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El Gobierno de Gustavo Petro lanzó una estrategia tras el archivo de la ley de financiamiento con la mirada puesta en el Congreso, con el que el presidente mantiene un rencilla por las decisiones que le han tumbado más de un proyecto. Y es que con un 2025 en el que su administración comenzará a rendir cuentas en giras regionales, el jefe de Estado ya comenzó a señalar al Legislativo como el culpable del freno que tendrá que poner a varios de sus proyectos sociales y que, de cara a las elecciones de 2026, podría salirle caro por ser el año en el que más tiene que evidenciar resultados en materia social.
Por esa misma razón, ya la pelea pasaría desde la capital a lo regional. Con el presidente del Senado, Efraín Cepeda (Partido Conservador) —uno de sus mayores opositores— como el recipiente de los dardos, el mandatario buscaría desestabilizar el apoyo del senador en su propio territorio con una de las causas que este ha abanderado como parte de la bancada Caribe: las altas tarifas de energía. Por eso, este viernes, desde Uribia, La Guajira, el jefe de Estado lo responsabilizó de tumbar una posible solución al problema, que se encontraba, por supuesto, en la ley de financiamiento.
“El jefe de esa banda se llama Efraín Cepeda, presidente del Senado de la República. ¿Qué le puede decir el senador Cepeda al pueblo barranquillero si le tumbó el artículo que le iba a bajar las tarifas de energía eléctrica?”, aseguró en su discurso.
Antes de eso, ya había dado a conocer a través de X que rompería relaciones con las comisiones económicas —de las que hace parte Cepeda— y calificara de “malditos” a los parlamentarios que votaron a favor del archivo del proyecto que taparía el hueco de $12 billones del Presupuesto General de 2025. Y es que esa decisión por parte de los órganos del Congreso encargados de los temas presupuestales y de Hacienda también generó sorpresa por el número de votos que amasó la ponencia negativa, incluso entre aquellos que la Casa de Nariño consideraba como aliados en esa discusión.
“La relación del Gobierno con las comisiones económicas ha finalizado. Ellos verán si aprueban presupuestos o créditos, ya veremos cómo nos defendemos”, apuntó.
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Con las económicas como la gota que derramo el vaso, el mandatario volvió a ajustar también otra narrativa sobre sus proyectos sociales, recriminándole al Legislativo de ser el presunto culpable de su reducción. Justamente por eso, además de Cepeda, otros congresistas podrían terminar mencionados en los discursos del jefe de Estado. En el caso de Mi Casa Ya, en el que se suspendieron los subsidios de vivienda y generaron una ola de reacciones negativas desde la oposición, el mandatario les respondió que “cuando debieron haber luchado por la ley de financiamiento no dijeron nada”.
“Estas son las consecuencias”, aseveró.
Ese también fue el discurso que mantuvieron los miembros de su gabinete, quienes señalaron que con esta decisión se le quitaría recursos a otros sectores como transición energética, el impulso al turismo, el mejoramiento de viviendas y la transformación al campo colombiano. La oposición, por su lado, no está dispuesta a ceder ante las pullas.
“El presidente Petro trata de convencer al país de que todo lo que ha dejado de hacer en dos años y medio de Gobierno se iba a hacer con los $9 billones que no le aprobamos. Cómo sería de importante que el 0.0000001 % de lo que ha prometido lo hiciera con los billones que tiene en bancos y que no ha ejecutado por incapacidad del mismo Gobierno”, le recriminó Cepeda.
Incluso cuando se conoció el decreto del presupuesto de $511 billones ($511′007.132′456.706), el mandatario volvió a referirse a la situación. Aseguró que se trataba de un monto “desfinanciado” y explicó que en un decreto de liquidación se conocerían las partidas que sufrirán de un aplazamiento el próximo año. Ahora, entre esos no estaría que se asignó para el Consejo Nacional Electoral (CNE), que alcanza los $1.06 billones —casi cinco veces mayor a lo entregado este año ($224 mil millones)—, y que generó ruidos en el Ejecutivo por tratarse de una alta suma que se da justo cuando los roces entre el órgano electoral y la Presidencia son más visibles por cuenta de la investigación que se adelanta a la campaña Petro, y que le ha valido al CNE señalamientos de presuntamente apoyar un “golpe de Estado”.
Lo cierto es que la preocupación ya ronda la Casa de Nariño, que ha enfocado su discurso en sacar pecho de los programas sociales que ha logrado adelantar en estos dos años de mandato y ya le pidió a los ministros priorizar recursos. Eso sí, también reconoce que estos no han avanzado como quisieran, y lo hace apuntando un dedo acusador a administración de Iván Duque por dejar endeudado al Estado en un plazo que terminó pagando el Gobierno Petro y que le restó caja a otro tipo de inversiones.
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“El gobierno no es derrochón, sino humano y muy responsable con las finanzas; y la disminución de la inversión pública no es sino la articulación de la regla fiscal que Duque se inventó y la deuda enorme que Duque nos dejó”, afirmó Petro a través de X.
Y es que, tres meses antes de que se concretara el apretón a las cuentas de la Casa de Nariño, ya los ministros habían manifestado ante el mismo Congreso su preocupación por la reducción en los montos de todas las carteras. Según argumentaron ante varias comisiones, ni siquiera lo asignado en ese presupuesto sería suficiente para continuar adelantando sus proyectos: el Ministerio de la Igualdad, dirigido por la vicepresidenta Francia Márquez, advirtió que de no aumentar lo asignado, podría ampliarse el cubrimiento de proyectos como Jóvenes en Paz, Hambre Cero y Agua es Vida.
A inicios de este año, ya habían tenido que apretar el cinturón con el aplazamiento de $20 billones de lo asignado para 2024, lo que hizo que todos los ministerios vieran suspendidas grandes cantidades de dinero. A Mindeporte —que en los últimos días también ha sido el centro de atención por no cumplir con los pagos a la Federación de Gimnasia— se le congelaron $204.000 millones de su caja.
Con ese nuevo apretón que comenzará no solo con los montos actuales, sino también con los aplazamientos que surgirán sin la ley de financiamiento aprobada, el Gobierno tiene previsto empezar rendiciones de cuentas regionales. Por el momento, solo una está citada, la que será en Ciénaga de Oro, de donde es oriundo el primer mandatario, y desde donde la Casa de Nariño comenzará a mostrar lo que ha hecho.
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Este tipo de giras, en las que se entablaba un acercamiento entre el jefe de Estado y la ciudadanía, ya habían funcionado bajo la figura de “Gobierno con el Pueblo” y “Gobierno con los barrios populares” — que en 2024 acumularon un costo de $1.190 millones, según una investigación de El Espectador— y que pararon temporalmente desde mayo. Aunque se había previsto retomar estos eventos para julio, conflictos con la agenda del presidente en París, con ocasión de los Olímpicos, movieron las fechas. Luego, la situación siguió aplazándose por cuenta de que la Presidencia no contaba con un contratista para realizar los encuentros y, después de que Feeling Company S. A. fuera contratada por $7.000 millones, se volvieron a citar para el 25 al 29 de noviembre. Sin embargo, esos tampoco se realizaron.
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Mientras eso está previsto, tanto el Ejecutivo como el oficialismo, tendrán la mirada puesta en las elecciones de 2026, donde esperan volver a la Casa de Nariño con el candidato que salga del “frente amplio” que agruparía al partido unitario del Pacto Histórico con las colectividades que se reconozcan como parte del progresismo. Justamente, esta semana, dos días después del anuncio de la intención de la coalición oficialista para unificarse, Petro aseguró que se inscribiría en esta nueva agrupación.
“El pueblo tiene un proyecto político colectivo que escoger en medio de clanes familiares que compran votos pero se convierten en verdugos del pueblo en el Congreso”, apuntó.
Con la meta de que el “Gobierno del cambio” tenga un sucesor afín, el mandatario seguirá insistiendo en los logros de su administración que, en los últimos meses, suman que Colombia haya sido la sexta mejor economía de la OCDE, según The Economist, y una reducción en el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), que llegó a un 12,1 %, “el registro más bajo desde 2010″, como lo enunció el Ministerio de Hacienda en su ley de financiamiento. Y eso, como van las cosas, ocurrirá paralelo a enfrentamientos continuos con el Congreso, que no dudará en tomar las decisiones “difíciles” para demostrar su independencia.
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