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En los últimos dos años, con reuniones privadas, planes hechos a palabra y acercamientos entre privados y el Gobierno, se viene sellando un trato que permitiría el traslado de una de las cárceles más peligrosas de Colombia: La Modelo. Con un historial de sevicia inscrito en sus paredes, el establecimiento carcelario ha sido objeto de especulación inmobiliaria por estar ubicado en unas de las zonas más prometedoras en renovación urbana en Bogotá, y su reubicación no significaría únicamente abrir una puerta para la valorización de sus alrededores, sino también la oportunidad de que el Ejecutivo de Gustavo Petro pueda finalizar un proyecto que tenía en la mira desde que estaba en la Alcaldía de la capital.
Esos movimientos sigilosos tuvieron su acercamiento más reciente esta semana, cuando la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) buscó concretar un cronograma sobre el tema con el Ministerio de Justicia. Entre los interesados de que este encuentro se concretara están Ovidio Claros, presidente de la CCB, y la representante Olga Lucía Velásquez (Alianza Verde), una pareja cercana al progresismo de Petro, para hablar con la ministra Ángela María Buitrago. Cuando El Espectador preguntó por estos acercamientos, asesores de la cartera dijeron que no lo tenían dentro de la agenda.
La intención principal de concretar ese encuentro sería volver a encarrilar el proyecto que había quedado en pausa tras la salida de Néstor Osuna del Minjusticia, atrasado por el empalme de Buitrago en la cartera, y sumarle la participación del Gobierno distrital, en cabeza de Carlos Fernando Galán, que habría demostrado un interés particular sobre el tema.
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Y es que desde que este diario comenzó a indagar sobre el interés de trasladar el centro penitenciario, en el Palacio de Liévano hubo un giro en la percepción del atractivo que representaba el tema. A puertas cerradas, habrían demostrado no estar tan convencidos con la idea.
El pasado 30 de septiembre, en una reunión entre Galán y congresistas con una votación amplia en la capital en la que estuvo presente Velásquez (cercana al progresismo de Petro y pareja de Claros), así como los senadores Iván Name y Angélica Lozano, pero ninguno de los congresistas del oficialismo, se puso sobre la mesa la posibilidad de continuar con el proceso de trasladar la penitenciaría, pero la recepción no habría sido tan entusiasta por parte de la Alcaldía.
Cuando este medio le preguntó al Gobierno distrital sobre el movimiento de la cárcel, a mediados de julio, fuentes de la cúpula de la Alcaldía señalaron que no tenían conocimiento sobre esta cuestión y afirmaron que la Casa de Nariño no había tenido ningún acercamiento al respecto.
Desde entonces han pasado más de 80 días y el pasado 20 de septiembre, la Secretaría de Planeación publicó en su página los borradores de las directrices para la definición de la formulación de la actuación estratégica de Montevideo, en la que está ubicada la penitenciaría. Con estos documentos aprobados, la administración local podrá avanzar en la formulación de los planes que se quieren realizar en la zona y, justamente en ese paso, los privados podrán comenzar a ver con detalle cuál sería su posibilidad de maniobra en el terreno.
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Paralelo a estos movimientos de corte jurídico, se han dado encuentros sigilosos entre la CCB y el Ejecutivo para analizar cuál sería la mejor ruta para el traslado de la cárcel, cuya reubicación también estaría permeada por la cifra de hacimiento, que asciende al 34,39 %, pues cuenta con 3.911 personas internadas, según el Ministerio de Justicia— estadísticas del Inpec con a septiembre ponen la cifra en 4.006—a pesar de que su capacidad es de 2.910. Incluso, impactaría una localidad que, a corte de septiembre, contaba con 3.402 denuncias por tráfico de estupefacientes.
En el historial de estos acercamientos está un viaje a la Penitenciaría de Mediana Seguridad de Acacías, Meta (CPMSA). De allí, sacaron los “elementos” y “herramientas” para comenzar a analizar cómo se construiría el anexo a La Picota, la cárcel que recibiría a los trasladados de La Modelo y El Buen Pastor, cuya reubicación también se espera concretar.
Pero más allá de la mano que ha metido la CCB en el asunto, siendo incluso “dinamizadores” del traslado, en palabras del mismo Claros, algunas constructoras ya manifestaron interés en ese predio. Sus nombres, sin embargo, se mantienen en reserva por tratarse de intereses que tocan con el sector privado.
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Y es que no es para menos, pues el terreno de la cárcel ronda las 7 hectáreas, un espacio que abarca cerca de 10 canchas de fútbol, y que es más que el doble del área destinada para la Plaza de la Hoja (36.000 metros cuadrados), uno de los proyectos emblema de la alcaldía Petro que buscaba dar vivienda a 457 familias, con énfasis en aquellas que fueron desplazadas por el conflicto. Es decir, con una cuenta aproximada, el predio de La Modelo podría albergar a más de 2.700 personas si se construye un proyecto de vivienda bajo el mismo concepto, aunque no se descarta la posibilidad de albergar otro tipo de construcciones.
Más allá de las posibilidades del terreno, no pasan desapercibidos tampoco los beneficios inmobiliarios de no tener una cárcel en las inmediaciones. Fuentes conocedoras del tema de bienes raíces consultadas por este diario apuntan que, en caso de concretarse el traslado, el precio de los inmuebles del barrio Puente Aranda— en donde el metro cuadrado está por encima de los $4 millones— podrían aumentar en un 50 %; no obstante, aclaran que se trata de un análisis que se debe hacer en el momento en el que el proyecto quede sellado.
Este plan que se espera concretar en el Gobierno Petro dio pasos de bebé en administraciones anteriores, tanto nacionales como locales. En la alcaldía de Claudia López, su Plan de Ordenamiento Territorial (POT), aprobado vía decreto en 2021, delineó en la norma urbana la posibilidad del ambicioso proyecto de trasladar La Modelo. El parágrafo 6 del artículo 175 del Decreto 555 de 2021 establece que “no tendrá condición de permanencia la Reclusión de Mujeres “El Buen Pastor” ni el Centro Penitenciario de Mediana Seguridad La Modelo – CPMSBOG”.
Eso no fue todo, pues se abrió la puerta para que en ese terreno se pudiera pensar en algo más que en una cárcel. Con un cambio en el tipo del uso del suelo del predio de La Modelo, selló el compromiso para avanzar en la promesa del traslado. Según le aclaró la Secretaría de Planeación a este medio a través de un derecho de petición, ese POT estableció que el predio mencionado “se ubica en Área de Actividad Estructurante Receptora de Vivienda de Interés Social”, en “Tratamiento de Renovación”, y no en un suelo de “uso dotacional”, clasificación bajo la cual están los centros penitenciarios, como la Cárcel Distrital.
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Los privados que ya han puesto el ojo sobre el terreno no podrían obviar la amplia gama de posibilidades que presenta el predio. Por esa misma razón, el POT lo ubicó como parte de la actuación estratégica de Montevideo, una de las zonas priorizadas para comenzar a “renovar” la ciudad.
“Es donde mayor potencial veo yo de tener más velocidad en renovación urbana, porque esa es la antigua zona industrial de la ciudad. Es una zona que ha tenido siempre un bloqueo para hacer vivienda y con estas normas se va a empezar a destrabar. Se planeó para industria, entonces tiene muy buenos anchos de vía, y hay todo un legado patrimonial de fachadas industriales muy bonitas que se pueden reconvertir (…). Muchos actores están llegando a decir que eso se puede reacondicionar para que sea una nueva zona más residencial, donde lleguen industrias creativas, restaurantes, de alguna manera es como el Brooklyn de Bogotá”, contó Carlos Felipe Reyes, el gerente de Renobo.
Además, tiene el añadido de que está cerca de la Terminal de Transportes de El Salitre, las líneas de Transmilenio que pasan por Las Américas y la Avenida El Dorado, sumado a las nuevas troncales que están planeadas para que pasen por la Avenida Centenario y la Carrera 68. En la cercanía estaría la posible tercera línea del metro, de acuerdo con proyecciones de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (Renobo), y al lado pasaría el Tren de Cercanías de la Sabana de Bogotá (Regiotram).
Eso sí, tiene sus bemoles. Los constructores tendrían que enfrentarse a una localidad en la que se reportan 12 homicidios, 16.531 denuncias de alteración de orden público y 3.125 casos de hurto a personas, de acuerdo con cifras de este año de la Secretaría de Seguridad. Todo eso agravado por una situación de ollas de microtráfico e inseguridad que el presidente de Junta Administradora Local, Édgar Andrés Rincón Zuluaga (Centro Democrático), atribuye a la presencia de la cárcel en el sector, y que ni siquiera la ubicación del Batallón Caldas a unos 10 minutos, ha podido controlar.
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Esa economía sumergida no se mueve solo en lo ilegal. Bajo la informalidad, se han establecido puestos que llevan más de 30 años en los alrededores de La Modelo abiertos todos los fines de semana— cuando ocurren las visitas— y que cobran entre $2.000 y $3.000 para cuidar los ítems de quienes ingresan a la penitenciaría. Aunque ven como una posibilidad lejana que el traslado de la cárcel se haga efectivo, reconocen que sería un golpe a sus negocios, que se sostienen de ese ingreso.
En ese mismo terreno en el que hoy hay carpas y pequeños armarios para resguardar tennis, chaquetas y bolsos, los privados ven la posibilidad de valorización. De ese interés podría surgir, de todas formas, un pleito sobre la posibilidad y las reglas de juego para construir en ese terreno, que desencadenaría, además, un problema para el Estado en materia de derecho urbano. De acuerdo con Edwin Chiriví, gerente de Camacol, en este tipo de suelos destinados a VIS, “los constructores postulan sus proyectos para poder ser asignado un lote de este estilo”, en el que es el Estado el que define lo que quiere hacer, y pone “a los constructores a competir en un modelo, además de competitivo, licitatorio, por unos criterios de área, precio, calidad, entrega y tiempos”. En este punto, el terreno nunca deja de ser propiedad del Estado.
El procedimiento con privados sería diferente. Se ha planteado por ese lado una inversión en la construcción de vivienda que podría funcionar de dos formas: o a través de pagos en efectivo para completar el valor del predio, o construyendo la cárcel que recibiría a las personas privadas de la libertad que se encuentran en La Modelo, a cambio de un pedazo del lote. Aquí, el predio pasaría a manos de privados e implicaría que el Estado abandonaría la posibilidad de seguir con un proyecto que fuera en la línea de la Plaza de la Hoja y perdiera el derecho de decisión sobre cerca de 70.000 metros cuadrados.
La cronología del traslado
Lo que se ha movido en los últimos 10 meses hace parte de un proceso que inició hace más de dos décadas. Cirano Cardona, edil de la localidad por el Partido Liberal, señala que la primera vez que se habló del traslado fue en el 2000. La fecha no es coincidencia, pues en ese mismo año, salió el primer POT de Bogotá (Decreto 619 de 2000), en la primera alcaldía de Enrique Peñalosa.
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Cuatro años después, saldría uno de los primeros documentos en los que se sellaría con tinta la posibilidad de mover la penitenciaría. El Decreto 190 de 2004, en la administración de Luis Eduardo Garzón, estableció como “operación estratégica” al “Anillo de Innovación”, que iría, aproximadamente, desde la Avenida El Dorado hasta la calle 13 y desde la carrera 50 hasta la Boyacá. En su artículo 64, se lee que para la consolidación de ese proyecto a lo largo del tren de Occidente habría un punto clave: la “concertación con la Nación respecto a la reubicación de la Cárcel Modelo”.
Pero nunca se concretó. La idea llegó al corazón del ahora presidente Petro en 2015, cuando su administración contactó a la Universidad Nacional para crear un plan de renovación en esa zona. Así llegó al proyecto Fernando Viviescas, arquitecto, profesor y director del Centro de Investigaciones de la Facultad de Arquitectura de la misma universidad.
Viviescas, según le relató a este diario, formuló un plan que iría desde la carrilera del tren hasta la calle 13, y desde la carrera 50 hasta la Boyacá, con “una perspectiva de desarrollo científico y tecnológico”, con el que permitiría que cerca de 250 mil personas pudieran habitar ese terreno, es decir, el equivalente a seis estadios El Campín. Aunque alcanzó a presentar su plan a la administración Petro, lo hizo cuando este ya iba de salida, y no volvió a ser contactado tras la llegada de la segunda administración de Enrique Peñalosa, así como tampoco ha recibido llamadas para el plan que se desarrolla actualmente.
Pero así como ha quedado en blanco la posibilidad del traslado, varios actores se aseguraron de que eso no sucediera con el POT más reciente. En el pasado, el exministro de Justicia Wilson Ruiz y la entonces alcaldesa Claudia López también concretaron una línea de trabajo sobre esa cuestión. Llegaron a ciertos acuerdos que concluirían en el traslado de la cárcel, como el convenio interadministrativo 1127 de 2021, y eso ya había sido informado a la ciudadanía a través de declaraciones no tan sutiles del funcionario de Duque, quien anunció en julio de 2021 la iniciativa de construir una megacárcel en el predio de La Picota para que albergara 12.000 internos, con la que “eliminarían” las penitenciarías de carácter nacional que estaban en la capital colombiana.
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“Lo que quería hacer el Gobierno en el proyecto original era sacar La Modelo de donde está, sacar El Buen Pastor de donde está, y trasladarlos a ese complejo de La Picota. O sea, La Picota con más capacidad, y se lleva allá lo que hoy es La Modelo y El Buen Pastor, con distintos edificios y demás, y en los lugares donde está hoy La Modelo y El Buen Pastor se abre la posibilidad para hacer renovación urbana y otros proyectos, digamos, distintos”, explicó Aníbal Fernández de Soto, exsecretario de Seguridad de Bogotá en la alcaldía López. Esa misma información se detallaría en un informe de la Procuraduría Delegada de los Derechos Humanos en el que se explicaron los alcances del convenio 1127 de 2021.
Como ahora, esos movimientos también ocurrieron detrás del telón y, en parte, estaban casi que obligados a hacerlo, porque frente a los estrados judiciales ante los que se presentó el Gobierno Duque en ese mismo año, el relato había sido otro. La ocasión era el caso de Jineth Bedoya vs el Estado colombiano, cuya génesis data del 25 de mayo del 2000, cuando la periodista, quien entonces trabajaba para El Espectador, fue secuestrada en el ingreso a la cárcel, cuando iba a entrevistar al jefe paramilitar Mario Jaimes, alias “El Panadero”, y, posteriormente, torturada y abusada.
Frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), una de las peticiones de las representantes fue “cerrar la Cárcel La Modelo y que dicho espacio sea transformado en un sitio de reflexión y memoria dedicado a las mujeres víctimas de violencia sexual y al periodismo investigativo, con un reconocimiento específico a la labor de las mujeres periodistas”.
La Agencia de Defensa Jurídica del Estado respondió con un no rotundo, argumentando que “el cierre de la referida cárcel resultaría ‘excesivamente oneroso’” y apuntó que el costo superaría los $400.000 millones. Así, la Corte IDH decidió que no se podría ordenar el cierre de la penitenciaría. Pero tres años después del pleito, y con un mural inaugurado apenas en junio en la cárcel para conmemorar lo ocurrido allí, la posición del Gobierno ha cambiado.
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De todas formas, La Modelo tiene a su nombre una pila de expedientes judiciales que se remontan a los años en los que el paramilitarismo tomó protagonismo en el país y en sus patios se describieron enfrentamientos con guerrilleros recluidos que también dejaron un rastro de cuerpos escondidos en alcantarillas, bolsas de basura y fosas comunes. En el 2000, una masacre que duró 26 horas dejó a su paso 32 muertos y 17 heridos. Un año después, 10 personas morirían y 15 resultarían heridas por un fuego cruzado entre los bandos. En 2003, se reportaron 225 fallecidos en una matanza perpetrada por paramilitares y relatada en Modelando en el infierno, de Fabio Agudelo.
Por esos pasillos, además, llegaron a parar Alfonso Cano (1948-2011), excomandante de las extintas Farc-EP, por un año y medio, antes de la amnistía que recibió en la presidencia de Belisario Betancur en 1983; Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias ‘Popeye’, en más de una ocasión; Miguel Rodríguez Orejuela, uno de los capos del Cartel de Cali; y Guillermo León Acevedo, señalado de financiar el Bloque Central Bolívar de las AUC.
La más reciente masacre fue reportada el 21 de marzo de 2020, cuando 24 personas privadas de la libertad murieron y 107 resultaron heridos, según cifras oficiales. Se trató de un motín que buscaba poner el foco en el hacinamiento en el centro carcelario que, a la fecha, todavía sigue en rojo, en ese entonces agravada por la coyuntura por covid-19.
“Que trasladen la cárcel a otro lugar tiene efectos prácticos que en el corto plazo van a ser complejos. Va recargar otros establecimientos, lo que generará gran cantidad de hacinamiento”, afirmó el abogado Óscar Ramírez, presidente del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, organización que maneja tres casos de víctimas de tortura en la cárcel en 2020. Y añadió que “es un reto para las autoridades lograr determinar qué partes de la cárcel son las que tendrían restos óseos de personas allí desaparecidas y tomar unas medidas cautelares contra esos sitios de la cárcel, deshacinarla y evacuar una gran cantidad de procedimientos administrativos”.
De todas formas, el traslado podría tardar años, pues faltaría iniciar (y terminar) el anexo que recibirá a quienes actualmente están privados de la libertad en La Modelo.
Para el presidente, que entró en modo campaña para las elecciones de 2026, la idea de retomar un proyecto que había dejado en el tintero no es nuevo, pues su Ejecutivo se ha erigido bajo los planes que construyó desde su alcaldía. Y no pasa de agache que el Gobierno nacional y la administración distrital, entre tantos disgustos y cruces de trinos— con el interés definitivo de privados que ven allí un negocio— estén de acuerdo en una cosa: en un país obsesionado con los legados, ambos dejarían su propia firma en concretar una promesa de más de 20 años.
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Por María José Barrios Figueroa
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