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El debate de la regulación del cannabis de uso adulto, uno de los puntos clave de la política de drogas progresista que adelanta el Gobierno de Gustavo Petro, intentará otra vez hacer frente al Congreso tras un intento fallido en 2024, y otros siete desde 2022. Y es que, aunque la atención está puesta en ampliar las oportunidades de exportación de esta planta —con ruidos internos en la Casa de Nariño por reuniones pendientes sobre esta materia— , la importación de la flor seca también está en la mirada de las autoridades sanitarias que regulan la entrada y salida de este tipo de productos.
Un borrador de resolución del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) al que accedió El Espectador detalla los requisitos fitosanitarios —en otras palabras, lo que certifica que el producto cumple con todos los estándares y no representan un riesgo para la salud de sus consumidores— que abrirán la puerta a la importación a Colombia de la flor seca de cannabis de origen canadiense por primera vez. La normativa establecería que cualquier producto de este tipo que sea importado a territorio colombiano debe usar empaques nuevos, estar libre de semillas enteras de la planta, así como de insectos, contar con el etiquetado necesario y pasar por los procesos de inspección. La entidad encargada de vigilar estas medidas para los productos canadienses sería, precisamente, el ICA.
El gigante norteamericano no es ajeno a los procesos que se han venido llevando en Colombia desde 2016, cuando entró en vigencia la ley que permitió la siembra de marihuana con fines medicinales, y ya tiene control sobre varios terrenos en el país que se dedican a esta producción.
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Al menos siete años lleva Canadá con la mirada puesta en Colombia para adelantar la producción de este tipo de productos, y con una fuerte influencia para adelantar la legislación en esta materia, así como con inversiones en el territorio. En 2018, Santa Marta Golden Hemp —fundada en 2016 y con hectáreas para la siembra y cultivo de esta planta— se convirtió en subsidiaria de Avicanna Inc., una biofarmacéutica canadiense dedicada al desarrollo, fabricación y comercialización de productos medicinales a base de cannabinoides. Desde ese momento hasta este año, ha reportado exportaciones a Perú, Argentina, Portugal y España. A ella se suma otra empresa del mismo origen: Khiron Life Science, que funciona en el país desde 2016.
De acuerdo con el ICA, Colombia cuenta con permisos para exportar material vegetal y semillas a países de la Unión Europea, Costa Rica, Argentina, Canadá, España, Estados Unidos, Inglaterra, Lesoto, Perú, Uruguay, Suiza y Tailandia. Según cifras del Ministerio de Justicia, para 2024, Colombia tenía más de 57.000 hectáreas de cultivos legales de cannabis, con más de 3.000 licencias otorgadas para el uso de la semilla en siembra, cultivo y transformación de cannabis medicinal.
Y es una oportunidad de negocio que el mismo presidente Gustavo Petro, que llegó con una visión muy diferente a la de su antecesor Iván Duque en temas de la lucha contra las drogas, ha reconocido. Incluso, en 2024, puso a andar el programa ‘Desarrollo productivo de las industrias del cannabis y el cáñamo’, al que se le inyectaron $5.000 millones. El objetivo era aumentar las exportaciones de productos medicinales, cosméticos, alimentos, textiles y materiales de construcción derivados de la planta.
Lo cierto es que, aun con un fuerte apoyo por parte del Gobierno, así como de inversionistas externos, para este negocio, el vacío legislativo no ha permitido que florezca y, por eso, la llegada de flor seca de cannabis importada podría añadir una competencia al mercado colombiano, que busca un salvavidas en los proyectos de ley.
El pasado agosto, previo a que el proyecto de acto legislativo para regularizar el cannabis de uso adulto fuera pasará su primer debate, el mandatario instó al Congreso a “dar ya el paso a la legalización para aprovechar el mercado mundial y mejorar sustancialmente la balanza comercial”. Incluso, señaló que “las condiciones de seguridad del Cauca podrían mejorar” si se toma esta medida.
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Aun con los buenos deseos del mandatario, ese texto no prosperó: solo superó uno de los cuatro debates necesarios para la primera vuelta en el Congreso. El articulado, que contaba con apoyo multipartidista, pretendía cambiar el artículo 49 de la Constitución, para que la prohibición del porte y el consumo de sustancias psicoactivas no aplicara para “el consumo del cannabis y sus derivados por parte de mayores de edad”, así como para “la producción, distribución, venta y comercialización de esta sustancia” si se tenían las licencias y autorizaciones de una autoridad competente. Además, daría un plazo de seis meses al Gobierno para implementar una política pública en torno a la prevención y atención del consumo.
Y no sería el primero que tendría el mismo destino: desde 2022, de los nueve proyectos relacionados con la regulación del cannabis de uso adulto que han sido presentados en el Congreso, ocho se han hundido. El único que todavía sigue vivo, presentado casi al mismo tiempo que el proyecto de acto legislativo archivado, no ha pasado su primer debate.
El proyecto de ley ordinaria, que cuenta con apoyo multipartidista, detalla que “las personas mayores de 18 años podrán adquirir en una sola compra hasta 20 gramos de flor cannabis y 5 gramos concentrados o extracciones por día”. En caso de comprar dosis mayores, el tope serán 500 gramos y deberán estar registradas en un software de control.
Incluso, le mete mano a los artículos 375 al 377 del Código Penal —que ya habían sido modificados por la Ley 1787 de 2016 para blindar el “uso médico y científico” de esta planta— para que este no incluya al cannabis de uso recreativo en la aplicación de penas. Además, permitiría que se le aplicara el principio de favorabilidad penal a las personas que “se encuentren imputadas y condenadas por delitos exclusivamente relaciones al cannabis”, que podrán solicitar su excarcelación.
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Aunque este diario consultó al Ministerio de Justicia sobre su concepto del proyecto de ley que cursa actualmente en el Congreso, hasta el momento de publicación de este artículo, no hubo respuesta. Eso sí hay pendiente una reunión de la cartera con la Comisión de Drogas del Congreso, encabezada por el representante Alejandro Ocampo (Pacto Histórico), para ahondar en la regulación de esta planta y en los decretos que se sacarían sobre plantaciones de cocaína y marihuana.
“Nosotros estamos más interesados en exportar a Canadá que importar. Entonces, la idea de importar no es el tema nuestro. Nosotros lo que necesitamos es exportar, porque estamos en el mundo de la marihuana, no tenemos que ir a ningún lado. En Toribío, en el norte del Cauca, tenemos en cuatro municipios 7.000 hectáreas llenas de marihuana”, explicó el representante.
A 24 días de que el Congreso vuelva a sesionar, sin contar las plenarias citadas para esta semana que analizarán el decreto de conmoción interior por la situación en el Catatumbo —que también agitó el debate sobre los cultivos de uso ilícito en Colombia— la espera por la regulación del cannabis de uso adulto sigue en vilo. Aunque con un panorama positivo por parte de los ponentes para la aprobación del articulado, en el Legislativo está puesta la mirada del sector productor para respaldar una industria que busca florecer.
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