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La tierra* es el principio cuando se habla del agro, los alimentos y la paz. Porque es allí donde comienza la producción agrícola y donde han iniciado los conflictos armados en Colombia, que han dejado despojo y desplazamiento forzado, especialmente en las comunidades rurales.
A ello se le suma que las lógicas de acaparamiento y concentración de las propiedades. Las grandes fincas de más de 200 hectáreas (que suman el 43,9 % de la tierra del país) están en manos del 1,6 % de los propietarios, de acuerdo con cifras oficiales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Esto ha llevado a que el país tenga un coeficiente Gini de 0,86 en la distribución de la propiedad predial (el 0 equivale a igualdad perfecta y el 1, a desigualdad total).
La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, sostiene que esa es la razón por la que los campesinos se han tenido que desplazar a las zonas de frontera agrícola y los suelos más fértiles se han quedado en manos de unos pocos.
No es solo una realidad colombiana, sino que el 85 % de los agricultores del mundo gestionan predios de menos de dos hectáreas y equivalen al 9 % de la propiedad de la tierra, de acuerdo con el informe “La situación de la tenencia y la gobernanza de la tierra”, publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés).
No solo los productores agrícolas tienen menos tierra y en porciones más pequeñas. Muchos de ellos también se sienten inseguros frente a sus propiedades debido a las injusticias históricas, los conflictos en curso y la usurpación de tierras. A pesar de los marcos jurídicos que reconocen sus derechos colectivos, estas comunidades siguen teniendo dificultades para obtener y mantener la propiedad de la tierra y beneficiarse de ella, según el informe de la FAO.
En Colombia la percepción de inseguridad de la tenencia individual y colectiva de las comunidades es aproximadamente del 32 %, aunque es mayor en los afro e indígenas, de acuerdo con el documento. Se trata de un asunto clave, porque sin certeza en la propiedad se ven reducidas las inversiones que allí se realizan en pro de las actividades agropecuarios. Por ejemplo, una familia no va a trabajar en hacer un sistema de riego en una propiedad que siente que le pueden quitar.
Pero no son solo las brechas de los campesinos y comunidades étnicas las que se deben atender con la reforma agraria, sino que el tema también pasa por el enfoque de género. “A las mujeres no les debemos equidad, sino la restitución de sus derechos”, asegura Carvajalino.
Y es que solo el 33 % de los titulares únicos de las propiedades son mujeres, y muchas no toman decisiones sobre ella, según la FAO. Priorizar el enfoque de género va más allá de un tema de derechos, porque tiene un impacto social en los hogares y comunidades. Cuando ellas tienen garantías, se reduce el riesgo de sufrir violencia de género y los hijos enfrentan menos desnutrición o analfabetismo, señala Amparo Cerrato, oficial de tendencia de la tierra y recursos naturales de la oficina regional de la Organización.
La tierra prometida
Ante las desigualdades y los conflictos que atraviesan la realidad del país, uno de los principales vehículos de transformación ha sido la búsqueda de una reforma agraria que subsane dichas brechas.
“En el centro de nuestro conflicto está la necesidad de hacer un reparto agrario. Muchos de los procesos de paz por los que hemos pasado tienen que ver justo con la democratización de la tierra, como el Acuerdo con las FARC. El punto uno es el de la reforma rural integral, en la que se establecen algunos de los mecanismos para mejorar ese aspecto”, expresa Alejandra Vega, especialista en tenencia de la tierra de la FAO en Colombia.
El conflicto armado interno ha permeado todo el proceso de apropiación y el ejercicio del derecho de propiedad. La ruralidad nunca se ha entendido como una dimensión fundamental no solo para la economía.
Si bien los elementos están unidos al derecho a la propiedad rural, es un asunto que va más allá. Cuando se habla del campo se atraviesa uno de los elementos esenciales para la subsistencia de todos: los alimentos. “Hay que ver la tierra en una dimensión más amplia. Los problemas son contractuales, de producción, de apropiación de bienes, de limitación de predios y unidades agrícolas”, explica Jhoana Delgado, directora del doctorado en derecho de la Universidad Externado de Colombia.
Para abordar la complejidad del problema, algunos de los elementos que se plantean tienen que ver con la creación de un fondo de tierras y hacer titulaciones masivas, así como planes de formalización a gran escala. También tiene que ver con el cierre de la frontera agraria, fortalecer zonas de reserva campesina como una forma de ordenamiento social de la propiedad rural, hacer el catastro y la jurisdicción agraria como una de las medidas para prevenir focos mayores de concentración de la tierra, añade Vega.
Impuestos y seguridad
Cuando se abordan los reclamos sobre la tierra no se puede ignorar el derecho a la alimentación, que es una función social que cumple dicha propiedad. Es un tema esencial si se tiene en cuenta que Colombia, en 2024, registró que el 25,5 % de los hogares se encontraban en inseguridad alimentaria moderada o grave, con brechas profundas entre zonas urbanas (23 %) y rurales (34,2 %).
Es paradójico que los territorios en los que se produce la comida sean también en donde se pasa más hambre, debido, principalmente, a que tienen menos recursos para adquirirlos. Por eso las decisiones que mejoren las condiciones de vida de los productores contribuyen a bajar la inseguridad alimentaria.
Al final, todo esto se ve atravesado por tres aspectos en esencia. La ya mencionada redistribución, la formalización para que haya seguridad en la tenencia y un catastro que ordene el territorio.
Estos dos últimos elementos son los que facilitan la seguridad jurídica en el campo, que ha sido uno de los obstáculos para las inversiones en los territorios agropecuarios. La solución es establecer qué es de quién, en esencia.
El problema parte de que en Colombia no hay claridad de los procesos y procedimientos que resuelven los conflictos derivados de la tenencia, uso y apropiación de la tierra. “Si no puedes saber dónde empieza un derecho y dónde termina la posibilidad de explotación que tiene alguien sobre un bien, eso le abre la puerta a que otros individuos quieran apropiarse de lo que no es suyo. En escenarios difusos son los actores al margen de la ley los que terminan llevando el orden”, detalla Delgado.
Ahí es donde cobra importancia el catastro multipropósito, que es una herramienta consignada en el Acuerdo de Paz para darle orden al territorio. La entidad encargada es el IGAC, que cuando inició el Gobierno partió del 9 % del territorio actualizado (10 millones de hectáreas) y hasta finales de 2025 contaba con más del 30 % (más de 30 millones de hectáreas).
Y aunque clarificar el territorio suena como algo importante, se convierte en un instrumento esencial para frenar la concentración de la tierra por medio del cobro de impuestos. Vega explica que se hace más justo el recaudo, de acuerdo con la cantidad de tierras que tiene la persona. Hay casos de grandes latifundios que no pagan de manera proporcional a lo que tributa un pequeño propietario.
La premisa es que, si se cobra más a aquellos que tienen más, eso los va a desincentivar para adquirir tierras adicionales. Incluso podría fomentar la venta y así reducir el índice de desigualdad. “El catastro es una base fundamental para conocer el territorio, tomar decisiones informadas y hacer un recaudo fiscal realmente eficiente”, agrega la especialista en tenencia de la tierra de la FAO en Colombia.
¿Cómo avanza la reforma agraria en Colombia?
Recién posesionado, el presidente Gustavo Petro prometió comprar y redistribuir tres millones de hectáreas en el marco del Acuerdo de Paz. La meta, en su momento, fue catalogada como ambiciosa.
A pocos meses de terminar el mandato, la ministra Carvajalino reconoce que encontraron varios obstáculos: la informalidad en la tenencia y el acaparamiento irregular que ha permitido intentos de consolidar propiedades sobre bienes de la nación.
“Hoy muchas de las ofertas que se presentan corresponden a bienes que no se pueden adquirir o que no tienen capacidad agropecuaria y la judicialización de los procesos agrarios nos ha impedido tomar decisiones”, dice. Y lamenta que el proyecto de jurisdicción agraria todavía no exista, pues no ha sido aprobado por el Congreso.
De la meta, actualmente se han comprado 758.000 hectáreas, sumando la recuperación de bienes de la nación a través de procesos agrario. El Gobierno espera llegar al millón. Si bien está lejos del objetivo inicial, representa una tercera parte de lo establecido por el Acuerdo de Paz (tres millones de hectáreas en 12 años).
Respecto a la formalización, ya se superaron los dos millones de hectáreas, en las que se reconocieron los territorios colectivos de pueblos indígenas y comunidades negras. El Acuerdo pedía que se llegara a siete millones de hectáreas en los mismos 12 años.
“El año pasado fue difícil para ciertos productos, pero hemos crecido en diversificación productiva, lo que hoy se refleja en una mayor producción agropecuaria. Tenemos récord de abastecimiento alimentario desde hace muchos años. Hoy el campo es el motor de la economía, pues le aporta más del 9 % al producto interno bruto (PIB) y genera el 14,2 % del total del empleo”, subrayó la jefa de la cartera.
La reforma avanza, pero todavía permanecen las resistencias y fantasmas ligados al tema de la expropiación. Para Rodrigo Uprimny, docente de la U. Nacional, investigador del Centro de Estudios de Dejusticia y columnista de El Espectador, se trata de “un mito”. Considera que el proyecto de reforma agraria actual no surge de una revolución triunfante, sino de consensos. Para él, los avances en la materia son un triunfo para el país y no para el Gobierno.
Si bien la reforma responde a temas políticos, su implementación y discusión debe ir más allá de los intereses del gobierno de turno. Todavía falta mucho para reducir la desigualdad y cumplir las metas establecida en el Acuerdo de Paz, a solo dos años de que se cumpla el plazo.
* La discusión sobre la tierra, la reforma agraria y el desarrollo rural fueron el centro de la segunda Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20), que se realizó entre el 24 y 28 de febrero en Cartagena, con la participación de 56 delegaciones internacionales.
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