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“La justicia cojea pero llega”. Esa frase del argot colombiano es común escucharla cada vez que un proceso judicial presenta demoras o cuando las investigaciones de la Fiscalía precluyen independientemente de la razón. Hay quienes consideran que aunque cojea, ni siquiera llega. Como el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, quien en 2023 presentó un informe sobre la impunidad en el país, en el que consignó que en Colombia se han denunciado en los últimos 13 años 57.582 casos de corrupción, de los cuales el 94 % terminan sin condenas, sin capturas o incluso cerrados. En su última encuesta, la Red Cómo Vamos concluyó, en marzo pasado, que el 45 % de los colombianos cree que el sistema judicial es ineficiente. Ante tal panorama, El Espectador preguntó a la Fiscalía por las cifras más recientes sobre procesos penales archivados y precluidos y encontró que, entre enero y julio de este año, se han archivado cerca de 720.000 expedientes, y más de 20.000 han precluido.
Antes de hablar de cifras, es importante hacer una precisión entre lo que significa el archivo y la preclusión de un proceso. En palabras de Francisco Bernate, abogado experto en derecho penal y presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, el archivo de un expediente “lo decide un fiscal directamente y puede reabrirse”, mientras que la preclusión “la decide un juez y mata el caso definitivamente”. En ese sentido, de acuerdo con las cifras recolectadas por este diario, desde el 1º de enero de 2024 hasta el 31 de julio, la Fiscalía ha archivado 719.082 procesos. Por otra parte, han sido precluidos 20.427. Como lo indica la gráfica que acompaña este artículo, los motivos más frecuentes para la preclusión son la imposibilidad de continuar el ejercicio de la acción penal (con 9.089 procesos precluidos), la extinción por prescripción (4.956) y la extinción de la acción por muerte del procesado (2.322)
Si bien hay casos en los que las labores de investigación de la Fiscalía se frenan por la muerte de los investigados o, en palabras del derecho, imputados, o cuando se determina la inexistencia del delito (96 casos entre enero y julio), para el abogado Bernate las demás cifras sí muestran un índice de impunidad. Este escenario, dijo, sucede porque en la mayoría de los casos, “vemos que no hay una investigación sólida que determine si ocurrió el hecho o no. Simplemente se precluyen porque pasó el tiempo o no se pudo avanzar. En estos casos las personas que acuden a la justicia no reciben ninguna respuesta, salvo un portazo”.
Conozca en esta gráfica interactiva las cifras de preclusión por actuación y por delito
En otra línea se expresó el abogado penalista y docente Carlos Fernando Guerrero: a su juicio, el análisis de la impunidad no se debe hacer únicamente bajo términos cuantitativos. “Preclusiones y archivos son formas de hacer justicia y, por lo tanto, maneras de resolver los casos (…) En todos los procesos en que hay una decisión de la justicia (condena, archivo o preclusión), no hay impunidad, pues el caso queda resuelto”, le dijo a este diario. Para él, el estudio del fenómeno de la impunidad debe arrancar por la evaluación de los casos que han terminado por preclusión por cuenta de, por ejemplo, el vencimiento de términos. Y, respecto al archivo de procesos, según Guerrero, habría impunidad en los que se formula esa decisión sin investigar a fondo.
En una columna de opinión, escrita para El Espectador por el exministro de Justicia Yesid Reyes Alvarado, titulada “Las cifras de la impunidad en Colombia” y publicada el pasado 13 de agosto, el jurista se refirió al tema de los procesos archivados y en qué casos es correcto o no hablar de impunidad. En su concepto, hay archivos de casos donde no hay nada que investigar y dejó sobre la mesa el siguiente ejemplo: “Hay casos en los que el comportamiento no es delito, como cuando alguien denuncia por estafa al deudor que no canceló oportunamente la deuda o por celebración indebida de contrato a quien lo tramitó omitiendo un requisito no esencial”. En este punto está de acuerdo Bernate, pues, según cifras del ente acusador, en los primeros siete meses de este año se han archivado 3.958 procesos por la inexistencia de un delito y más de 316.000 por atipicidad (cuando la conducta imputada no reúne todos los elementos penales).
El exministro Reyes le dijo a este diario que, al hablar de los casi 5.000 procesos precluidos por prescripción (el 25 % de total), sí se estaría hablando de impunidad. Sin embargo, frente a los casos de atipicidad, amnistía o muerte del procesado, por mencionar algunos, ese no sería el escenario. Aun así, para el exjefe de cartera y columnista de este diario, en lo que tiene que ver con la imposibilidad de continuar con la acción penal, no se podría determinar si son hechos impunes o no, pues no se especifican los motivos de esa inviabilidad por parte del ente investigador. Para él, el tema de la atipicidad cobra mayor relevancia en los procesos archivados, pues es común que se denuncien hechos que a la final no se tramitan como delitos penales.
Conozca las cifras de procesos archivados entre enero y julio de 2024:
Sin embargo, para el penalista Bernate, hay otro panorama aún más crítico, pues se evidencia que en algunos procesos hay una imputación, y posteriormente una acusación o llamado a juicio, como dicta el proceso normal, pero en ocasiones no se investiga debidamente para llegar a ese resultado. Este escenario, según expertos consultados, se evidenció con más fuerza durante la administración de Francisco Barbosa a la cabeza del búnker, quien en su informe final de gestión, presentado ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en febrero pasado, expuso cifras de esclarecimiento de hasta 77,37% con relación a homicidios de tres víctimas y de 96,71% de feminicidios a nivel nacional. No obstante, el exfiscal no entregó detalles de cómo se llegó a esos resultados o la metodología para calcular las cifras.
Desde la llegada de Luz Adriana Camargo a la dirección de la Fiscalía, ha sido enfática en mencionar que la evaluación de la impunidad, como mencionó Guerrero, no puede basarse únicamente en números, sino en cómo se llega a una solución a través de otros mecanismos. “Estamos dando importancia a los mecanismos premiales que trae nuestro Código de Procedimiento Penal. Queremos hacer unos procesos mucho más rápidos que aquellos a los que está acostumbrada Colombia en temas de corrupción, en donde los casos se demoran muchísimo”, le dijo la titular del ente acusador a El Espectador en julio pasado.
Lea la entrevista completa: La fiscal Luz Adriana Camargo no descarta asumir la competencia del caso Ungrd
La fiscal ha señalado que le dará prioridad a esos mecanismos premiales (preacuerdos, allanamientos y principios de oportunidad) precisamente con el objetivo de esquivar la impunidad, pues estas herramientas serían más útiles para, a cambio de información con la que se pueda desmantelar un fenómeno criminal, se otorguen beneficios judiciales a los investigados. De hecho, impulsar estos elementos es una propuesta en común entre el ente investigador, el Ministerio de Justicia y la Corte Suprema en su proyecto consolidado de reforma al sistema judicial. Cifras de la Fiscalía indican que, entre enero y julio, se han legalizado 9.150 principios de oportunidad, como es el caso de Sneyder Pinilla y Olmedo López, quienes han tramitado ese beneficio tras entregar información clave de otros funcionarios públicos implicados en el millonario desfalco a la Unidad de Gestión del Riesgo (Ungrd).
Otro tema crucial para la fiscal Camargo es darle un impulso a los mecanismos alternativos para resolver conflictos, como las conciliaciones, mediaciones o métodos de justicia restaurativa. Es decir, elementos que van más allá del punitivismo. Este diario conoció que, entre enero y julio de 2024, la Fiscalía ha resuelto 16.622 procesos a través de la conciliación, pero se desconocen los datos exactos sobre los proceso que han llegado a un buen término por el camino de la mediación. Para el abogado Bernate, estos son mecanismos que permiten salidas tempranas, “haciendo más eficiente la justicia, pues menos casos permiten una mayor eficiencia”.
Respecto a los delitos (ver gráfico), según las cifras conocidas por este diario, la violencia intrafamiliar cuenta con el mayor número de procesos precluidos (2.234), seguido del tráfico, porte o fabricación de estupefacientes (1.860) y otros como la inasistencia alimentaria (1.347) o la fabricación, tráfico y porte de armas (1.342). Así las cosas, aunque hay quienes ven impunidad en las preclusiones y archivos de procesos, etapas antes del juicio, expertos aseguran que el camino es más largo para llegar a esa definición, como concluye el abogado Guerrero: “por supuesto que hay casos de impunidad en Colombia, pero es un error absoluto presentar como impunidad todos los casos que no terminan en condena”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Santiago Díaz Gamboa
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