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El 2024 parecía ser el año en el que llegarían las primeras sanciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en contra del antiguo secretariado de las Farc, al menos tras los resultados de las investigaciones del macrocaso 01, que indaga los secuestros cometidos por la extinta guerrilla. Sin embargo, el país se quedó esperando, pese a que el anhelado anuncio de las sentencias fue anticipado por miembros de ese órgano de justicia transicional. Fueron varios los tropiezos que durante todo el año alargaron el pronunciamiento y que, a día de hoy, tiene a las víctimas a la espera de una respuesta. Desde recursos judiciales hasta una disputa entre la Jurisdicción y el Gobierno de Gustavo Petro han dejado en vilo el anuncio de los fallos.
Desde febrero de este año, en diferentes medios de comunicación, el expresidente de la JEP, el magistrado Roberto Vidal, así como el presidente de la Sección con Reconocimiento, Camilo Suárez, aseguraron que las primeras sentencias estarían listas para ser comunicadas en 2024, incluso en el primer semestre del año. No obstante, con el paso de los meses, esta opción se veía cada vez más lejana. Estas sanciones son de carácter propio, es decir, no tienen nada que ver con una condena en prisión. De hecho, se trata de un castigo restaurativo, en el que los comparecientes deberán adelantar trabajos con contenido reparador para las víctimas y donde, además, se les limitan ciertas libertades, pues podrían ser ubicados en zonas específicas.
A mediados de junio, miembros de la JEP ya avizoraban que las esperadas sanciones no estaban cerca de definirse, y se pusieron como meta emitirlas a finales de este año o comienzos del próximo. El principal motivo para entonces tenía que ver con los recursos judiciales interpuestos por los exjefes de la antigua guerrilla, con los que buscaban hacerle frente a algunas decisiones que había emitido la justicia especial. La revisión de esos recursos, que hacen parte de la defensa del antiguo secretariado, demoró la audiencia de verificación —etapa en la que se evalúan los compromisos de verdad y reparación de los firmantes, con miras a emitir las primeras sentencias— que ya tenía una fecha en el calendario: entre agosto y septiembre de este año.
Uno de esos recursos, por ejemplo, apuntaba a anular la imputación que realizó la JEP contra los firmantes por el delito de esclavitud, enmarcado en la investigación del macrocaso 01. En abril, la Sección de Verdad y Responsabilidad de la justicia transicional ratificó esa decisión adoptada inicialmente en 2023, lo cual generó la respuesta del antiguo secretariado. A principios de junio de este año, la defensa presentó una reposición, en la que pidió corregir varios puntos de esa decisión. Además, con ese recurso, buscaban tumbar ese expediente, pues argumentaron que el magistrado Camilo Suárez, quien participó de la determinación de imputarles esclavitud, no podía estudiar nada del asunto hasta que se resolviera una recusación en su contra.
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En ese recurso judicial, presentado por Rodrigo Granda, además, recordaron los motivos para presentar una recusación contra el togado: según los integrantes del secretariado, Suárez Aldana no podía revisar la reposición, pues habría formado parte del Ejército como magistrado del Tribunal Superior Militar. “Pertenecí orgánica y funcionalmente a la justicia penal militar, entidad judicial autónoma, independiente y separada del mando militar; por lo que fui encargado de investigar, juzgar y sancionar exclusivamente a los miembros de la fuerza pública que en servicio activo hubieren cometido delitos en relación directa con el servicio”, respondió Suárez en su momento. Además, dejó en claro que no ejerció sus labores basándose en “sentimientos de odio, venganza o persecución”.
La recusación contra Suárez fue tramitada días después de que la JEP le cerrara las puertas al propio Rodrigo Granda por un tema puntual: acoger el caso del homicidio de Cecilia Cubas Gusinky, hija de Raúl Cubas Grau, expresidente de Paraguay, ocurrido en diciembre de 2004. Por eso, el exjefe guerrillero presentó dos recursos para reversar el portazo en su contra. El crimen fue perpetrado por el brazo armado del movimiento político Patria Libre, que después se convertiría en un grupo ilegal conocido como Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Granda, también denominado como “canciller de las Farc”, ha sido señalado como colaborador de la guerrilla guaraní en ese crimen y, aunque intentó que el caso fuese juzgado en Colombia, la JEP se lo negó, por lo que interpuso un recurso de reposición y otro de apelación.
Mientras la Sección de Apelación de la entidad transicional resolvía esos chicharrones, la JEP escogió un nuevo presidente el 15 de octubre: el magistrado Alejandro Ramelli Arteaga. Una vez tomó posesión, la pregunta frente a las sentencias volvió a ser el tema central. En entrevista con este diario, el jurista señaló que, además de los recursos presentados por el antiguo secretariado, también hay otros aspectos que retrasaron las sanciones: “Respecto a la primera sanción o el auto que tiene relación con el tema de las Farc y el secuestro hay unos tiempos que hay que tomar en cuenta y unas complejidades. En primer lugar, la elevada participación de las víctimas, lo cual es muy gratificante. Han intervenido más de 3.200 víctimas con 200 observaciones y eso lleva a que los tiempos de resolución sean un poco más extensos”, dijo.
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El magistrado también fue enfático en señalar que para emitir las primeras sanciones en contra de los máximos responsables de la extinta guerrilla era necesario que el gobierno del presidente Gustavo Petro girara los recursos correspondientes para garantizar los proyectos restaurativos que hacen parte de las sanciones propias, un tema que dejó entrever una disputa entre el Ejecutivo y la Jurisdicción. Desde inicios de octubre, la JEP avisó que esa plata ($316.000 millones) no había llegado a las entidades estatales que adelantarían la gestión de las sanciones propias, que para ese momento estaba a cargo de la Unidad para las Víctimas y luego pasó a manos de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN).
De acuerdo con el presidente del órgano de justicia transicional, ese dinero es absolutamente necesario para financiar los proyectos restaurativos, pero “es competencia del gobierno nacional el diseño de esas iniciativas. Nosotros tenemos que mirar si son proyectos viables para el restablecimiento de los derechos de las víctimas. El tema de las sentencias no es una responsabilidad únicamente de la JEP, quien tiene que fijar línea es el gobierno”. Y añadió: “Esos proyectos, además, van a servir para todas las sentencias, y hasta ahora estamos hablando de la primera, pero van a haber muchas más. El tema es que tiene que haber una articulación muy fuerte entre la Jurisdicción y todas esas entidades coordinadas por el gobierno”.
La reacción del gobierno no se hizo esperar. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en diálogo con El Espectador, respondió que el gobierno está listo para hacer cumplir las condenas que imponga la JEP y que, luego de que se concretaran reuniones entre las entidades encargadas, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y la propia JEP, los recursos ya están destinados para ese fin. “A veces la opinión pública podrá tener la idea de que nosotros nos estamos demorando mucho porque nos queremos demorar cuando realmente el corazón de la sentencia es la sanción propia. De cierta manera lo que puedan tardar la sentencias también es una responsabilidad del gobierno”, precisó el magistrado Ramelli.
Si bien el tema de las sanciones y cómo financiarlas ha estado en el centro del debate a lo largo de 2024, este año la Jurisdicción inauguró su Sistema Restaurativo, a través de una prueba piloto que fue financiada por el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas. En esta estrategia, que no es propiamente una sanción, algunos comparecientes ante el órgano de justicia transicional por su participación en ejecuciones extrajudiciales sembraron árboles en Chingaza, dieron lecciones de desminado en Dabeiba e intentaron reparar caminos ancestrales en Nariño en beneficio del pueblo Awá. En estas pruebas no solo participaron actores que tuvieron una injerencia mínima en graves crímenes, sino también algunos máximos responsables.
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Ese es el caso, por ejemplo, del general (r) Henry William Torres Escalante, quien en septiembre de 2023 se convirtió en el exuniformado de más alto rango en reconocer su participación en 196 casos de ejecuciones extrajudiciales. Torres Escalante, ante las víctimas, aseguró que con ese proyecto se esperaba recomponer el tejido social roto a causa de las dinámicas del conflicto armado. El excomandante de la Brigada XVI del Ejército, con jurisdicción en Casanare, además busca devolver la Medalla de Servicios Distinguidos de Orden Público, que le fue otorgada por, supuestamente, garantizar la seguridad de la población de ese departamento, un acto que ha sido rechazado por las propias víctimas.
Aunque el diseño del Sistema Restaurativo inició con este piloto sobre las posibles sanciones, las críticas no se hicieron esperar, pues desde varios sectores, incluyendo a víctimas y sus familiares, señalaron que la siembra de árboles, por mencionar alguno, no es castigo suficiente en contra de quienes ordenaron asesinar a sus hijos, esposos, padres y hermanos. “La justicia restaurativa tiene enormes desafíos y no siempre es fácil lograr traducir todas las demandas de las víctimas. No es poner a los comparecientes a realizar cualquier actividad en cualquier parte, esas actividades tienen que impactar positivamente a las víctimas y que sientan que sus derechos fueron restablecidos. En eso estamos trabajando”, dijo sobre el asunto el magistrado Ramelli a este diario.
En todo caso, el tema de las primeras sanciones de la JEP en contra de los máximos responsables de la extinta guerrilla, quienes han pedido que se les unifiquen todos sus crímenes en un solo fallo, para lo cual renunciaron a su presunción de inocencia, será el tema clave que marcará la agenda de la Jurisdicción en 2025. Si bien el magistrado Ramelli no se ha comprometido a dar una fecha para comunicar la primera sentencia, lo que sí queda claro es que el 2024 fue otro año en donde hubo promesas de resultados judiciales condenatorios, pero estos nunca se concretaron, dejando ese asunto pendiente para el año que entra.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Santiago Díaz Gamboa
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