenamente con cualquier investigación para contribuir a la verdad en este tema tan delicado y que tanto dolor me causa. Esclarecer la verdad es imperativo y al final nos ayudará a todos y todas en el plano tanto persona, como colectivo”.
Pero la decisión, en últimas, estaría en manos del mismo jefe de Estado, como también lo hizo saber Cristo en sus declaraciones ante los medios posterior a su llamada con Vargas: “es una facultad del presidente. Esperamos que la Fiscalía avance en las investigaciones para establecer realmente qué fue lo que sucedió”.
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Ahora, con este caso para recordar situaciones anteriores, se ha volcado la atención hacia los altos funcionarios del Gobierno Petro que también cuentan con acusaciones. La raíz del asunto llega hasta 2019, cuando se dieron a conocer las denuncias contra Hollman Morris, cercano del presidente, por acoso sexual y violencia intrafamiliar. Esos señalamientos habían salido antes de que el progresismo se decidiera por su candidato a la Alcaldía, pero no fueron impedimento para que el actual mandatario le diera su respaldo y Morris se disputara en las elecciones de ese mismo año, en las que obtuvo el 13,99 % de los votos (440.591).
Desde que llegó a inicios de este año a RTVC también ha sido objeto de acusaciones por acoso laboral, detallado en las cartas de renuncia de quienes trabajaban con él. Por su parte, Morris ha dicho que se mantiene firme en su puesto y no renunciará, defendiendo su inocencia. Con esa situación, varias mujeres salieron del proyecto político, entre ellas, Sara Tufano, socióloga, y Ángela María Robledo—quien había trabajado junto a Cancino—, fórmula vicepresidencial de Petro en 2018, quienes relataron haber sido víctimas de violencia política por su posición frente al asunto.
Tufano insiste en que al tomar el lado de las mujeres que denunciaron a Morris, algunos personajes de la izquierda comenzaron a verlas como “enemigas” del movimiento, que ella misma apoyó en otras instancias. Enfatiza que cuando esas denuncias salieron al ojo público, ya habían surtido un proceso interno en el partido, que no dio ni respuesta ni reparación a las víctimas: “Todos lo sabían, pero nadie hizo nada”.
Por el lado de Robledo, tras anunciar su salida del proyecto, desde el partido de Colombia Humana, se le acusó que buscar “habilitar un escenario propio en pro de [sus] aspiraciones políticas”.
“Me voy de Colombia Humana porque se me cerraron los espacios de participación, se desconoció mi voz y no fue posible construir colectivamente una organización interna, porque recibí violencia política, porque no conviví con el ejercicio que impone decisiones pasando por encima de la construcción de consensos, y porque no acepté el incumplimiento del primer punto de nuestro decálogo: ‘Cero tolerancia contra cualquier forma de violencia contra las mujeres’”, escribió en una carta.
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Para Benedetti la situación ha sido similar, y este también ha sostenido que es inocente. La misma fecha en la que se conoció el caso que habría ocurrido en España contra la esposa del embajador, el canciller Luis Gilberto Murillo anunció que el caso ya estaba en la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Cancillería y afirmó que iban “a tomar decisiones muy rápido”.
Tres meses después, la investigación sigue en curso, sin ninguna decisión de fondo. Lo mismo ha ocurrido por el proceso que se adelanta internamente en el Ministerio por el paso de Benedetti por la embajada de Colombia en Venezuela. En medio de todo eso, no deja de resaltar que el actual embajador haya sido un nombre clave en la campaña del ahora presidente y que haya amenazado al Gobierno Petro con retaliación en caso de que fuera sacado del proyecto político.
De acuerdo con Benedetti, no se puede pronunciarse sobre el caso por “estricta indicación” de sus abogados en España y debido a que este sigue en etapas de reserva.
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Y, entre todos los acusados, el puesto mayor es el que actualmente ostenta el ministro Mauricio Lizcano, quien salió como director del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) para desempeñarse en la cabeza de las TIC. Allí llegó después de ser señalado, en un testimonio recogido por El País, de haber intentado besar a la fuerza a una mujer a la que entrevistaba para hacer parte de su UTL. Él ha sostenido que no realizó las acciones de las que se le acusan.
“Es una información totalmente falsa”, afirmó el ministro a inicios de este año.
Los nombres también se suman en la derecha, con el magistrado del Consejo Nacional Electoral y opositor de Petro, César Lorduy, quien fue denunciado por la representante Ingrid Aguirre de acoso. En las últimas semanas, los señalamientos contra el presidente del CNE fueron usados por el jefe de Estado para pedir su renuncia.
Lo cierto es que la respuesta que se dio con el caso de Cancino, quien fue “reencauchado” por Petro, se espera con esos altos funcionarios. Ahora, figuras clave del progresismo, como la senadora Pizarro, denunciaron los hechos, pero para las que salieron del movimiento, esa posición tiene que sentarse con los otros.
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