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Es miércoles, día de El Espectador le explica. ¿Quiénes son los mayores accionistas de la Nueva EPS? ¿Por qué hay una preocupación generalizada respecto a su futuro? ¿Cuántos afiliados tiene y qué puede suceder con el servicio que hoy reciben estas personas? ¿Cómo aparece en medio de todo esto el liquidado Instituto de Seguros Sociales (ISS)? ¿Por qué este tema, en el fondo, tiene que ver con el sistema de salud de todos los y las colombianas? ¿Qué encontró la Contraloría como para que concluya que esta entidad va camino a ser “inviable”? Pues de eso se trata este boletín, que escribimos con la ayuda de los contenidos más recientes que han escrito nuestros colegas de la sección Vivir, en donde contamos todo sobre los temas de salud, y con los que responderemos cada una de esas dudas. Recuerden entrar a cada enlace que dejaremos a continuación. Comencemos.
Vayamos a la coyuntura y luego pasemos al contexto. “Este martes, 30 de septiembre, empezó a debatirse la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado, donde se hundió la última vez”, pero ahora con “tres propuestas sobre la mesa”, dos de ellas son ponencias positivas (es decir, buscan que el debate siga adelante), y una que quiere que el proyecto se archive, suscrita por los senadores Alirio Barrera y Honorio Enríquez, del Centro Democrático, nos contaron los periodistas que siguen este proyecto de reforma desde la primera vez que el Ejecutivo radicó dicha iniciativa, en tiempos de la exministra Carolina Corcho -hoy precandidata presidencial-, pero que se quedó en el camino dentro del Legislativo. Hoy quien lidera su aprobación es Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de esa cartera, tras conseguir el aval de la Cámara de Representantes.
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¿Y por qué hablamos de la reforma a la salud si el tema que nos convoca es la Nueva EPS? Porque la idea original del Gobierno es cambiar por completo el papel protagónico de las Entidades Promotoras de Salud, EPS, incluida la más grande de todo el sistema, la Nueva EPS, que hasta la fecha tiene 11’746.024 usuarios, seguida de Sanitas, con 5’898.975; de Sura, con 5’413.065; de Salud Total, con 5’228.067; y de Coosalud, que suma unos 3’361.618, solo por citar las cinco más grandes de todo el sistema. Pero también hay que hablar de esa entidad, porque la Contraloría acaba de publicar un informe donde sugiere que la intervención del Gobierno en la Nueva EPS “no ha sido eficaz para corregir las deficiencias estructurales identificadas”, lo que llevaría a esta entidad rumbo a ser “inviable”.
Pero, antes de ir al foco de este texto, les dejamos estas tres ediciones anteriores de El Espectador le explica que sirven para entender la mayor cantidad de hechos y antecedentes relaciones con todo este debate: uno dedicado a todo el caso de la intervención de EPS Sanitas y el precedente que se sentaba por parte de la Corte Constitucional para todas las, precisamente, intervenidas; el otro sobre la razón del por qué hay pacientes que no están consiguiendo los medicamentos necesarios para sus tratamientos y, uno más: el que explicaba todo lo que se aprobó del proyecto de reforma a la salud en la Cámara de representantes, incluido el papel de las EPS, y que pasaba al Senado para su debate.
Ahora sí, vayamos un poco atrás, pero no tanto. ¿Cómo nace Nueva EPS? Entra “al sistema el 1 de agosto de 2008, cuando recibió a millones de afiliados del extinto Instituto de Seguros Sociales (ISS). Pero esta entidad, que durante décadas fue el pilar de la seguridad social en Colombia, terminó en liquidación. Nueva EPS nació entonces como una apuesta para superar ese modelo público, con una estructura mixta que combinaba la participación del Estado y de cajas de compensación como Cafam y Compensar. En esa sociedad que lleva 17 años, el Estado asumió una participación del 49,9985%, mientras que seis cajas concentraron el 50,0015 % de las acciones. La diferencia es, literalmente, una acción de las más de 16.8 millones en circulación, pero suficiente para que sean ellas quienes han tenido la voz decisiva”, nos contó Juan Diego Quiceno.
Nació de esa forma porque el Gobierno se veía más como capitalista – inversionista y no como el experto en salud, mientras que las cajas de compensación familiar sí se veían en ese papel. Y como en muchos sectores de la economía, se firmó como un acuerdo entre público y privado. Toda escoba nueva barre bien, pero con el tiempo fueron apareciendo las dificultades, sobre todo, financieras.
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Un asomo de crisis que también iba tocando a todos los actores del sistema y, claro, al sistema mismo, que ha cambiado profundamente, empezando porque todos tuvimos que atravesar una pandemia y el gasto médico se disparó, la plata presupuestada nunca alcanza para cubrir costos y gastos, los tratamientos y sus tecnologías son cada vez más costosos, hay deudas que parecen impagables por parte de las EPS a las clínicas y hospitales públicos que las tienen, financieramente hablando, contra las cuerdas; la tarifa de la Unidad de Pago por Capitación, UPC, que es la plata que el Ejecutivo le gira a las EPS por garantizar el Plan de Beneficios en Salud a todos los colombianos, no alcanza para cubrir los servicios que se prestan, la población se está envejeciendo, elevando la recurrencia en el servicio y así, como un enfermo terminal, cada día se van sumando más y más dolencias al sistema.
Las cajas de compensación afilian a 20.8 millones de personas, es decir, al 42% del total de usuarios del sistema, por eso hay que entender qué ha pasado y podría pasar con ellas. Les prometían una bala de oxígeno a los hospitales públicos en medio de una crisis financiera. Y los exdirectivos de la Nueva EPS, con el dedo acusador señalándolos, se defendían y hacían lo propio de su gestión al frente de la organización:
Salud
Las cajas de compensación y más de 50 años en el sistema de salud. ¿Cuál es su futuro?
Salud
El Gobierno les lanza un salvavidas a los hospitales públicos
Salud
Enrique Vargas Lleras, ex Nueva EPS, denuncia penalmente al ministro de Salud
Salud
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Pero ¿en qué momento se volcaron todos los ojos sobre la Nueva EPS? Fue el 3 de abril de 2024, mientras la Comisión Séptima del Senado hundía la reforma a la salud, cuando la Superintendencia Nacional de Salud intervenía la administración de la Nueva EPS. La razón, que argumentó la administración de Gustavo Petro, fue que la compañía no cumplía con los requisitos habilitadores financieros para poder ejercer sus funciones en el sistema de salud colombiano, como son el patrimonio adecuado y el régimen especial de reservas técnicas. Un año después, el pasado abril del 2025, los colegas de la redacción de Salud escribieron este informe sobre lo que había pasado y las noticias no eras buenas, pues lo que se vivía era más y más “cuestionamientos sobre su gestión financiera y la crisis en la dispensación de medicamentos tras la ruptura con Audifarma”.
En julio de 2025 la noticia era que todavía no se conocían los reportes de sus estados financieros certificados de 2023 y 2024. El agente interventor, Bernardo Camacho Rodríguez, avisaba que “la etapa de dictamen” luego de la revisión, validación, verificación y procesamiento de más de 12 millones de facturas “que aparecieron en febrero del año 2024, sobre los costos del año 2023, que impactaron el cierre financiero de esta vigencia”, había llegado. Y que, pronto, se conocerían los números reales y auditados de la EPS más grande del país.
El 1 de agosto fue la Supersalud la que levantó la mano con dos “medidas preventivas” sobre la Nueva EPS. La primera, una orden dirigida al contralor designado de la EPS para que realice un seguimiento detallado a las postulaciones de giro de recursos hacia la red de prestadores y proveedores de servicios de salud. La segunda medida es un seguimiento presencial y permanente al cumplimiento del plan de trabajo que la Supersalud definió para esta EPS. Esta tarea será ejecutada por el equipo técnico de la Delegatura de Aseguramiento de la entidad. Desde la Entidad Promotora de Salud, se deberá garantizar, documentar y facilitar toda la información necesaria para que el contralor designado pueda realizar las validaciones correspondientes sobre el uso de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, y emitir un concepto técnico. La Supersalud aseguró que las medidas preventivas no afectarían los pagos a los proveedores.
Cuatro días después la Clínica en Villavicencio suspendía servicios a usuarios por falta de pago de Nueva EPS. Diez días pasaron y la Procuraduría General formuló pliego de cargos contra José Fernando Cardona Uribe, presidente de Nueva EPS entre 2009 y 2024. La Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública señala a Cardona Uribe de presuntamente haber autorizado la ejecución de un plan de ahorro voluntario por un valor superior a los COP 1.000 millones con cargo a los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). El problema, a los ojos del ente de control, es que, “al parecer, en la vigencia 2020 el disciplinable pasó por alto que los dineros que avaló utilizar, correspondientes a la iniciativa denominada ‘Plan Semilla’, legal y constitucionalmente solo podían destinarse al aseguramiento en salud”.
¿Qué pasó en ese caso? Así lo explicaron los reporteros: Cardona Uribe aseguró que mientras fue presidente este sí se aprobó como un beneficio a los trabajadores de la entidad el llamado ‘Plan Semilla’, que consistía en el aporte que hacía la empresa de seis días de salario al colaborador por el ahorro voluntario de 12 días que hacían al año. Dijo que en 2021 la Contraloría General de la República, en la auditoría financiera de 2020, informó sobre un hallazgo referente al ‘Plan Semilla’, por el uso de recursos de la UPC. “Este hallazgo se trasladó a la delegada para el sector salud y a la Procuraduría General de la Nación”. Según Cardona Uribe, “después de la revisión del caso y analizados todos los elementos probatorios mediante auto del 17 de agosto de 2022, la Contraloría delegada para el sector salud, dirección de vigilancia fiscal, ordenó el cierre y archivo de la indagación preliminar por el ‘Plan Semilla’ de Nueva EPS”.
¿Qué pasó después? Al margen de las investigaciones a los exfuncionarios, la prestación del servicio tenía que seguir. Por eso desde la Supersalud venían las directrices:
Salud
La Supersalud anuncia cambio de agentes interventores en Nueva EPS, Coosalud y SOS
Salud
Supersalud ordena a las EPS estabilizar pagos a prestadores públicos y privados
Salud
Contraloría advierte sobre situación financiera y administrativa en Nueva EPS
Salud
“El desastre de Nueva EPS no es nuevo”: Supersalud frente a hallazgos de Contraloría
La Contraloría informaba de graves riesgos administrativos y financieros en la Nueva EPS. Giovanni Rubiano García, Supersalud, refiriéndose al hallazgo del ente de control, decía que “estamos hablando de deudas billonarias, de pasivos ocultos, que corresponden a distintos años y que no habían sido procesados y contabilizados por la entidad. ¿De qué hablaba? De esto: “Entre los hallazgos (de la Contraloría) destaca el aumento de los anticipos pendientes por legalizar, que pasaron de COP 3,4 billones en 2023 a COP 8,6 billones en 2024. También encontró que cerca de 22,7 millones de facturas por un valor de COP 22,1 billones siguen sin procesar, de las cuales más de nueve millones resultaron ser registros repetidos”.
Y entonces, con al agua al cuello, ¿qué se hizo? “La Superintendencia Nacional de Salud definió tres medidas principales. La primera es la contratación de una auditoría forense internacional que revisará las cuentas entre 2019 y 2025. La segunda corresponde a la auditoría de cuentas médicas, con el objetivo de rastrear con precisión el recorrido de los recursos desde la Unidad de Pago por Capitación (UPC) hasta los prestadores de servicios. La tercera se enfoca en organizar y regularizar los giros hacia la red pública y privada”.
Supersalud aprueba cambios profundos en los estatutos de Nueva EPS
El presidente Gustavo Petro habló del tema en una alocución, y se fue lanza en ristre contra la administración pasada de la Entidad Promotora de Salud. “La Nueva EPS venia presentando esa contabilidad maquillada a los gobiernos pasados”, concluyó el mandatario. “Nosotros los descubrimos. El Gobierno, porque intervenimos”. El mandatario señaló que la anterior junta directiva “escondió” facturas por valor de COP 5 billones de deudas existentes que no aparecían. “¿Si no pagaron COP 5 billones es que no tenían la plata o se la gastaron en otra cosa? He ahí el punto de la investigación”. El mandatario señaló a las cajas de compensación, dueñas de la mayoría de la EPS: en vez de discutir su propuesta de reforma, dijo, decidieron “en 2023 superar en un 70% los costos que tenían en los años anteriores”. Las señaló de subir los gastos de la EPS de $14 a $24 billones en un año. “¿Eso es posible?”, se preguntó.
El 14 de septiembre se conoció el escrito de acusación de la Fiscalía contra los cuatro exdirectivos. En resumen, el ente de investigación cree que estas personas ocultaron facturas con el fin de alterar los estados financieros de la EPS. Ese mismo día las redes sociales se llenaron de hashtag contra la Nueva EPS. La tendencia fue creada porque todas las entidades del Gobierno, a través de sus cuentas de redes sociales: “La dinámica en redes sociales se dio luego de una directriz desde la Casa de Nariño para posicionar los señalamientos que hizo el mandatario Gustavo Petro durante su alocución presidencial. En su intervención, cuestionó el rol de las EPS y acusó a la junta directiva y presidencia anterior de Nueva EPS de entregar datos falsos”, contaron los periodistas de la redacción de Política.
La realidad es que la Nueva EPS venía mal y la intervención tampoco a funcionado:
Salud
Nueva EPS, camino a ser “inviable”: más detalles del informe de la Contraloría
Salud
Nueva EPS: Supersalud responde al informe de la Contraloría
Salud
“La salud de nuestros afiliados está asegurada”: agente interventora de Nueva EPS
Salud
Expresidente de Nueva EPS, José Cardona, responde tras investigación de la Fiscalía
Para el 17 de septiembre la Fiscalía General de la Nación “publicó un escrito de acusación contra cuatro exdirectivos de la Nueva EPS por el presunto ocultamiento de facturas y la desviación de COP 70.500 millones del sistema de salud”. Entre ellos estaba José Fernando Cardona, expresidente de Nueva EPS y quien estuvo al frente de la entidad durante 14 años. “Según el ente investigador, la intención era ocultar las pérdidas de la EPS y mantener la habilitación otorgada por la Superintendencia de Salud para seguir prestando servicios a sus afiliados en el país”, contaron los colegas de Salud.
El abogado de Cardona se pronunció al respecto y dijo que “ni un solo peso ni cheque salió de la Nueva EPS para enriquecer el patrimonio de un tercero”, y que los recursos se utilizaron “para absorber deudas de la misma Nueva EPS”. Y que Cardona Uribe, desde el 6 de diciembre de 2024, cuando fue notificado de la intención de imputarle cargos, ha atendido con todas las citaciones relacionadas con el proceso y que lo seguirá haciendo.
El 18 se septiembre la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (AESA), que reúne a 125 hospitales públicos del departamento, anunció que siete instituciones de salud suspenderán los servicios de mediana complejidad para cerca de un millón de afiliados de la Nueva EPS. La razón: las millonarias deudas que la Nueva EPS tiene con los hospitales del departamento.
¿Qué está pasando con la Nueva EPS y Petro? El futuro de 11 millones de afiliados
Una crisis, por donde se le mire. “En medio de la turbulencia que vive Nueva EPS, el gobierno de Gustavo Petro ha avanzado, cada vez más, en asumir su control. Las cajas de compensación, hoy mayores accionistas, ya accedieron a varios cambios y parece que solo es cuestión de tiempo para que haya una gran transformación. ¿Qué hace fata? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias?”, escribía Juan Diego Quiceno, el reportero experto en los temas de Salud que ha contado detalladamente lo que está pasando en el sistema.
El texto completo aparece aquí, donde se exponen las razones por las cuales se busca ese cambio que parece obvio, evidente y necesario, pero donde también quedan sobre la mesa presiones que varias fuentes revelaron. Este es un avance de la investigación de Quinceno: “Colombia está a punto de presenciar el cambio más importante en la historia de Nueva EPS, la aseguradora más grande del país. Durante meses, las cajas de compensación y el Estado han sostenido conversaciones que buscan materializar uno de los objetivos del presidente Gustavo Petro: que el Gobierno asuma la mayoría de las acciones de la entidad”. Es momento para recordar que 49,9985% de las acciones las tiene el Ejecutivo, mientras que seis cajas de compensación familiar concentran el 50,0015 %.
¿Qué más podría pasar en esta cadena de hechos delicadísimos para más de 11 millones de usuarios y, en general, para todo el resto del sistema de salud y para el país que tanto lo necesita? Noticias como estas que demuestran cómo vamos, de tumbo en tumbo, con la salud de los pacientes en la mitad:
Salud
Clínica Shaio termina contrato con Nueva EPS por deuda de $95.000 millones
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Clínica Shaio seguirá atendiendo, de manera transitoria, a pacientes de la Nueva EPS
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Hospital San José ya no atenderá a pacientes de Nueva EPS en Bogotá ¿desde cuándo?
Salud
Hospital San José continuará atendiendo a pacientes de la Nueva EPS en Bogotá
Vamos en que hay una Entidad Promotora de Salud con graves problemas financieros, que hay investigaciones abiertas en la Procuraduría, en la Fiscalía y también en la Contraloría. Tal vez la evidencia más grave hablando del presente y futuro es la que puso en evidencia esta última, pues para ese ente de control la Nueva EPS va camino a ser inviable “por una serie de irregularidades en contratación, facturación y reservas técnicas”. En que todo esto es un desarrollo de las administraciones pasadas, sí, pero la misma Contraloría sugiere que la intervención del Gobierno no ha sido eficaz para corregir las deficiencias estructurales identificadas. Todos estos detalles nos los cuenta Juan Diego Quiceno en este enlace.
El Gobierno, desde la reforma a la salud, no quiere tener a las EPS como protagonistas del sistema. A ninguna. Tanto que el mismo Petro las ha calificado como “simples intermediarios financieros”, por eso ha buscado todas las formas posibles de modificar su papel. De eso se trata, por ejemplo, el Decreto 058 de julio de 2025, una norma que “redibuja el mapa del aseguramiento en salud mediante 10 regiones y 119 subregiones, obligando a las EPS a reorganizarse”. “Con las nuevas reglas, algunas tendrán que dejar de afiliar en ciertos lugares y otras empezarán a recibir a usuarios en zonas donde antes no estaban. En la práctica eso significa que millones de colombianos podrían pasar a otras EPS”. Aunque en el Consejo de Estado, en la Sección Primera de ese tribunal, ya cursan al menos ocho demandas contra el Decreto 058. Vamos en que aplazaron nuevamente la discusión de la reforma a la salud en el Senado y en que EPS Sanitas dice que la intervención le dejó un deterioro patrimonial de COP 1,7 billones, señalando directamente al Gobierno.
Hay nuevos reportes de que en el departamento del Cesar hay ocho clínicas que no estarían en posibilidad de atender a los usuarios de la Nueva EPS por, así es, problemas en los pagos. Y la Defensoría del Pueblo ya había alertado para que esa misma EPS “estabilizara” los pagos a los hospitales del Eje Cafetero. Como siempre, en medio de todos estos líos y fallas en el liderazgo, los que terminan pagando los platos rotos son los pacientes. Aquí seguiremos atentos al desarrollo de lo que pase con la Nueva EPS, pues ya está claro que no solo se trata de los más de 11 millones de pacientes, sino que el país entero, que ha notado un deterioro evidente en todo el servicio de salud, un servicio que se mantiene alerta en la sala de espera confiando en que el futuro le permita seguir adelante, a pesar de la adversidad financiera.
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Por Edwin Bohórquez Aya
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