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Es miércoles, día de El Espectador le explica. ¿Por qué la fiscalía general de la Nación acaba de imputar cargos al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla? ¿Y también a su colega, el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco? ¿Qué tienen que ver ellos dos con el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD? ¿Quiénes son los sonados nombres de otros políticos que han resultado señalados en todo este entramado de corrupción? ¿En qué va la investigación que comenzó por una denuncia de sobrecostos en la compra de unos carrotanques para llevar agua a zonas apartadas de La Guajira y hoy tiene en tela de juicio a personas que estuvieron en el primer círculo de poder del presidente Gustavo Petro? Todas estas respuestas las contestaremos en este boletín semanal de resumen con la ayuda de los contenidos que han publicado varios colegas de la redacción de El Espectador. Comencemos.
Primero, les dejo varias de las publicaciones que detallan, paso a paso, cómo se enteró el país de las primeras denuncias y luego de la telaraña de ilícitos que fueron apareciendo con la indagación de las autoridades. Este texto del 8 de mayo de 2024, contaba un paso a paso del proceso y cómo el país estaba esperando las pruebas que Olmedo López y Sneyder Pinilla, cabezas de la UNGRD, decían tener en contra de “altos funcionarios” del Gobierno y de las entonces cabezas del Congreso: Para el 24 de julio de ese mismo año, ya el tema era la imputación de cargos en contra de López como Pinilla, quienes involucraron con sus testimonios “a un potentado contratista del sur del país, dos ministros y una serie de congresistas que al parecer se beneficiaron con contratos”.
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La espuma iba subiendo cuando, de acuerdo con las acusaciones de Olmedo López, “al menos un contrato de esa unidad, sí, la que él lideraba, habría terminado en manos de la guerrilla del ELN”, según su declaración ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Para ese instante, según la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, tras las declaraciones entregadas por López y Pinilla, estaban andando “154 actividades de investigación de la Fiscalía” para corroborar y contrastar información y recopilar pruebas. Y el 11 de diciembre de 2024, es decir, hace casi un año, contamos en este nutrido texto que Ricardo Bonilla, el entonces ministro de Hacienda, salía del gabinete después de que Petro le pidiera la renuncia para que se dedicara a su defensa fuera del Gobierno. Y después de eso, mucha tela se ha tejido en ese caso que se ha encargado de recordarnos cómo la corrupción sigue siendo uno de los problemas estructurales en Colombia.
Judicial
Lo que dice la acusación de la Fiscalía contra Olmedo López y Sneyder Pinilla
Judicial
Caso Ungrd: Las versiones que enredan al exministro Velasco y al senador Chagüi
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Caso Ungrd: Sandra Ortiz, exconsejera presidencial, fue enviada a la cárcel
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Caso Ungrd: Sandra Ortiz salpicó a Laura Sarabia en entramado de corrupción
Antes de seguir, recordemos detalles claves de todo este embrollo y lo que ha pasado en este caso: todo comenzó con denuncias periodísticas que hablaban de sobrecostos en la compra de más de 40 carrotanques, que luego se supo eran 80. La Procuraduría entró a hacer su respectiva vigilancia. La Fiscalía también. Poco a poco aparecían nuevos detalles, como cuando encontraron “contratos con “empresa de papel” involucrada en el escándalo de esos vehículos.”. Apareció vinculada la consejera presidencial para la Regiones, Sandra Ortiz. ¿Por qué? Porque Sneyder Pinilla dijo que ella le había “llevado a Iván Name -en ese instante presidente del Senado- COP$ 3.000 millones de la corrupción en UNGRD”.
El partido Alianza Verde solicitaba la apertura de una investigación contra Name y Ortiz. Petro le puso el pecho a ese escándalo: “Funcionario que llegue a robar, funcionario que se va”, dijo. No era para menos. El Partido Liberal abría indagación contra Andrés Calle -entonces presidente de la Cámara de Representantes- por supuestamente recibir plata en medio de la corrupción en el caso UNRGD. Aparecía por primera vez nombrado el exministro del Interior Luis Fernando Velasco. Se especulaba en ese instante que el Ejecutivo habría ofrecido dinero para lograr que le aprobaran sus reformas en el Congreso, pero hasta el momento no había pruebas contundentes. “Ni el Gobierno ni el presidente son cómplices”, dijo Velasco, quien se fue en contra de Olmedo López. Pero lo que vino después fue que la Corte Suprema llamó a declarar a ese entonces ministro y otros funcionarios del Gobierno, como el señor Carlos Ramón González, quien era el director del Dapre.
Entre los nombres que se fueron sumando apareció el de Luis Eduardo López, el potentado contratista de la empresa Impoamericana Rogers SAS, más conocido como El Pastuso. También, nueve congresistas, que al parecer habrían participado en la hechos de corrupción, de acuerdo con la Fiscalía. Ahí estaban Wadith Alberto Manzur Imbett (Partido Conservador), Liliana Esther Bitar Castilla (Partido Conservador), Karen Astrith Manrique Olarte (Citrep), Julio Elías Chagüi Flórez (Partido de la U), Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal), Iván Leonidas Name Vásquez (Alianza Verde), Juan Pablo Gallo Maya (Partido Liberal), Andrés David Calle Aguas (Partido Liberal) y Juan Diego Muñoz Cabrera (Alianza Verde).
Y uno más apareció, el que era el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Olmedo López también lo vinculó y habló del supuesto rol que, según López, que tuvo el alto funcionario. Dijo que él había dado el visto bueno en el Congreso para la adición de $208.000 millones al presupuesto de la entidad. Esa adición se dio tres meses antes de las elecciones regionales de octubre de 2023 y en el Capitolio recibió el apoyo de al menos 20 congresistas, dentro de los cuales están algunos de los nombres que aparecieron en la investigación que lleva la Fiscalía en contra de López y Pinilla, como el de Wadith Manzur (Partido Conservador), Liliana Esther Bitar (Partido Conservador) y Julián Gallo (Partido Liberal), escribimos en este otro texto. Esa acusación, en contra de Bonilla, hizo que el presidente Petro retirara del cargo al que manejaba la chequera de la Nación.
Entonces el 2025 comenzaba con noticias:
Judicial
Caso Ungrd: los expedientes que están pendientes por resolverse ante la justicia
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Fiscalía interrogará a asesores del Dapre y Minhacienda involucrados en caso Ungrd
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Ungrd: Corte Suprema llama a declarar a Ricardo Bonilla y a tres ministros activos
Judicial
Ungrd: Corte Suprema ordena nuevas pruebas en caso contra Iván Name y Andrés Calle
Sandra Ortiz aseguró, a finales de enero, que ella seguía órdenes del Gobierno y habló de un testigo asesinado. Se supo del preacuerdo de Pedro Rodríguez con la Fiscalía, un exasesor de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y mano derecha de Olmedo López. Y el 2 de febrero, El Espectador construyó el perfil de María Alejandra Benavides, “la bogotana de 31 años, cuyas confesiones ante la justicia tienen en serios apuros al exministro de Hacienda; mientras que Sneyder Pinilla revelaba una prueba clave en contra de la congresista Karen Manrique.
La bola de nieve seguía creciendo: A finales de febrero de este año se supo que más allá de carrotanques, la Fiscalía estaba analizando otros 75 contratos relacionados con todo este entramado de corrupción. Toda una matriz de contratos que enredaba a 28 congresistas. Mientras tanto, el presidente Petro aseguraba no estar relacionado con los escándalos de su campaña electoral ni con el saqueo a la UNGRD. Se confirmaba que Sneyder Pinilla había devuelto $618 millones y obtendría una rebaja de pena.
El Espectador revelaba las conversaciones entre Wadith Manzur y Karen Manrique con María Alejandra Benavides y los enredaba. La Fiscalía le imputaba nuevos cargos a Olmedo López y Sneyder Pinilla, pues “habrían cuadrado contratos con funcionarios de ministerios y congresistas”. Los nombres de poderosos iban siendo tocados por los entes de control. Por ejemplo, se supo del rol de Ricardo Bonilla, según Fiscalía, en la entrega de contratos en caso UNGRD. Y también el rastreo a las cuentas bancarias y celulares de Carlos Ramón González. La misma Fiscalía pedía a la Corte Suprema investigar a congresista Martha Peralta.
Poco a poco se veían resultados, avances y movidas de abogados en el caso:
Judicial
UNGRD: principio de oportunidad congela por tres años proceso penal del “Pastuso”
Judicial
Cae el segundo por caso UNGRD: cuatro años de cárcel para exasesor jurídico
Judicial
Fiscalía rechazó solicitud de principio de oportunidad de exconsejera Sandra Ortiz
Judicial
UNGRD: Fiscalía imputará a María Alejandra Benavides, exasesora de Ricardo Bonilla
El presidente Gustavo Petro insistía en que “nosotros no compramos congresistas”, haciendo referencia al papel de su administración. El 7 de junio la Corte Suprema ordenó la captura de Iván Name y Andrés Calle por todo este proceso. Se hicieron públicas las imágenes de dichas detenciones. La razón: “Haber recibido $4.000 millones para favorecer iniciativas del gobierno de Gustavo Petro”. Los dos políticos quedaron temporalmente suspendidos del Legislativo por la investigación del saqueo a la Unidad de Gestión del Riesgo. Los mandaron a La Picota.
Todos los argumentos de la Corte Suprema para ordenar la captura de los dos -Name y Calle- aparecen en este texto. Y como estaba siempre sobre la mesa la sospecha de que los congresistas votaron a favor de los proyectos del Ejecutivo, la Corte Constitucional pidió copias del caso para definir el futuro de la reforma pensional. Entre tanto, era María Alejandra Benavides, la exasesora de Ricardo Bonilla, la que no aceptaba cargos. Se trataba de interés indebido en la celebración de contratos. Al día siguiente se revelaban las cuatro reuniones que implicaban al exministro Bonilla en la corrupción de la UNGRD.
La Fiscalía señalaba a César Manrique, exdirector de Función Pública, entre otros acusados, de desviar $100 mil millones. En junio de este 2024 se supo que precisamente la Fiscalía imputaría cargos a Carlos Ramón González, exdirector del Dapre. Quien fuera uno de los más cercanos al presidente Petro, no aceptaba los cargos. Lo que sí hizo fue renunciar a la Alianza Verde. Dos días después, un juez rechazaba el preacuerdo de Olmedo López y la Fiscalía. Iba pasando de todo un poco, empezando por el protagonista de todo este caso, Olmedo López, quien denunció que la Fiscalía lo había abandonado y por esa razón caminaba “bajo amenaza”.
Estos son Name y Calle, expresidentes del Congreso procesados por saqueo a UNGRD
El 3 de junio se sabía que el exministro Bonilla sería imputado por los delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos. Incluso, les dejamos este texto en donde contamos que El Espectador había tenido acceso dos pruebas clave en contra del exministro Bonilla. Y que la acusación en contra de César Manrique era porque se habría apropiado de $3.000 millones. El 6 de junio la Fiscalía pedía cárcel para Carlos Ramón González, exdirector del Dapre. El 12 del mismo mes, también la Fiscalía acusaba a Sandra Ortiz por su presunta participación en saqueo a la UNGRD.
Ese fue un mes bastante movido. Por ejemplo, la Corte Suprema le negó la libertad a Iván Name y a Andrés Calle. Además, se supo de la condena a “El Pastuso” por corrupción en compra de carrotanques. Y Fiscalía imputaba y pide cárcel para César Manrique Soacha.
Entrábamos al séptimo mes del año con anuncios contundentes, como que el Tribunal de Bogotá pedía que Carlos Ramón González fuera enviado a prisión. Ese mismo mes la Procuraduría General de la Nación, en proceso de segunda instancia, confirmaba la sanción de destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos contra de Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes fueran altos funcionarios que han confesado el desfalco a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres:
Judicial
Carlos R. González: la ficha más alta del Gobierno que iría a la cárcel por UNGRD
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Avalan el principio de oportunidad para María Alejandra Benavides
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Imputan a Sneyder Pinilla por supuestos contratos direccionados en Córdoba
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juez ordenó medida de aseguramiento contra César Manrique Soacha
En agosto el país supo que, de acuerdo con la Fiscalía, Carlos Ramón González no tenía circular roja de Interpol. Se entregaba Jorge Aristizábal, quien fue asesor de la Dirección de la Función Pública y era imputado por seis delitos. El alto tribunal, es decir, Corte Suprema, concluía que se habrían comprado votos de congresistas en medio de todo este entramado corrupto que se gestó desde la UNGRD con Olmedo López a la cabeza.
Cada vez más grave el asunto. Sneyder Pinilla presentaba, junto a la Fiscalía, un documento de 154 páginas en el que involucraba a 23 personas. Esa lista es esta:
- Iván Leónidas Name Vásquez, expresidente del Senado de la República.
- Andrés David Calle Aguas, expresidente de la Cámara de Representantes.
- Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Dapre.
- Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las Regiones.
- Ricardo Bonilla González, exministro de Hacienda.
- Luis Fernando Velasco Chaves, exministro del Interior.
- Julio Elías Chagüi, senador de la República.
- Karen Astrith Manrique Olarte, representante a la Cámara.
- Luis Carlos Barreto Gantiva, exsubdirector de la Ungrd.
- Eduardo Rivero Rey, vinculado al presunto ofrecimiento de soborno de 13.000 millones de pesos.
- Jaime Ramírez Cobo, asesor del Dapre.
- César Augusto Manrique Soacha, exdirector de la Función Pública.
- Pedro Andrés Rodríguez Melo, exasesor del director de la Ungrd.
- Luis Eduardo López Rosero, contratista de la Ungrd.
- Víctor Andrés Meza Galván, exsubdirector general de la Ungrd.
- Harry Bejarano.
- Camilo Díaz.
- Juan Carlos Torres.
- Edilberto Torres Montes.
- Gustavo González Ruiz, pareja sentimental de la congresista Karen Manrique Olarte.
- Hugo Tolosa.
- María Alejandra Benavides Soto, exasesora del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- Olmedo de Jesús López, exdirector general de la Ungrd.
Los tumbos de la Fiscalía en el caso Ungrd y el limbo judicial de Olmedo López
Se sabía que desde marzo de este año, el exdirector del Dapre y amigo cercano del presidente Petro, Carlos Ramón González, estaría fuera de Colombia. Y que Nicaragua le habría renovado su estatus de residencia en ese país. “Facilité su ingreso cuando no existía imputación”, dojo el exembajador de Colombia en ese país sobre Carlos Ramón González. Entonces Petro tuvo que salir al paso y dijo que “el gobierno no ha solicitado algún privilegio para Carlos Ramón González” y aseguró que le pediría a Nicaragua localizarlo para que se entregara a la justicia.
Se ha hecho popular en Colombia encontrarse con la frase “Quién dio la orden”. Pues Carlos Ramón González es acusado de ser, presuntamente, la mente detrás del desfalco a la UNGRD. Casi nada. Los hechos van hablando más que las palabras:
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Mientras negaban la libertad a expresidente de Cámara de Representantes, Andrés Calle y una jueza avalaba el principio de oportunidad entre Sneyder Pinilla y Fiscalía, informaban que efectivamente la Fiscalía había logrado determinar la ubicación del exdirector del Dapre a través del rastreo de la VPN de su equipo, y entonces el alto nivel del Ejecutivo advirtió que, como Minjusticia y Cancillería, se oponían al “asilo político” de Carlos Ramón González. Se sabía, a finales del pasado agosto, que el encargado de negocios en Nicaragua era quien enfrentaba el proceso por el caso Carlos Ramón González y que la Canciller Rosa Villavicencio era quien estaba al frente de toda la gestión, pero con nulos resultados positivos. La Procuraduría entonces hizo una inspección precisamente a la Cancillería por ese caso.
Todo esto cuando la Fiscalía pedía circular roja contra César Manrique, imputado por concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación; mientras el mismo ente de investigación le insistió a la Interpol que emitiera la circular que ya pidió contra Carlos Ramón González.
Empezaba el último tercio del año y se hablaba de todos los demás e investigados, pero poco de los dos exministros vinculados. Por ejemplo, Iván Name y Andrés Calle, a juicio en la Corte Suprema. Era preciso recordar que a estos dos políticos se les acusaba de recibir coimas de COP$ 4.000 millones para mover iniciativas del Gobierno en el Congreso. Renunciaba el abogado de Sandra Ortiz. Y ya el 4 de septiembre quedaba en firme la medida de aseguramiento en contra de Carlos Ramón González. Otra vez, Olmedo López, en una carta, decía sentir se amenazado. Dijo que Petro le había puesto precio a su cabeza cuando lo había tildado de “traidor de la izquierda”.
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Hasta el 22 de septiembre la Interpol emitió la circular roja contra Carlos Ramón González. Al día siguiente Olmedo López, que es el testigo clave en la investigación, se presentó ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema. La redacción Judicial nos contaba que Pedro Rodríguez sería testigo contra 13 personas en entramado de corrupción. Y la SIC apareció en medio de todo esto. Cinco empresas, detrás de las cuales estaría Luis Eduardo López Rosero, “El pastuso” se habrían llevado $86.000 millones en contratos, por eso las investigaba la Superintendencia.
Nos enteramos de la versión de Olmedo López sobre la coima de $3.000 millones a Iván Name. Supuestamente una de las cosas que se buscaba era, de acuerdo con un audio conocido en una de las audiencias del caso, que María José Pizarro presidiera varias sesiones claves del Senado. Un juez rechazaba la solicitud de libertad de Sandra Ortiz. Hasta que se conocieron detalles de los exministros:
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Corte Suprema deja en firme orden de captura contra Carlos Ramón González por caso Ungrd
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Fiscalía pedirá cárcel para los exministros Ricardo Bonilla y Luis Velasco por caso Ungrd
Y así llegamos al final del año. Bonilla, por un lado, ha sido enfático en advertir que es inocente. Pero la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, aseguró públicamente que solicitaría la audiencia para vincularlo formalmente al proceso. La mano derecha de Petro en asuntos económicos tendrá que responder por los presuntos delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos.
“El exministro ha sido mencionado dentro del escándalo en varias oportunidades y por varios de sus protagonistas. Por ejemplo, Olmedo López, exdirector de la UNGRD, le aseguró al ente investigador que el exministro pactó con él que los convenios, que sumaban cerca de COP$ 92.000 millones, pero que nunca se firmaron, salieran de la Unidad para atender desastres y que fueran directamente a los congresistas cuyos votos eran determinantes para aprobar los créditos urgentes. Esos convenios eran conocidos como “cupos indicativos””, nos contaron los colegas de Judicial.
“Asimismo, Sneyder Pinilla, exdsubdirector para el Manejo de Desastres de la UNGRD, dijo que el exjefe de cartera sabía perfectamente de los manejos irregulares dentro del organismo y que tuvo contacto con él para cuadrar los contratos que iban a beneficiar a los legisladores. Estos convenios, según Pinilla, iban dirigidos a los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar), en donde, al parecer, se reportaron falsas emergencias para firmar los contratos”. Todos estos detalles están en este texto.
Para la Fiscalía, existen las pruebas que confirmarían que los entonces ministros, de Hacienda y del Interior, habrían participado en el saqueo a la entidad, razón por la cual buscaría que fueran privados de la libertad. Es decir, pediría cárcel. El 28 de noviembre se supo que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá imputaría a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Velasco en diciembre. Se supo justo la misma semana que la Fiscalía radicó escrito de acusación contra Carlos Ramón González.
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Y así llegamos formalmente al día de la imputación de cargos en contra de dos exministros. Gustavo Montes Arias, el reportero que siguió dicha audiencia, lo resumió así: “Ante el despacho de la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero, del Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía imputó a los exministros del Interior y Hacienda, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, por su presunta responsabilidad en tres delitos relacionados con el entramado de corrupción de la UNGRD. El ente investigador señaló a los exfuncionarios de “liderar, promover y dirigir” una red de compra de congresistas. La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento se suspendió hasta el próximo 15 de diciembre”.
Los delitos por los que se les acusa son concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Las acusaciones son muy graves. Para la Fiscalía, los dos lideraron una “organización delincuencial” para destrabar proyectos del Ejecutivo en el Congreso, ofreciendo a congresistas la entrega de contratos por más de COP$ 612.000 millones. ¿Quiénes los señalan? Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD, y María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda. Con sus declaraciones tras preacuerdos y principios de oportunidad, estos tres investigados aseguraron que los dos exministros “se enfocaron en satisfacer intereses individuales” y fueron los que ordenaron “aceitar” con contratos a los congresistas.
“Bonilla y Velasco habrían comprometido la entrega de 74 proyectos del Instituto Nacional de Vías (Invías), por COP$ 571.000, y cinco proyectos más en la UNGRD, por más de COP$ 40.000 millones. Esos contratos, que sumaban más de COP$ 612.000 millones, estaban dirigidos a congresistas de las comisiones Primera, Tercera, Cuarta y Séptima del Senado, las comisiones Tercera y Cuarta de la Cámara de Representantes y la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CIPC)”, nos detalló Gustavo Montes Arias.
La Fiscalía expuso fechas de reuniones, la forma en la que supuestamente operaban, cómo daban las órdenes, los encuentros con congresistas y los aparentes pactos a los que llegaron. ¿Qué sucedió? “Ninguno de los dos aceptó su responsabilidad en los tres delitos imputados”. Entonces, ¿qué sigue? “Aunque la Fiscalía pidió medida de aseguramiento para ambos, tras casi diez horas de audiencia, el futuro inmediato de los otrora alfiles del presidente Petro en las carteras del Interior y Hacienda quedó sin resolverse. El próximo 15 de diciembre habrá decisión sobre la medida de aseguramiento solicitada”, nos contó el colega de Judicial, con lujo de detalles en este texto.
Justo un día antes de que comiencen las novenas de Navidad en un país mayoritariamente católico, se sabrá qué pasa con los dos exministros, pero, ya lo decían los colegas que sigue este caso: “La imputación contra los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla destapó que el desvío de recursos no se limitó a la UNGRD: más de 70 proyectos del Invías también habrían sido usados para asegurar mayorías en el Congreso”.
Quién es quién en el escándalo de la UNGRD: los funcionarios y congresistas investigados
El país está agotado de tener que seguir aguantando cómo, en todos los gobiernos, aparecen más y más corruptos. Pero está en el aparato judicial hacer su tarea y llegar hasta el fondo para que todos sepamos no solo cómo operan las redes delictivas sino cómo enfrentarlas con un único fin: proteger los recursos de todos y llevar tras las rejas a quien se atreva a apropiárselos para beneficios personales. Todos los detalles de uno de los mayores escándalos aparecen en este enlace y allí mismo contaremos qué pasa el 15 de diciembre, pues se trata de dos exfuncionarios que tenían todo el poder estatal en sus manos y por eso es preciso saber cuáles son las consecuencias si lo que dice la Fiscalía es acertado o, de lo contrario, qué sucederá con quienes los acusan a cambio de beneficios en sus propios procesos judiciales.
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Por Edwin Bohórquez Aya
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