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En el búnker de la Fiscalía General corren horas claves para determinar el futuro de un posible escándalo de corrupción en el que, por ahora, aparecen mencionados funcionarios de la entraña del presidente Gustavo Petro, así como el presidente del Senado, Iván Name, y su par en la Cámara de Representantes, Andrés Calle. Un grupo destacado de funcionarios del ente investigador escucharán atentamente al exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd), Olmedo López, y a quien fuera su mano derecha, el exsubdirector, Sneyder Pinilla. Aunque no es del todo claro qué información han entregado, ambos buscan quedar inmunes o acceder a otros beneficios judiciales por su participación en delitos mientras dirigieron la entidad encargada de atender a poblaciones vulnerables y afectadas por desastres naturales.
Mientras el equipo de la Fiscalía verifica si la información que aporten los exfuncionarios de la Unidad tiene solidez para procesar a otros posibles implicados, paralelamente, tanto López como Pinilla inician una carrera que podría definir cuál de los dos puede acceder a mejores beneficios ante las autoridades judiciales. Si bien ambos cumplieron con sus citas en el búnker de la Fiscalía durante esta semana para entregar detalles de lo que saben, todo ha quedado apenas en acercamientos entre las partes. Hasta el momento, la administración de la fiscal general Luz Adriana Camargo trabaja en silencio y ha señalado que “está recolectando pruebas y verificando hechos para hacer las valoraciones legales”. A su vez, pidió respetar el debido proceso y evitar “presiones indebidas”.
De acuerdo con cinco abogados expertos en derecho penal consultados por este diario, en este tipo de negociación, en la que López y Pinilla están pidiendo un principio de oportunidad, la Fiscalía busca obtener el mayor grado de colaboración de un solo potencial testigo. En este caso, es complejo el asunto porque se trata de dos personas que conocieron de primera mano los mismos hechos. Es decir, el que entregue mejor información, y lo más expedito posible, tendrá más beneficios que el otro. El exsubdirector Pinilla ha dicho, hasta ahora, que recibió órdenes de Olmedo López, las cuales el exdirector, supuestamente, no quería seguir, pues se trataba de una “política de Estado”. El pasado 2 de mayo, en entrevista con revista Semana, Pinilla le pidió a López “que rompa su silencio”.
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Es decir, según Pinilla, López podría mencionar a funcionarios del alto gobierno que, supuestamente, participaron en hechos de corrupción al interior de la Unidad. Sin embargo, Pinilla llevaría la ventaja sobre el exdirector, pues puso primero sobre el escritorio del equipo de la Fiscalía una matriz que contiene los nombres de presuntos implicados en el escándalo: Iván Name, presidente del Senado; Andrés Calle, presidente de la Cámara y a su propio exjefe, Olmedo López. Según el exsubdirector, incorporará al menos 15 nuevos nombres de congresistas al listado, que habrían tenido conocimiento de la corrupción en la Unidad. López, por su parte, según pudo conocer este diario, ya cuenta con una matriz de colaboración redactada, pero no la ha presentado oficialmente al ente investigador.
Para los abogados penalistas Iván Cancino y Juan José Castro, la contundencia y celeridad de la información que llegue a las manos de la Fiscalía por parte de ambos exdirectivos es crucial para determinar quién puede acceder a un principio de oportunidad y quién no. “No pueden acceder (al principio) si aportan lo mismo. Pero, si hablan de cosas diferentes y profundas, sí pueden”, precisó Cancino. En la misma línea se expresó Castro, quien aseguró que la Fiscalía no tendrá dos testigos para los mismos hechos. “Es cuestión de quién se arrodille primero y entregue mejor información”. No obstante, para el abogado Castro, el que entregue información menos relevante, podría acceder a un preacuerdo —otro tipo de negociación con menos beneficios— con el búnker.
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A este complejo escenario judicial hay que agregarle otro condimento que enreda más el asunto: los abogados de López y Pinilla son medio hermanos y en otros procesos judiciales trabajaron codo a codo para defender a los mismos clientes. Se trata de José Luis Moreno Caballero y Luis Gustavo Moreno Rivera, este último un viejo conocido de los expedientes judiciales, ya que fue el testigo estrella del denominado ‘cartel de la toga’. En junio de 2017, Moreno Rivera fue capturado, mientras era director nacional anticorrupción de la Fiscalía, por su participación en una red de corrupción en la que participaron congresistas, gobernadores y magistrados que intentaron torcer expedientes penales en la Corte Suprema de Justicia.
Jose Luis Moreno, durante marzo de 2024, cuando se conocieron los primeros hechos del escándalo en la Unidad, fue abogado de López y Pinilla al mismo tiempo. Sin embargo, ahora solo defiende a López y ha sido enfático en que no existe ningún conflicto de interés en que su medio hermano ahora sea el defensor del exsubdirector Pinilla. De cualquier modo, la Fiscalía ha dicho que lleva semanas investigando varios hechos al interior de la unidad, entre ellos, el megacontrato que terminó destapando este espinoso asunto: la irregular compra de 40 carrotanques que pretendían llevar agua potable a La Guajira, que costó más de $48.000 millones y hoy se encuentran parqueados y sin ningún uso a favor de las comunidades.
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Lo que se sabe hasta ahora
Mientras la Fiscalía valora los aportes de López y Pinilla, las palabras del exsubdirector ante medios de comunicación han dado las primeras puntadas de la presunta participación de fichas clave en el Congreso. Nada más ni nada menos que ambos presidentes del Legislativo: Iván Name, presidente del Senado, y Andrés Calle, de la Cámara de Representantes. De acuerdo con Pinilla, ambos legisladores habrían recibido un total de $4.000 millones para agilizar las reformas del gobierno de Gustavo Petro en el Congreso. El exsubdirector fue más allá y aseguró que él mismo le entregó a Calle un soborno de $1.000 millones en su apartamento en Montería. El presidente de la Cámara, por su parte, negó su vínculo con el contrato de los carrotanques y con cualquier otra “actividad similar”.
Por su parte, el congresista Name, dice Pinilla, habría recibido $3.000 millones. Es en medio de este asunto que aparece el nombre de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones. Según el exsubdirector, fue ella quien entregó el dinero a su copartidario del Partido Verde, Iván Name. No obstante, el presidente del Senado ha dicho que no conoce a Pinilla y que está dispuesto a limpiar su nombre ante la justicia. El pasado 7 de mayo, ante la plenaria del Senado, Name señaló que no se dejará “derribar por infamias”. A raíz de estas acusaciones, el presidente Petro le pidió el pasado 3 de mayo la renuncia a Ortiz y su salida del gobierno se concretó esta semana que termina. La exconsejera, por ahora, ha guardado silencio.
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Otro miembro del Partido Verde y del círculo más cercano del presidente Petro que fue citado por las autoridades para esclarecer estos hechos es Carlos Ramón González, quien fue director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) entre abril de 2023 y febrero de 2024, y es la actual cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia. El próximo 20 de mayo, la Corte Suprema de Justicia citó a este funcionario del Gobierno como parte de los testimonios que recogerá el alto tribunal en la investigación preliminar que le abrió a los congresistas Name y Calle. Así mismo, también fueron citados Sandra Ortiz y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien, según Pinilla, también habría conocido de cerca la situación en la Unidad, acusación que el jefe de esa cartera niega tajantemente.
De lo poco que se conoce que llegó a manos de la Fiscalía, sumado a los testimonios de López y Pinilla, están una serie de chats que probarían tan solo un acercamiento entre las antiguas cabezas de la Unidad y funcionarios de la Presidencia, como Sandra Ortiz, y el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga. De hecho, el secretario estuvo a punto de correr la misma suerte de la exconsejera para las regiones, pues, al ser mencionado en otros chats de López, el presidente Petro le pidió la renuncia y el lunes pasado se echó para atrás. Sin embargo, esas conversaciones, que ni siquiera tienen contexto, por ahora solo evidencian que Pinilla y López tenían contacto con Sandra Ortiz e Idarraga. Pero no hay asomo de ninguna irregularidad.
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Los otros contratos bajo la mira
En medio de estos señalamientos de corrupción en la Unidad, el contrato de los carrotanques de La Guajira no ha sido el único que ha quedado bajo sospecha. Por ejemplo, esta semana quedó en entredicho el negocio del dique Caregato, en jurisdicción del municipio de San Jacinto del Cauca, sur de Bolívar. De acuerdo con el nuevo director de la Ungrd, Carlos Carrillo, Olmedo López también firmó el contrato de $130.000 millones para la construcción del dique, el cual tiene serios retrasos. Incluso, el presidente Petro le pidió a la Fiscalía que indagara sobre este megacontrato que quedó en manos del Consorcio RCG, una empresa que, según Carrillo, está vinculada a los Aguilar, el cuestionado clan político de Santander. Sin embargo, el contratista ha dicho que la Unidad ha incumplido con los pagos de la obra.
El otro contrato que quedó en la mira es el de las ollas comunitarias en La Guajira. Carillo también le ha puesto la lupa al asunto y, en medios de comunicación, señaló que para ese contrato de más de $20.000 millones se presentaron posibles desvíos durante la gestión de Olmedo López. En entrevista con Blu Radio, Carrillo puntualizó que las ollas debían ser entregadas a los miembros de Juntas de Acción Comunal y organizaciones populares en Uribia, en La Guajira. Sin embargo, según Carrillo, eso nunca pasó. “No están los registros fotográficos, hay muchísimas quejas por parte de la comunidad. Las personas que trabajaron en esas ollas dicen que no les han pagado y esto nos preocupa de sobre manera”, añadió el director de la Unidad.
Este complejo escenario, minado de denuncias de corrupción al interior de la UNGRD , unas con pruebas documentales de los presuntos sobrecostos, y otras que no van más allá de conversaciones fuera de contexto y sin evidencia de irregularidades, al menos por ahora, esta en manos de un destacado equipo de fiscales: Andrea Muñoz, fiscal anticorrupción; Gabriel Sandoval, fiscal contra el crimen organizado; María Cristina Patiño, fiscal delegada ante la Corte Suprema, y Hernando Barreto, coordinador de fiscales delegados ante este alto tribunal. De este grupo de trabajo del ente investigador depende determinar si funcionarios del Estado usaron dineros del erario que debían ser utilizados para resolver los graves problemas de la población colombiana, como el acceso a agua potable y proteger vidas ante eventuales desastres naturales.
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