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El debate sobre la composición política del Consejo Nacional Electoral (CNE) volvió a abrirse por cuenta de la radicación de la ponencia que formularía cargos contra la campaña del presidente Gustavo Petro por la presunta violación de topes electorales. Los nueve puestos del ente, ocupados por magistrados que además son integrantes de partidos políticos, serían una piedra en el zapato para decisiones independientes, como lo señalaron los dos proyectos de acto legislativo que trataron de reformar su conformación en estos últimos dos años, pero que no prosperaron en el Congreso. Mientras hay llamados desde el oficialismo sobre los conflictos de interés que se presentan con una integración partidista, dos proyectos archivados sobre este tema señalan que la voluntad política que ahora hay no existía hace ocho meses.
Los magistrados Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) radicaron la ponencia que desató el debate sobre la conformación del CNE. El segundo es un excongresista del Centro Democrático investigado por la Corte Suprema en el caso de manipulación de testigos que se lleva contra el expresidente Álvaro Uribe y que entró a investigar el caso de Petro en junio de 2023, después de que el ente decidiera sobre le llegada un segundo magistrado investigador en el caso.
Un día después de que se conociera del recurso presentado por los togados, Prada fue recusado por congresistas del Pacto Histórico. Representantes y senadores de la coalición de Gobierno—a excepción de Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta y Alejandro Ocampo, quienes no firmaron el texto al ser el triunvirato que investiga al presidente en la Comisión de Acusación de la Cámara— indican que hay “claras evidencias que dan cuenta de los impedimentos de interés indebido y animadversión”, por lo que existiría una presunta vulneración del principio de imparcialidad y violación de régimen de conflicto de interés establecido en la Ley 1437 de 2011.
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Las palabras de funcionarios del mismo Gobierno, entre ellos el presidente, señalan las fallas en el CNE por su composición política, que afectaría de manera directa la calidad de las decisiones tomadas. En el caso de Prada, al menos, por haber sido oposición del Ejecutivo. Esta no sería la primera vez que el mandatario tiene sus diferencias con la conformación del ente. Antes de ascender a la presidencia había hecho comentarios contra las instituciones que conformaban el sistema electoral, pero todo parecía haber cambiado cuando se posesionaron los nuevos magistrados, el 7 de septiembre de 2022: “está en sus manos que este Consejo Nacional Electoral que hoy inicia, pueda ser el mejor”, les dijo.
La luna de miel no duraría mucho. Tras revocar las candidaturas de Tulio Gómez a la Gobernación del Valle del Cauca y de Patricia Caicedo a la Alcaldía de Santa Marta, y apoyar la inhabilitación política Rodolfo Hernández, el CNE volvió a recibir críticas del mandatario. Ahora, la razón es diferente, pues involucra directamente al jefe de Estado, contra quien se podrían formular cargos en caso de que la ponencia sea aprobada por al menos seis togados.
“Estamos ante una arbitrariedad: una instancia administrativa formula cargos al presidente de la República. Es una abierta ruptura constitucional”, afirmó Petro.
De la mano con la recusación contra Prada y los comentarios del mandatario, las críticas hacia el órgano electoral crecen, pues su imparcialidad es señalada de estar viciada por su composición partidaria. Una voluntad política que existe ahora para revisar el CNE no existió hace menos de dos años, según el senador Humberto de la Calle, quien fue el autor de los dos proyectos de acto legislativo que buscaban reformar al ente y que se hundieron sin pasar por el primer debate.
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La primera iniciativa fue presentada en el Senado agosto del 2022 y contaba con las firmas de los senadores Angélica Lozano, Jonathan Pulido “Jota Pe” Hernández, Ana Carolina Espitia Jerez, Andrea Padilla Villárraga y Ariel Ávila (todos de Alianza Verde), así como con las de los representantes Daniel Carvalho Mejía, Duvalier Sánchez, Catherine Juvinao, Carolina Giraldo Botero, Alejandro García, Jaime Raúl Salamanca, Diego Muñoz Cabrera (también de Alianza Verde), Julia Miranda Londoño (Nuevo Liberalismo), Carlos Ardila Espinosa y Juan Carlos Losada (los dos del Partido Liberal).
El mismo, De la Calle indicó que era una iniciativa “ambiciosa” con la que se buscaba resolver cinco puntos clave: el “enorme poder del registrador nacional”, la partidización del CNE, la dispersión normativa, la duplicidad de funciones y el choque entre la jurisdicción contenciosa y el CNE. Además de crear una Corte Electoral que “actuara como última instancia de las controversias electorales, unificara las decisiones y generara un desarrollo jurisprudencial especializado, garantizando que quienes estuviera confirmado por funcionarios con conocimientos técnicos”. El CNE se reformaría para “consolidar una institución colegiada responsable de la organización, ejecución y declaración de las elecciones y del control, así como de la vigilancia de los partidos políticos”.
“Ahí se opuso todo el mundo, con excepción de algunos verdes y algunos senadores que me acompañaron. Fue determinante la oposición del Consejo de Estado, que creyó que se le estaba cercenando sus competencias y ellos son muy celosos en mantenerlas. A mí francamente me parece que hubo miopía en eso”, afirma el senador.
La segunda iniciativa trató de sortear estas dificultades y se concentró únicamente en “la elección de consejeros electorales para darle, como ocurre en toda Latinoamérica, un rango de mayor independencia” al CNE. Esta recibió menos apoyo que la anterior y contó únicamente con las firmas de los senadores Ariel Ávila, Ana Carolina Espitia Jerez, Jennifer Dalley Pedraza Sandoval, así como los representantes, Juan Carlos Losada Vargas, Cristian Danilo Avendaño Fino, Duvalier Sánchez, Catherine Juvinao Clavijo, Daniel Carvalho Mejía y Julia Miranda Londoño.
La iniciativa buscaba que los magistrados fueran elegidos por periodos de seis años y no serían cuota de los partidos, sino en un concurso de méritos, en el que serían elegidos en cada una de las cortes: tres por la Corte Suprema, tres por la Corte Constitucional y tres por el Consejo de Estado. Además, establecía como restricciones que ningún magistrado podía haber hecho parte de partidos o aspirado a un cargo de elección popular en los siete años anteriores y después de salir del cargo no podrían asumir cargos en partidos políticos, aspirar a cargos de elección o estar en ministerios o departamentos administrativos.
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“Yo creí que, si me limitaba exclusivamente al tema de la elección de consejeros, [la iniciativa] podría abrirse paso, además porque lo planteé para el 2026, para no tocar los intereses creados. Pero, en efecto, lo que ocurre con este tipo de iniciativas es que hay intereses y ningún partido quiere renunciar a las cuotas que hoy posee en el CNE”, afirmó De la Calle.
Desde la coalición de Gobierno, el representante Alfredo Mondragón dijo que “los sectores progresistas y de izquierda en Colombia han planteado hace mucho tiempo que la forma de postular y elegir al CNE básicamente anula las posibilidades de incidencia de grupos minoritarios” y que es necesaria una reforma en ese sentido.
“Creo que el debate está abierto, pero sí nos parece que modificar la composición de los partidos y la manera en la que se eligen sería una contribución a la democracia”, indica.
Cuando se presentó la segunda iniciativa, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, indicó que aunque “hay que jugar con las reglas del juego”, era necesario cuestionar la naturaleza política de los magistrados.
“No se justifica que una organización que tiene origen en unos partidos tome decisiones de fondo sobre quién puede ser o no candidato cuando muchas veces los candidatos de sus partidos se enfrentan a los que les quitan el aval”, apuntó Velasco.
Ahora, las peticiones para repensar la conformación del sistema electoral llegan tarde. Aunque con un apoyo que podría ser más grande que en los dos años anteriores, el senador De la Calle apunta que no sabe si este es “de dientes para afuera”. Un proyecto de acto legislativo necesita ser aprobado en ocho debates para salir victorioso en el Congreso y De la Calle acepta que no se hace “muchas ilusiones” sobre el avance de un proyecto similar que se presente en este momento en el Legislativo.
“El Gobierno y el Pacto Histórico nunca se interesaron en las propuestas que presentamos. Yo no diría que se opuso, pero fueron indiferentes y las dejaron morir incluso si siquiera lograr el primer debate. Hoy debería haber un acto de contrición de todo el Congreso y entender que esta situación es intolerable, fíjese que el Gobierno, que nunca le prestó atención a esto, ahora permanentemente dice que descalifica el CNE por su origen partidista. Esa es una doble postura”, cuestionó.
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