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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció su octava imputación por crímenes de guerra y lesa humanidad en contra de máximos responsables dentro del macrocaso 03, que indaga sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros del Ejército. En esta ocasión, fueron imputados 28 exuniformados, señalados como presuntos determinadores de falsos positivos en los siete departamentos que componen la costa Caribe: Atlántico, Magdalena, Bolívar, Cesar, La Guajira, Córdoba y Sucre. El órgano de justicia transicional identificó al menos 604 víctimas entre 2002 y 2008, el número más alto en cualquier auto de la JEP sobre este asunto, entre los cuales resaltan al menos 26 menores de edad, 31 personas de comunidades indígenas y 14 mujeres, una de ellas embarazada.
El auto de 911 páginas, conocido en detalle por El Espectador, revela cómo en esta zona del país se instauró una política al interior de 19 unidades militares para priorizar las bajas como un indicador militar de resultados exitosos. Esto, según la JEP, desembocó en una expansión de los falsos positivos en toda la región. De acuerdo con los hallazgos consignados en el documento, la práctica de presentar a personas inocentes como falsas bajas en combate tuvo su auge, por lo menos en esta zona del país, en el Batallón La Popa, en Cesar. Allí, reseña la Jurisdicción, entre 2002 y 2005 se presentaron 135 casos. Estos hechos tienen dando explicaciones ante la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), conocida como la fiscalía de la JEP, al coronel retirado Publio Hernán Mejía, quien podría enfrentar una pena de 20 años de ser hallado culpable.
En total, entonces, la JEP encontró un universo de 739 víctimas en esos siete departamentos, si se suman los 135 del primer auto de La Popa y los 604 de la reciente decisión. Pero el tema va más allá. Las investigaciones de la Jurisdicción en esta región dan cuenta de cómo las unidades comenzaron a replicar la producción de incentivos, presiones y encubrimientos con tal de que se presentaran bajas a como diera lugar. En la decisión se puede leer que, una vez presentados los “resultados”, los miembros del Ejército recibían varios estímulos como permisos, almuerzos especiales, bicicletas, ropa, zapatos y hasta electrodomésticos. Así, estas prácticas comenzaron a hacerse cada vez más evidentes en otras unidades. Ese es el caso del Grupo de Caballería Mecanizado Coronel Juan José Rondón, el cual comenzó a establecer las mismas reglas.
En diálogo con este diario, el magistrado Óscar Parra Vera, presidente de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP y relator del caso, explicó que este fenómeno fue catalogado como “heterogéneo”, pues con base en la experiencia criminal de una unidad, otras comenzaron a aplicar las mismas estrategias de sangre y fuego. “En comunicaciones radiales del Ejército se comenzó a mencionar los resultados operacionales de La Popa, entonces se generó un clima para otras unidades en las que se les preguntaba: ¿por qué ese batallón sí pudo presentar resultados los demás no?”, apuntó. Para la JEP, estos hechos generaron un “patrón de conducta orientado a presentar asesinatos como resultados legítimos, con la finalidad de mostrar éxitos militares”. Una secuencia que, según el togado, demostraría que “todo el mundo sabía lo que pasaba”.
En contexto: JEP imputa a 28 exmilitares por 604 casos de falsos positivos en la Costa Caribe
Una de las conclusiones de la jurisdicción especial es que, mediante este esquema de replicar las experiencias de otras unidades, se generó una red macrocriminal que se dedicó exclusivamente a cumplir con las órdenes de presentar muertos en combate. Esto, según las pesquisas, se configuró mediante tres causas. La primera está relacionada con la presión que recibían los uniformados de presentar resultados tangibles, demostrados en bajas, y la imposición de sanciones a quienes no cumplieran. Así mismo, como ocurrió en otras zonas del país, se estableció una política de incentivos y recompensas a quienes sí demostraran resultados. Y, por último, se impulsó el encubrimiento de estos hechos a través de prácticas para ocultar la ilegalidad de sus acciones, obstaculizando las investigaciones disciplinarias.
Según el magistrado Parra, la expansión de estas estrategias llegó incluso hasta los grupos Gaula del Cesar, Guajira y Córdoba, los cuales contaban con menos uniformados y su labor no tenía nada que ver con el combate, pues estaban diseñadas para lidiar con el secuestro y la extorsión. “Estamos diciendo que un grupo como el Gaula Córdoba, que tenía solo 50 hombres, comenzó a producir más bajas que un batallón de 1.000 o 2.000 uniformados (…) Los grupos Gaula, por ejemplo, contaban con taxis, y muchas de las víctimas fueron transportadas por ese medio”, anotó el magistrado. A las palabras del togado se suman los hallazgos consignados en el auto, en donde se hace referencia al Gaula Córdoba, que, en 2007, incrementó en 1.100% sus reportes de bajas respecto al año anterior.
Si bien no había una comunicación u orden directa de una unidad a otra para perpetrar los crímenes, según explicó el magistrado Parra, sí se encontraron puntos en común. Por ejemplo, algunos miembros salieron de un batallón a uno de los Gaulas con la intención de replicar las mismas estrategias. “También se compartían reclutadores entre diferentes unidades, personas que ya sabían cómo funcionaban estas prácticas”, agregó. Esto generó que, así como en el caso de los Gaulas, otros batallones con objetivos diferentes al enfrentamiento terminaran presentando falsas bajas en combate. Ese es el caso del Batallón Plan Especial Energético Vial, dedicado a proteger torres de energía, y del Batallón Santa Bárbara, una unidad inicialmente destinada a tareas de apoyo logístico en La Guajira.
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La red que dejó más de 600 víctimas de falsos positivos se extendió a tal punto que se crearon nuevas unidades para seguir presentando falsos resultados, según detalló la JEP. Con esa finalidad nació la Fuerza de Reacción Divisionaria (Fured) y la Fuerza de Tarea Conjunta Sucre. “Puedo resaltar que el 100% de las bajas de la Fured en 2006 y el de la Fuerza de Tarea Conjunta en 2007 fueron ilegales. Se dedicaron a cometer ejecuciones extrajudiciales para dar resultados engañosos”, agregó el magistrado Parra. De hecho, al frente de la Fured estuvo el mayor retirado Julio César Parga Rivas, quien luego pasó al Gaula Córdoba. El exmilitar, detalla el auto, solicitó pelotones a los batallones más numerosos para cometer los asesinatos. Y, durante su gestión en el Gaula, se utilizaron cerca de $91 millones reservados para temas logísticos y pago de armas que se terminaron gastando para la comisión de ejecuciones extrajudiciales.
La Jurisdicción, a su vez, encontró casos emblemáticos de víctimas que cayeron en medio de esta escabrosa práctica. Dentro de las 604 personas presentadas como bajas en combate, al menos 26 eran menores de edad, 31 pertenecían a los pueblos indígenas Wayuú, Wiwa y Kankuamo; 14 mujeres (una de ellas embarazada) y 122 personas sin identificar, pues sus documentos fueron destruidos al momento de los asesinatos. El auto recuerda la historia de Elibeth Vega Izquierdo, una joven indígena wiwa de 16 años, quien fue víctima de falsos positivos junto a Claribel Rodríguez Sierra y Claudia Patricia Peña. Fueron reclutadas por el Frente 59 de las Farc en San Juan del Cesar (La Guajira), escaparon y terminaron en manos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quienes las entregaron al Grupo de Caballería Mecanizado Coronel Juan José Rondón. Esta unidad las presentó como bajas caída en combate el 23 de agosto de 2005 cuando tenían 20, 17 y 16 años respectivamente.
De esta forma, la JEP adelantó las investigaciones de los patrones que llevaron a la imputación de 28 exintegrantes de las Fuerzas Militares por su presunta participación en más de 600 ejecuciones extrajudiciales. Ahora, los comparecientes tendrán 30 días para aceptar o rechazar los señalamientos. En caso de reconocer su responsabilidad, la JEP citará a una audiencia pública, donde los exmilitares deberán contar sus verdades ante las familias de sus víctimas. Si rechazan la imputación, el expediente aterrizaría en la UIA, donde se daría trámite a un juicio adversarial y una posible condena de hasta 20 años de ser hallados culpables de asesinar a sangre fría personas inocentes a cambio de premios e incentivos.
Estos son algunos de los nombres de los uniformados imputados por crímenes de guerra y lesa humanidad: Los mayores generales retirados Hernán Giraldo Restrepo, Jorge Enrique Navarrete Jadeth y Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, quienes estuvieron al mando de la X Brigada Blindada, el Grupo de Caballería Mecanizado Coronel Juan José Rondón y el Batallón de Artillería La Popa, respectivamente, entre 2004 y 2006. También son señalados los brigadieres generales (r) Fabricio Cabrera Ortiz, comandante de la X Brigada Blindada, y Adolfo León Hernández Martínez, comandante del Batallón La Popa entre diciembre de 2007 y mediados de 2009. Además, fueron imputados siete coroneles, incluido William Hernán Peña Forero, quien fue comandante de la XI Brigada entre 2006 y 2007, y tres tenientes coroneles y cuatro mayores, entre otros oficiales y suboficiales del Ejército.
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Por Santiago Díaz Gamboa
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