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Un equipo jurídico está alistando el dossier que llevarán los gobernadores y la Federación Nacional de Departamentos (FND) ante el Ministerio de Hacienda este 19 de enero. Las tensiones están a tope después de que un grupo de 17 de ellos tomara el camino de la “rebelión” para rechazar la implementación de la emergencia económica en el alza de los impuestos a licores y tabacos, con el argumento de que impactará duramente las arcas regiones, y creara una situación con un único precedente: el “decretazo” de la consulta popular del presidente Gustavo Petro.
Las expectativas son altas para esa reunión que contará con la presencia del ministro Germán Ávila. Se trata del primer encuentro en el que el Gobierno discutirá con las regiones las implicaciones del decreto y, más allá de eso, se conocerán los pasos a seguir para el grupo de “rebeldes”. Del lado del Ejecutivo, el argumento central estará en que la medida respetará “el recaudo y administración por parte de los departamentos” y las rentas mantendrán “sus destinaciones específicas a los sectores esenciales de salud, educación y deporte”.
Aunque desde los departamentos el reclamo se centrará en que la medida se tomó sin tener en cuenta sus propias necesidades —han sido enfáticos de que en ningún momento fueron consultados o avisados de la medida que se venía encima—, también estará atravesado por los problemas que han tocado la fragmentada relación del Gobierno nacional con los mandatarios regionales. Y allí es donde entrarán a jugar factores como la seguridad, la violencia y las obras sin entregar que han marcado la agenda de la disputa de Bogotá con las regiones.
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Ese grupo que llegará al Minhacienda, ubicado solo a 140 metros del Palacio presidencial, estará integrado por el equipo jurídico de la FND, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta (presidente de la Federación), y un grupo que actuará como los voceros del resto de los mandatarios locales: Rafaela Cortés (Meta), Magali Matiz (Tolima) —ambas están en fila para convertirse en presidenta y vicepresidenta, respectivamente, de esa organización este año y han sido críticas del Ejecutivo—, Henry Gutiérrez Ángel (Caldas), Luis Alfonso Escobar Jaramillo (Nariño) y Carlos Amaya (Boyacá).
Es una situación que se está manejando con pinzas por la sombra de las denuncias por “prevaricato” que ya ronda sobre las cabezas de esos mandatarios, con advertencias directas del Gobierno. Incluso antes de que se diera a conocer esa decisión, el ministro del Interior, Armando Benedetti, ya había dicho que estaban “invitando a no acatar la ley” y “usurpando las funciones de la Corte Constitucional”. A esos señalamientos se sumó el ministro (e) de Justicia, Andrés Idárraga, quien habló de “acciones jurídicas” que pondría en curso el Ejecutivo para “hacer valer la Constitución nacional”.
El equipo jurídico de la FND está analizando varias vías, entre ellas, una que liga a este choque de gobiernos nacional y regionales con uno entre el Ejecutivo y el Legislativo: usar la excepción de inconstitucionalidad. En 2025, la Casa de Nariño la empleó para argumentar que la cámara alta había puesto en riesgo “la democracia participativa” y bloqueado “ilegítimamente el pronunciamiento directo del pueblo”; ahora, ese grupo de gobernadores la analizan como una posibilidad para sustentar su reclamo.
“Se evaluará la eventual aplicación de una excepción de inconstitucionalidad, al evidenciarse un riesgo cierto para la sostenibilidad financiera de las administraciones departamentales y su capacidad de garantizar la prestación de servicios esenciales como la salud, la educación y el deporte”, se lee en el comunicado publicado por la FND.
Lo cierto es que en los cuatro días que han pasado desde la reunión del jueves, no ha caído tan bien que la óptica de una “rebelión” haya marcado la pauta de esta discusión con el Ejecutivo, especialmente aquellos que tienen un diálogo más fluido con Bogotá. Por ello es que algunos de los gobernadores dejaron claro que no significa un rechazo total a la emergencia económica —y la implementarán a cabalidad—, sino que están enfocados únicamente en “en lo referente al aumento del Impuesto al Consumo y el incremento al IVA del 5 % al 19 %”. Posiciones, en todo caso, para suavizar lo que desde el Palacio presidencial leyeron como un “reto”.
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Los 17 iniciales fueron Amazonas, Antioquia, Atlántico, Caldas, Caquetá, Cesar, Chocó, Guainía, Huila, Meta, Nariño, Putumayo, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Tolima y San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Y quienes impulsaron esa movida son figuras conocidas por los choques que han tenido con el mandatario en los últimos meses: Andrés Julián Rendón (Antioquia), Dilian Francisca Toro (Valle) y Matiz.
El primero fue quien citó la reunión extraordinaria de los mandatarios regionales y puso sobre la mesa la figura de la “excepción de inconstitucionalidad”, asegurando que se trata de una norma “desproporcionada” y que “vulnera principios de la Constitución misma”. No todos los integrantes de ese encuentro estuvieron de acuerdo y algunos de ellos también dejaron claro que se exponían a la posibilidad de denuncias.
En medio de eso es que varios de ellos han tratado de matizar esas posiciones. Nubia Córdoba (Chocó), Luis Alfonso Escobar (Nariño) y Juan Diego Patiño (Risaralda) han sido parte de los mandatarios que, posterior a ese encuentro, han sostenido que respetan el ordenamiento jurídico y aplicarán las normas definidas en la emergencia económica, prestos al diálogo con el Gobierno. El último recibió, incluso, una respuesta del mandatario en su cuenta de X: “Le agradezco, señor gobernador de Risaralda, que nos mantengamos dentro del estado social de derecho”.
“Algunos gobernadores hablaron de que, si no está bien fundamentado, el prevaricato es una opción; algunos otros plantearon la situación particular que genera ser retenedores del IVA. Para el caso de los que tienen industria licorera y que son retenedores del IVA, tienen una posición mucho más delicada en torno a la evaluación, entonces necesitamos asesoría jurídica”, aseguró la gobernadora Córdoba, en entrevista con El Espectador.
Y es que, según la mandataria regional, en esa reunión se habló de que “no hay un marco de procedibilidad” para estos casos. Incluso, fue enfática en que la “excepción de inconstitucionalidad” fue planteada como una herramienta de ultima ratio, pues lo que primaría sería, ante todo, la solicitud de un “espacio de intervención ante la Corte Constitucional” en la que habrá una “comisión representativa”.
El centro del debate son los COP 8 billones que el Gobierno espera recaudar a través de los nuevos impuestos que lo enfrentaron, una vez más, con las regiones. El punto clave que discuten las regiones es que, a través del encarecimiento de esos productos, habría menos consumo, lo que significa menos ingresos a las arcas departamentales y la posibilidad del incremento del contrabando por esa misma razón. El argumento central es que la Casa de Nariño no está, en todo caso, obligada a dar la totalidad del monto recogido a las gobernaciones.
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“Las rentas de los licores y del cigarrillo son rentas cedidas por Constitución. Y resulta que ahora, entonces a las rentas va a llegar un impuesto que va a ser lesivo para el departamento. Los recursos del impuesto van a ir para el Gobierno nacional. O sea, no los van a convertir en rentas cedidas, sino que nos quitan esas rentas cedidas y las traen para el gobierno central”, le dijo Toro a El Espectador.
Con eso en mente, las miradas estarán puestas sobre el Ministerio de Hacienda, especialmente por el momento que atraviesa el país. Las movidas de ambos lados —tanto el decreto de emergencia económica como el rechazo de las regiones— es leída, de acuerdo con cada lado, como una decisión tomada de cara a las próximas elecciones. Ni el Ejecutivo ni los gobernadores pueden participar en política, pero en este punto, cualquier movida es clave para marcar la favorabilidad de la ciudadanía. Desde la Casa de Nariño hay en curso una estrategia que incluye una agenda de visitas regionales con la que buscan sacar pecho por sus resultados y, en esa línea, sacar pecho por su gestión en lo que va del “Gobierno del cambio”.
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Por María José Barrios Figueroa
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